Isabel Perelló y Fernando Grande-Marlaska E.E.
Tribunales Perelló defiende a Tardón y para los pies a Marlaska, que criticó a la juez por ordenar a la Policía tener reserva con sus jefesEl ministro envió a la presidenta del Poder Judicial una carta para expresar su "preocupación" por las instrucciones de la magistrada al CENIF el 10 de agosto.
"La actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales", le responde la presidenta del Poder Judicial.
Más información: La Policía informa a la juez que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio
María Peral Publicada 3 septiembre 2026 18:06h Las clavesLas claves Generado con IA
La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha defendido con rotundidad la conducta de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón frente a la crítica expresada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber ordenado a los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que no comunicaran a sus superiores las actuaciones que estuvieran realizando para elaborar el informe sobre la crisis de Ceuta pedido por la magistrada.
Una vez redactado y entregado en la Audiencia Nacional ese informe, adelantado en exclusiva por EL ESPAÑOL el pasado martes, la magistrada sí dio autorización a los responsables del CENIF para que facilitaran ese documento a su cadena de mando.
Ese permiso para que los jefes de Interior conocieran íntegramente el informe remitido a Tardón fue dado por la juez el pasado martes, con anterioridad a que este periódico informara del contenido del documento. En él se afirma que miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes "guiaron" activamente a los inmigrantes llegados por miles a Castillejos (Marruecos) para que entraran ilegalmente en la playa de El Tarajal (España).
Marlaska envió ayer una carta a Isabel Perelló para trasladarle su "preocupación" por las instrucciones que Tardón impartió a los mandos del CENIF unos días después de que este órgano asumiera el encargo de la juez de hacer un informe sobre la invasión de Ceuta por 72.000 inmigrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
Tardón, que estaba de guardia en esas fechas, dictó una providencia el mismo 31 de julio en la que ordenó que "con carácter previo a resolver sobre la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados por Iustitia Europa, ofíciese a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Ucrif Central) para que emita informe a este órgano judicial acerca de la entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes del territorio marroquí que ha tenido lugar en Ceuta estos últimos días, especialmente los días 30 y 31 de julio, así como de si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello".
La designación del CENIF como órgano redactor del informe no fue realizada, por tanto, por la juez, que se dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras .
El ministro del Interior afirma en su misiva a Perelló que "según me ha informado por escrito el Director General de la Policía, en fecha 10 de agosto la magistrada dio la instrucción verbal (mediante comunicación telefónica, en audio abierto) a determinados funcionarios de la Policía Nacional destinados en unidades de dicha Comisaría General, concretamente, al jefe del CNIF, al jefe de la UCRIF y a dos inspectores jefes de servicio, de que no facilitaran información a sus superiores sobre el contenido de sus actuaciones en relación con los hechos acaecidos en la Ciudad de Ceuta desde el pasado 30 de julio".
"Como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones”, señala Grande-Marlaska.
Sin embargo, añade, ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, "no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.
"Ante la evidente gravedad de la crisis que estamos enfrentando, no he querido dejar de compartir estas reflexiones contigo, como presidenta del Consejo General del Poder Judicial, desde el convencimiento de que resulta compatible, sin que se resienta la independencia judicial, y ante unas circunstancias tan extraordinarias como estas, que se informe debidamente a los órganos judiciales, para el ejercicio de su función constitucional, a la vez que se facilite al Gobierno y a sus miembros, también para el ejercicio de su función constitucional, cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional", expone.
Perelló ha contestado hoy a esa misiva recordando a Marlaska que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevé expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También recuerda que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos y especial para la policía judicial.
Señala, igualmente, que el ordenamiento vigente establece que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.
“En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, concluye la carta.