El veterano jurista y consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, José Manuel Otero Lastres, tomó la decisión sin precedentes de llevar por su cuenta a la Fiscalía Anticorrupción su hallazgo de amaños en contratos de Adif ante la resistencia del ala del PSOE en su institución.
Según ha podido confirmar EL MUNDO, Otero Lastres expuso al pleno del Tribunal de Cuentas que había detectado irregularidades en la empresa estatal de infraestructura ferroviaria con posible alcance al ex ministro José Luis Ábalos y que debía trasladarlas de inmediato a la Fiscalía Anticorrupción. Los consejeros del PSOE defendieron que ese punto no estaba en el orden del día y que había que esperar a que hubiera quórum, ya que había ausencias.
Otero Lastres vio riesgo de frenazo del ala socialista del Tribunal de Cuentas -que es mayoría actualmente- y optó por llevar él mismo el caso a la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón. Es completamente inusual este movimiento, puesto que suele ser la institución en su conjunto la que traslada irregularidades a Anticorrupción y no exclusivamente el autor del informe que ha descubierto posibles amaños.
Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas confirman que Otero Lastres actuó "por su cuenta" y atribuyen lo sucedido a un problema formal: "Las normas del Tribunal establecen que para incorporar un asunto en el orden del día del Pleno, no previsto a priori, deben darse unas circunstancias determinadas por la normativa y en ese momento esas circunstancias no concurrían puesto que un consejero estaba ausente de viaje oficial y no se pudo conectar".
No obstante, estas fuentes aseguran que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ofreció a Otero Lastres no esperar al pleno ordinario del mes siguiente, sino que estaba dispuesta a convocar uno extraordinario en poco tiempo. El consejero recalcó el deber legal, bajo pena de multa, de denunciar rápidamente los hechos descubiertos. Invocó el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que "los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante".
Otero Lastres vio con recelo que de los consejeros que había de viaje fuera de España, todos se podían conectar telemáticamente menos uno nombrado a propuesta del PSOE, con lo que, por si se trataba solo de una maniobra dilatoria, optó por ir en solitario a Luzón.
El Tribunal de Cuentas critica la "laxitud" y falta de rigor de Adif con estas denuncias
Así lo hizo el pasado 25 de junio, según ha trascendido ahora al publicar el Tribunal de Cuentas su informe sobre la fiscalización de los procedimientos de adjudicación de Adif. Como viene publicando este diario en los últimos días, ese informe ha descubierto que el grupo estatal recibió en 2022 dos denuncias internas en su canal ético sobre amaños en favor de la constructora OPR. Adif analizó en secreto si esta empresa recibió trato de favor en la etapa de José Luis Ábalos como ministro y terminó despreciando y enterrando las denuncias. Sin embargo, tres años después la UCO y el Tribunal Supremo han imputado graves delitos a los dirigentes de OPR por corrupción en la trama de Ábalos.
El Tribunal de Cuentas critica la "laxitud" y falta de rigor de Adif con estas denuncias y Otero Lastres vio tan concluyente el indicio de amaño que consideró que no podía ocultarse a Anticorrupción. La Fiscalía ha incorporado estos elementos a su investigación en curso sobre la trama. El Tribunal de Cuentas tiene incluso en su poder documentación que muestra que un empleado de Ineco, la empresa pública que apoyó a Adif en licitaciones, recibió instrucciones escritas de alterar valoraciones en favor de OPR.
Este informe ha sido aprobado finalmente este mes con los votos a favor de consejeros del ala del PP y la abstención de la mayoría de consejeros del bando socialista, que han optado finalmente por no votar en contra ante los hechos abrumadores detectados. El propio fiscal del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha concluido que hay indicios de malversación, como publicó este lunes EL MUNDO, por posible adjudicación con sobreprecio y consiguiente perjuicio a los contribuyentes a la empresa de la trama. La abstención de la mayoría de los consejeros de adscripción socialista en vez de apoyar el informe ha alimentado las sospechas de Otero de que, si no llega a actuar en solitario, podía haber quedado estancada una denuncia que consideró necesaria.