- JAVIER AYUSO
El jueves tendrá que someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados, más de un mes después de la invasión masiva en Ceuta. Y luego vendrán los procedimientos judiciales en curso y su imposibilidad de sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la reforma de la financiación autonómica.
El presidente del Gobierno debe de ser consciente de que estas han sido sus últimas vacaciones en el Palacio de la Mareta, en Lanzarote. A lo mejor por eso las ha apurado tanto, batiendo todas las marcas de sus antecesores en el cargo. También tiene que saber que este mes de septiembre va a ser el peor de toda la legislatura.
El próximo jueves tendrá que someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados, más de un mes después de la invasión masiva en Ceuta que ha mostrado la total ineficacia de su ejecutivo para solventar una crisis gravísima. Y luego vendrán todos los procedimientos judiciales en curso y su imposibilidad de sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la reforma de la financiación autonómica. Todo pinta mal y ya no le quedan conejos que sacar de la chistera.
Es incomprensible que Pedro Sánchez haya desaparecido durante tres largas semanas en agosto, después de que más de 80.000 inmigrantes ilegales hubieran invadido la ciudad autónoma de Ceuta y cuando todavía quedan cerca de 5.000 campando a sus anchas por allí. Por mucho que su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dijera el jueves en el Congreso que "ha estado todos los días al teléfono", un jefe de gobierno no puede ausentarse de su despacho oficial ante una crisis de esa magnitud.
De todos es conocida su falta de empatía con los ciudadanos, pero se ha echado en falta una mayor presencia en la ciudad invadida, mayor dureza en defensa de su soberanía y mayor rapidez en la asunción de medidas para paliar la crisis. Es impresentable que se haya tardado tres semanas en convocar el Consejo de Seguridad Nacional y nombrar un mando único para gestionar la situación. "No se puede ir más deprisa", afirmaba el jueves, rozando el ridículo, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, designado para ocupar ese puesto.
Y, para colmo, la ausencia vacacional del líder socialista ha estado acompañada de una nueva grieta en su Consejo de Ministros. No se trata ya de diferencias con sus socios o aliados de gobierno, sino entre los propios ministros socialistas que se han declarado la guerra públicamente a cuenta de si los servicios de inteligencia informaron o no previamente de lo que se venía encima en Ceuta. Margarita Robles asegura que sí, mientras que Fernando Grande-Marlaska lo niega, apoyado por sus compañeros del ejecutivo. En un país serio, alguien tendría que haber dimitido ya por eso.
Pero no es solo la crisis en Ceuta la que atenaza a Sánchez este mes de septiembre. La reapertura del curso parlamentario llevará al presidente a la dura realidad de que sigue sin contar con una mayoría suficiente para legislar y, por lo tanto, para gobernar. Ahora tendría que presentar los presupuestos del próximo año, después de tres ejercicios en blanco, negociar el nuevo modelo de financiación autonómica impuesto por los independentistas catalanes y otra serie de medidas de carácter social con las que pretendía recuperar la manija de la agenda política. Pero cada propuesta que lleve a la Carrera de San Jerónimo está condenada al fracaso.
No hay que olvidar, además, que el mes de septiembre es el de la Diada de Cataluña y es de esperar que los secesionistas intenten aumentar la presión para que vuelva a España el prófugo expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido a Waterloo hace ya varios años. Ello supondrá nuevos encontronazos con Sánchez y nuevos votos negativos en el Congreso de los Diputados.
Septiembre también será un mes especialmente activo en los tribunales. Begoña Gómez recibirá, con toda probabilidad, auto de procesamiento para ser juzgada por un jurado popular, mientras que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que volver a declarar por el 'caso Plus Ultra' y dar explicaciones por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros, por las que se le acusa de delito fiscal y contrabando. Ha estado muy callado estas últimas semanas, tras la declaración de su presunto testaferro, que parece dispuesto a llegar hasta el final, acogiéndose a la 'doctrina Aldama'.
La Audiencia Nacional retomará también este mes el procedimiento por el 'caso Leire' y por la posible financiación irregular en el PSOE. Todo ello, sin olvidar el 'caso hidrocarburos' y algunos flecos de corrupción que afectan a destacados dirigentes socialistas. Las malas noticias seguirán día a día, semana a semana, lo que queda de año.
La gran pregunta que surge es ¿qué hará Pedro Sánchez afrontar todas esas vías de agua que le impiden navegar? Ha tenido tiempo de sobra para reflexionar y seguro que sus centenares de asesores han estado preparando escenarios y posibles movimientos de cara al futuro. Pero el margen de maniobra es cada vez menor.
Está sobre la mesa la decisión de cuándo convocar las elecciones generales. Hasta los socialistas más defensores de Sánchez comentan ya en privado que la situación es insoportable y que no es una buena idea aguantar hasta julio de 2027, fecha límite de la legislatura, con un gobierno zombi y una debilidad parlamentaria que irá a más.
Los 21.000 alcaldes y concejales socialistas y los dos presidentes autonómicos que aspiran a la reelección, Emiliano García Page y Adrián Barbón, saben que si el líder del PSOE sigue en La Moncloa en mayo, las elecciones municipales y autonómicas pueden ser una debacle superior incluso que la de 2023. Pero la decisión está en manos de un presidente que afronta su peor mes de la legislatura.
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