La Audiencia Nacional comienza este lunes el juicio por el caso Dina, centrado en el recorrido de la tarjeta de memoria robada en 2015 a Dina Bousselham cuando era asesora de Pablo Iglesias. En el banquillo se sientan por revelación de secretos el comisario José Manuel Villarejo y dos periodistas de Interviú por una de las ramas de la investigación. En la otra, el propio Iglesias estuvo cerca de la imputación.
El entonces vicepresidente del Gobierno se libró porque estaba aforado ante el Tribunal Supremo. El juez del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón consideró a Iglesias responsable de destruir la tarjeta del móvil de Bousselham, que desde Interviú se le había hecho llegar. El Alto Tribunal consideró incompleta la investigación y rechazó imputar a Iglesias.
Finalmente, el fundador de Podemos ejerce la acusación en la vista oral que arranca este lunes. Lo que se juzga en la Sección Cuarta es la decisión del ex director de Interviú Alberto Pozas y uno de sus periodistas, Luis Rendueles, de entregar una copia del contenido de la tarjeta a Villarejo. Según el escrito de acusación, el comisario la trasladó a su vez a periodistas de dos medios digitales para que elaboraran informaciones perjudiciales para Podemos. En la tarjeta estaban, entre otras cosas, chats internos de la formación.
La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Villarejo y tres para los periodistas. Por su parte, Iglesias, que ejerce la acusación particular al igual que Bousselham, reclaman cuatro años para el comisario Villarejo y tres a los periodistas.
La investigación comenzó con la detención de Villarejo, a quien se le encontró una copia de la tarjeta robada a Bousselham en un parking de Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015. Según el relato de la Fiscalía en su escrito de acusación, en enero de 2016 una persona anónima entregó la tarjeta en Interviú. La desaparecida revista decidió no publicar su contenido y el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la entregó a Iglesias, en la idea de que podía ser suya. Los dos periodistas guardaron una copia que el comisario les pidió poco después. Ambos alegan que se limitaron a responder a un requerimiento policial.
Lo que finalmente no llegó a juicio es lo que hizo Iglesias con una tarjeta de memoria que no era suya. La recibió en buen estado, porque comprobó su contenido en Interviú. Contenía, según el fiscal, "archivos con documentos internos del partido político Podemos, diversos datos bancarios, archivos de vídeo y audio, otros documentos con archivos de carácter íntimo y personal, entre ellos fotografías de Dina Bousselham semidesnuda, y diversos grupos de chats de Telegram, entre ellos los llamados 'EQUIPO PORTAVOZ' y 'SUPERAGENTE' en el que estaban dados de alta otros miembros de la cúpula del citado partido político".
Iglesias tardó meses en devolver la tarjeta a su propietaria. Según declaró públicamente, se resistió a hacerlo para protegerla y no someterla "a más presión". Bousselham declaró al juez que cuando la recibió, la tarjeta estaba dañada y no pudo acceder a su contenido, lo que señalaba a Iglesias por un delito de daños informáticos. Su ex asesora rectificó y dijo que primero pudo acceder a ella y luego no. Un informe policial indicando que no era posible determinar cuándo fue dañada determinó el archivo de unos daños de los que Iglesias era sospechoso.
En el juicio de esta pieza 10 del caso Tándem Iglesia se presenta como víctima de una operación de las "cloacas" del Estado contra él y Podemos. El ex vicepresidente del Gobierno está citado como testigo en la vista oral, prevista hasta el jueves.