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Péter Magyar enmienda la Constitución de Hungría para purgar al jefe de Estado y otros funcionarios leales a Orbán

Péter Magyar enmienda la Constitución de Hungría para purgar al jefe de Estado y otros funcionarios leales a Orbán
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Su partido, Tisza, aprueba un paquete de reformas que, entre otras medidas, contempla el cese del presidente de la República, Tamás Sulyok. Más información: La televisión pública húngara se funde a negro y se disculpa por haber mentido durante años: Magyar lo tilda de "histórico"

El primer ministro de Hungría Péter Magyar con el presidente de la república de Hungría Tamás Sulyok Redes sociales

Europa Péter Magyar enmienda la Constitución de Hungría para purgar al jefe de Estado y otros funcionarios leales a Orbán

Su partido, Tisza, aprueba un paquete de reformas que, entre otras medidas, contempla el cese del presidente de la República, Tamás Sulyok.

Más información:La televisión pública húngara se funde a negro y se disculpa por haber mentido durante años: Magyar lo tilda de "histórico"

Publicada 15 julio 2026 02:00h Las claves

Las claves Generado con IA

El Parlamento de Hungría aprobó este lunes un paquete de reformas constitucionales que, entre otras medidas, contempla la destitución del presidente de la República, Tamás Sulyok.

Fue una promesa clave del primer ministro Péter Magyar cesar a "todas las marionetas" (los altos cargos leales) del derrotado líder ultranacionalista Viktor Orbán.

Esta enmienda forma parte de un paquete que incluye otras reformas relacionadas con el mandato de los diputados y el sistema judicial, así como con los procedimientos legislativos.

Las enmiendas fueron aprobadas con 139 votos a favor y 6 en contra, con la ausencia del Fidesz, el partido de Orbán, cuyos diputados consideraron las reformas como una señal de la "tiranía" del nuevo Gobierno.

El portavoz de su grupo parlamentario, Gergely Gulyás, que presentó este martes su dimisión, afirmó que "cada una de las propuestas supone un cruce de fronteras, pero todas juntas constituyen algo sin precedentes".

El primer ministro Péter Magyar en una sesión del parlamento de Hungría Marton Monus Reuters

Ahora, el propio presidente Tamás Sulyok, que había anunciado que no dimitiría, dispone de cinco días para firmarsu destitución o remitir las enmiendas al Tribunal Constitucional para que evalúe su posible inconstitucionalidad.

Fidesz se opone frontalmente a la destitución de Sulyok, que fue electo en marzo de 2024 para un periodo de cinco años por el Parlamento dominado por el partido de Orbán.

En el caso de que Sulyok se oponga a su relevo, los diputados de Magyar iniciarán un procedimiento de destitución, lo que supondría la suspensión inmediata de sus competencias y su sustitución por la presidenta del Parlamento.

El hasta ahora portavoz de Fidesz Gergely Gulyás en 2020 Europa Press

Magyar expresó en el Parlamento que "sería una traición a la nación húngara no reformar la Constitución", y añadió que la esencia del régimen de Orbán era la de "subordinar las instituciones estatales y el poder legislativo a la voluntad de una sola persona".

Durante sus cuatro mandatos, Orbán desmanteló gran parte del Estado de derecho en Hungría mediante la centralización del poder, el control de la prensa y las instituciones académicas.

La redacción de leyes electorales le favorecía, y además limitó la autonomía del sistema judicial y del sistema educativo.

Magyar y su partido Tisza ganaron las elecciones de abril precisamente con la promesa de destituir a los altos cargos nombrados por Orbán y restaurar la plena democracia.

"Fue una votación histórica", afirmó Magyar tras la aprobación de las reformas, y agregó que Tisza "ha pedido y ha recibido un mandato para esto" en las pasadas elecciones.

El presidente de la República de Hungría Tamás Sulyok en una reunión en Polonia en 2024 Daniel Stehlìk EuropaPress

Otras de las reformas adoptadas otorgan mayor autonomía a entidades judiciales como la Oficina Nacional Judicial y el Tribunal Supremo, y fijan en 70 años la edad máxima para ser miembro del Tribunal Constitucional. Una medida que afecta al actual presidente del Constitucional, Péter Polt, de 71 años, también leal a Orbán.

Otra reforma que generó controversia es la de limitar a 12 años, tres legislaturas completas, el máximo que una persona puede formar parte del Parlamento como diputado.

¿Por qué era necesaria la enmienda?

En la página del Gobierno de Hungría, se explica que durante sus más de 14 años de vigencia, la Ley Fundamental, aprobada el 25 de abril de 2011, no cumplió con el propósito que debería tener la Constitución de Hungría.

No fue el límite máximo ni el garante del poder público, sino un instrumento para la consecución de los objetivos políticos de los partidos. No es una expresión de valores comunes, sino un arma utilizada en la lucha política.

No facilita el funcionamiento de la democracia, sino un obstáculo para la toma de decisiones legítimas de futuras mayorías democráticas. La Ley Fundamental no fue un símbolo de unidad, sino de división.

Por las razones expuestas, se necesita una nueva constitución, pero su aprobación no puede realizarse unilateralmente, excluyendo a la otra parte.

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La nueva Constitución debe basarse en una preparación exhaustiva, una amplia consulta y un proceso constitucional inclusivo. Sin embargo, la Ley Fundamental no puede permanecer inalterada hasta que el Parlamento apruebe una nueva constitución verdaderamente común.

Debe restablecerse el sistema de controles y equilibrios, la Corte Constitucional y el poder judicial deben recuperar su independencia. Deben eliminarse los obstáculos que impiden que una mayoría democrática tome decisiones legítimas sin una mayoría de dos tercios.

Dada la urgencia del momento, el restablecimiento de la constitucionalidad debe centrarse, en primer lugar, en las normas esenciales para el funcionamiento de una democracia basada en el Estado de derecho.

Por lo tanto, esta enmienda no constituye necesariamente una reforma constitucional completa. Todas las cuestiones fundamentales deberán resolverse al redactar la nueva constitución.

Las medidas más importantes

Límite de mandato para los miembros del Parlamento: un miembro del Parlamento podría ejercer su cargo por un máximo de 12 años. Esto fortalece la renovación democrática y limita la consolidación del poder.

Resuelto del mandato del Presidente de la República: el mandato del Presidente de la República en funciones se daría por terminado, y el Parlamento elegiría a un nuevo jefe de Estado en un plazo de 30 días.

El objetivo es restaurar la confianza en la institución del jefe de Estado y en el funcionamiento constitucional.

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Un Tribunal Constitucional más independiente: la enmienda reintroduciría el límite de edad de 70 años para los magistrados constitucionales. Los miembros del Tribunal Constitucional podrían elegir a un presidente de entre sus propios integrantes.

Creación de una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos: una nueva institución ayudaría a proteger la propiedad pública y a recuperar fondos públicos malversados.

Menos leyes fundamentales: se reduciría el número de casos que requieren una mayoría de dos tercios. Esto permitiría que la mayoría democrática gobierne con mayor eficacia, manteniendo las garantías constitucionales fundamentales.

Mayores facultades para el Tribunal Constitucional: se eliminaría la restricción que limita la capacidad del Tribunal Constitucional para investigar ciertos asuntos presupuestarios y tributarios. Esto fortalecería el control constitucional.

Fortalecimiento de la protección de los fondos públicos: la enmienda derogaría la definición actual y restrictiva de fondos públicos en la Ley Fundamental, para que el destino de estos fondos no pueda ocultarse mediante artimañas legales.

Revisión de las normas de la Ley Fundamental relativas a los organismos reguladores independientes: el objetivo es garantizar que estos organismos no queden injustificadamente apartados del control democrático.

Por lo tanto, este paquete de reformas busca restablecer las garantías del Estado de derecho en Hungría.

Debe existir un control constitucional genuino, un poder judicial independiente, una gestión transparente de los fondos públicos y un sistema democrático en el que el poder electoral permita una acción gubernamental real.

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