El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, este martes 21 de abril. Efe
Política Patxi López fue el primer líder autonómico que endureció las ayudas a inmigrantes: triplicó el tiempo exigido de residenciaEl hoy portavoz del PSOE, que tacha de "inhumano" el pacto PP‑Vox, fue como lehendakari el primero en endurecer los criterios para cobrar la renta social.
La comunidad que exige más arraigo para la vivienda es Canarias, con 12 años de residencia para acceder a una vivienda pública.
Más información: El PP refuta a Vox: extranjeros con arraigo tendrán el mismo derecho que los españoles al aplicar la "prioridad nacional"
Íñigo ZuletI. P. Nova Publicada 25 abril 2026 02:35h Las clavesLas claves Generado con IA
El principio que PP y Vox han bautizado ahora como "prioridad nacional" en sus pactos en Extremadura y Aragón difícilmente puede presentarse como algo nuevo.
Ese mismo criterio lleva años incorporado a las normas de comunidades de todos los colores políticos.
Pero no se llama así. Se llama "residencia continuada y efectiva en los 24 meses anteriores" en la ley catalana, "tres años de empadronamiento" en País Vasco o "doce años de residencia" en Canarias. El fondo, en cualquier caso, es el mismo; lo que cambia es el nombre y el partido que lo firma.
Y ahí entra Patxi López, convertido estos días en una de las voces más duras contra el acuerdo entre los partido de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Lo ha llegado a calificar como "el más retrógrado, más inhumano y más en contra de la igualdad de este país que se conoce en décadas".
Lo que López no recuerda es que él mismo, cuando era lehendakari entre 2009 y 2012, impulsó un endurecimiento de las normas muy parecido al que hoy cuestiona.
Fue el primero en elevar el listón del arraigo para acceder a las ayudas sociales del Gobierno vasco destinadas a personas vulnerables.
Pacto en Aragón: Vox asume la vicepresidencia, tres consejerías y un senador a cambio de investir a AzcónEn 2011, con él al frente del Gobierno vasco, el Parlamento autonómico aprobó una reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que restringió las condiciones de acceso.
El requisito de empadronamiento pasó de un año a tres para la mayoría de los solicitantes. Es decir, se triplicó el tiempo mínimo de residencia exigido.
La reforma salió adelante con los votos de socialistas y populares. El PNV se abstuvo, pero desde entonces, ya con los nacionalistas de nuevo en el poder, ese criterio se ha mantenido intacto legislatura tras legislatura.
Esta renta es una prestación universal: pueden cobrarla tanto españoles como extranjeros residentes en País Vasco sin ingresos suficientes.
Y en la práctica, un requisito de tres años de padrón resulta mucho más difícil de cumplir para quienes han llegado más tarde al territorio y encadenan mudanzas o contratos temporales.
De hecho, organizaciones como SOS Racismo llevan años advirtiendo de que este tipo de umbrales de residencia impactan de forma desproporcionada en la población migrante.
Óscar Puente y Patxi López alertan en Villalar de los pactos "inhumanos" de PP-VOX: "CyL sin inmigración se desangraría"Los extranjeros representan en torno al 10% de la población vasca, pero son el 34% de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Es decir, recurren a esta ayuda social mucho más que los españoles en términos proporcionales.
La renta vasca es, además, la prestación de inserción más elevada de toda España en la actualidad: hasta 840,68 euros al mes para una persona sola.
Y pese a esos tres años de empadronamiento exigidos —el listón más alto de todo el país— el Gobierno vasco no aflojó el control.
Todo lo contrario. En 2023, el Ejecutivo del PNV, en coalición con el PSOE, lanzó una campaña específica para revisar si los beneficiarios de esa renta vivían realmente donde estaban empadronados.
La Ertzaintza empezó a llamar a las puertas de los perceptores para comprobarlo. Distintas plataformas sociales como Berri-Otxoak recogieron en tan solo tres meses más de una docena de quejas de personas que denunciaban visitas policiales sin orden judicial y bajo la amenaza de suspenderles la ayuda si no dejaban pasar a los agentes.
El propio Gobierno reconoció que entre 2023 y 2025 realizó 2.397 inspecciones domiciliarias, con irregularidades detectadas en el 52,6% de los casos. De las prestaciones retiradas, el 54,9% correspondieron a ciudadanos españoles y el 45,1% a extranjeros.
Cataluña, Asturias, Valencia...
Prácticamente toda la geografía española aplica algún tipo de requisito de arraigo para acceder a las rentas de inserción.
El caso vasco es, junto al balear, el más restrictivo. Baleares, gobernada por el PP con apoyo externo de Vox, exige también 36 meses de residencia para cobrar su renta social garantizada.
Cataluña —con gobiernos tanto independentistas como del PSC— fija el listón en 24 meses, igual que Navarra y Asturias, donde los ejecutivos de PSN‑Geroa Bai y del PSOE exigen dos años de residencia efectiva.
Andalucía y la Comunidad de Madrid, ambas en manos del PP, rebajan ese requisito a doce meses para sus propias rentas mínimas.
Vox pide a Europol "vigilar" la regularización de presos extranjeros: "España acabará siendo refugio de criminales"En la Comunidad Valenciana, el PP y Vox pactaron en marzo de 2026 elevar de 12 a 15 meses el tiempo mínimo de empadronamiento exigido para poder cobrar esta ayuda social.
Los pactos de Extremadura y Aragón no concretan aún los plazos exactos para este tipo de rentas. Hablan de "establecer un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio".
Canarias, 12 años
Los pactos de Extremadura y Aragón también piden endurecer el acceso a vivienda protegida. Ahí sí especifican diez años de empadronamiento para comprar vivienda protegida y cinco para acceder al alquiler.
¿Qué ocurre en el resto del mapa? La medida más dura de arraigo para el acceso a la vivienda no lo ha firmado Vox, sino Coalición Canaria el pasado mes de marzo.
El Gobierno de Fernando Clavijoaprobó hace un mes un decreto que exige 12 años de residencia continuada en las islas —15 si es discontinua— para acceder a la vivienda pública, además de cinco años de arraigo municipal.
En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusopresentó a finales de enero un borrador de reglamento de vivienda protegida que exigía 10 años de empadronamiento tanto para compra como para alquiler.
Tras las protestas de afectados en lista de espera, el consejero de Vivienda rebajó el requisito del alquiler a cinco años, pero mantuvo los diez años para la compra.
En el otro extremo está Navarra. Durante años, la Comunidad Foral daba puntos extra en el acceso a vivienda protegida a quien llevara más de ocho años empadronado allí.
Pero en 2016, el Gobierno de la nacionalista Uxue Barkos, con apoyo del PSOE, suprimió ese criterio al considerarlo "injusto y discriminatorio".
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