García Ortiz y Diego Villafañe, en una imagen de archivo. FGE
Tribunales Piden al juez que García Ortiz y su mano derecha declaren por las reuniones de Leire Díez en la Fiscalía GeneralLas acusaciones populares creen necesario indagar en las visitas de la 'fontanera' del PSOE a la sede de Fortuny, dada la falta de concreción de su contenido y finalidad en la información dada a Pedraz por Peramato.
Más información: La mano derecha de García Ortiz se reunió al menos dos veces con la 'fontanera' del PSOE sin informar a Anticorrupción
María Peral Publicada 30 junio 2026 09:54h Actualizada 30 junio 2026 09:57h Las clavesLas claves Generado con IA
Las acusaciones populares personadas en el 'caso Leire', unificadas en el Partido Popular, han pedido al juez instructor, Santiago Pedraz, que llame a declarar como testigos al exfiscal general Álvaro García Ortiz y a su mano derecha, Diego Villafañe, en relación con las visitas a la sede de la Fiscalía General de la 'fontanera' del PSOE y del abogado Jacobo Teijelo.
Díez y Teijelo, a quien Pedraz ha dado la condición de investigados, acudieron al menos dos veces a la Fiscalía General en marzo y abril de 2025. En aquel momento ambos participaban en una operación, presuntamente dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido en el Gobierno.
El objetivo, según los indicios recabados, era tratar de desacreditar a los jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a cargo de esas investigaciones mediante denuncias falsas y recopilación de datos, ciertos o no, conseguidos mediante sobornos para su difusión interesada en determinados medios.
La Fiscalía General ha admitido la existencia de las dos visitas que Díez y Teijelo realizaron en marzo y abril por la tarde. Un reconocimiento inevitable porque la UCO ha encontrado elementos que las corroboran, como el posicionamiento del teléfono móvil de la 'fontanera' en la calle Fortuny, 4, sede central del Ministerio Público.
Pero, en un oficio remitido al juez el pasado 10 de junio, la Fiscalía ni siquiera concretaba qué asuntos se abordaron en las dos reuniones que Díez y Teijelo mantuvieron con Villafañe y con la también fiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López Pesquera.
"Mantuvieron una reunión con el letrado Jacobo Teijelo en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante", ha informado la Fiscalía, sin más concreción.
También aseguró que "en ambas reuniones el letrado Teijelo estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado y que sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación como Leire Díez".
No obstante, Teijelo, que declaró el pasado jueves como investigado ante Pedraz, negó haber presentado a Díez como compañera de despacho. Y rechazó revelar qué se abordó en esas reuniones.
Lo que sí se sabe es que, tras ellas, la 'fontanera' socialista escribió en un mensaje que "si hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán".
Las acusaciones populares creen necesario que el juez tome declaración a García Ortiz que, según ha reconocido la actual Fiscalía General, "fue informado a posteriori de ambas reuniones".
Según las acciones populares, la declaración testifical del Sr. García Ortiz resulta necesaria a fin de esclarecer "si tuvo conocimiento, directo o indirecto, del contenido de las reuniones", señalan en un escrito conocido por EL ESPAÑOL.
También consideran necesario saber "las instrucciones, valoraciones o directrices que, en su condición de superior jerárquico, hubiera podido impartir respecto del tratamiento de la información recibida y de los escritos y denuncias" que ya entonces habría promovido la trama contra jueces como Beatriz Biedma, instructora del proceso al hermano del presidente del Gobierno.
Creen que García Ortiz tendría que explicar qué se hizo con la información proporcionada por Teijelo y Díez y "el criterio seguido para que tales contactos no quedaran reflejados en registro formal alguno de la institución".
Finalidad de las visitas
"La práctica de esta diligencia se revela imprescindible para integrar, en su nivel de máxima responsabilidad institucional, la secuencia de hechos descrita en el oficio [enviado por la Fiscalía al juez], evitando que el esclarecimiento se limite a los fiscales que materialmente intervinieron en las reuniones, y permitiendo verificar la coherencia entre la versión institucional trasladada a este Tribunal y el conocimiento efectivamente existente en la cúpula de la Fiscalía General del Estado", señalan.
Y ello porque la información facilitada por la actual fiscal general, Teresa Peramato, "presenta extremos de relevancia que requieren esclarecimiento adicional, en particular por la existencia de reuniones reconocidas, la ausencia de registro formal de accesos y la limitada concreción sobre el contenido y finalidad de dichos encuentros"
También piden la testifical de Villafañe y López Pesquera.
"La información facilitada [por la Fiscalía General] se limita a una descripción genérica de las reuniones, sin detallar con precisión el contenido concreto de las manifestaciones realizadas, la eventual aportación de documentación o datos verificables, el grado de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto, ni las razones por las que no se promovió actuación ulterior alguna", señalan las acusaciones populares.
En ese contexto, creen necesaria la declaración de Villafañe "para aclarar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas, así como para despejar cualquier duda sobre el alcance efectivo de tales contactos".
La declaración de López Pesquera es precisa "para dotar de consistencia probatoria a los hechos descritos en el oficio, evitando que queden sustentados exclusivamente en una reconstrucción institucional ex post".
Finalmente, la acción popular también propone que comparezca como testigo Ana Isabel García León, en aquel momento jefe de la Secretaría Técnica de García Ortiz.
En el procedimiento consta su intervención en la tramitación de escritos presentados por Koldo García Izaguirre y en una denuncia presentada por José Luis Sáenz de Tejada contra jueces de Badajoz, entre ellos la instructora del caso de David Sánchez.