El juez rechaza que la protección policial de la esposa del presidente neutralice el riesgo de fuga y advierte de que los agentes podrían colaborar «siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos»
Regala esta noticia Añádenos en Google Begoña Gómez y Pedro Sánchez. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos
20/06/2026 Actualizado a las 15:29h.El pasaje más explosivo del auto de Juan Carlos Peinado no está en la apertura de juicio oral. Está unas páginas antes, en la explicación ... de por qué el juez entiende que Begoña Gómez debe quedarse sin pasaporte. El magistrado no solo aprecia riesgo de fuga por la gravedad de las penas. Da un paso más: sostiene que la escolta policial que acompaña a la esposa del presidente del Gobierno no elimina ese riesgo, sino que incluso podría facilitarlo. Es más, el controvertido instructor llega a insinuar que los agentes de las fuerzas de seguridad que escoltan a la esposa del jefe de Gobierno -en este caso policías nacionales- podrían llegar a colaborar activamente en un hipotético plan de fuga de la imputada al extranjero si recibieran órdenes de ello desde el Ministerio del Interior.
Pero Peinado le da la vuelta a esa argumentación. «Lo que no cabe duda», escribe el juez, es que esos agentes «en un momento determinado» pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», ser «precisamente» quienes colaboren en «la acción o acciones» necesarias «para facilitar esa fuga». La frase no describe un plan concreto. No habla de billetes, fechas, llamadas ni preparativos. Pero sí convierte una hipótesis extrema en fundamento para mantener la cautelar más dura solicitada por las acusaciones: retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
El razonamiento sigue. Peinado añade que la condición de Pedro Sánchez como «actual Presidente del Gobierno» es «algo efímero, y por tanto transitorio». Si esa situación cambia, sostiene, también desaparecería «esa protección, o acompañamiento» de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y eso, a juicio del instructor, «facilitaría, aún más, esa hipotética fuga».
No es un matiz menor. El juez está diciendo que la protección policial actual no basta para asegurar que Gómez estará siempre a disposición del tribunal. Y, además, que esa protección podría volverse irrelevante si Sánchez deja de ser presidente. La palabra clave es esa: «hipotética». Peinado no afirma que exista ya una maniobra en marcha. Plantea un riesgo futuro y lo conecta con la estructura de seguridad que rodea a la mujer del presidente.
El auto enlaza ese riesgo con las penas posibles. Para las acusadas, dice, el «abanico punitivo» iría de dos a dieciséis años de prisión. El escenario más favorable, en caso de condena, sería una pena de dos años. Pero, añade, «en cualquiera de otra hipótesis» la pena superaría ese umbral, lo que impediría suspender la ejecución y abriría la puerta al «ingreso en un establecimiento penitenciario». Ahí sitúa Peinado el riesgo: ante esa perspectiva, las acusadas podrían tratar de «eludir la acción de la justicia».
El juez aplica ese razonamiento a Begoña Gómez y también a Cristina Álvarez. De la asesora de Moncloa dice que ha venido actuando como asistente de Gómez, con «estrecha vinculación personal», acompañándola y coordinando sus actividades. Por eso concluye que dispone de una «situación similar» y de «los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia».
La formulación tiene carga política evidente. Hace solo unos días, Gómez accedió a Plaza de Castilla por el garaje tras una petición de Seguridad de Presidencia, que alegó la existencia de un «ambiente hostil y de rechazo social evidente». Entonces la seguridad oficial fue el argumento para protegerla de incidentes a la entrada y salida de los juzgados. Ahora Peinado utiliza esa misma realidad —su acompañamiento por agentes— en otra dirección: como elemento que no descarta el riesgo de fuga.
El auto no aporta una prueba directa de ese supuesto auxilio policial. Es una inferencia del juez dentro del capítulo de medidas cautelares. Una inferencia dura, escrita en términos poco habituales, que convierte la escolta de la mujer del presidente en parte del problema procesal y no en garantía suficiente de control judicial.
comentarios Reportar un error