Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEP y presidente en funciones durante la concesión del rescate de Plus Ultra. Arte EE
EmpresasOPA HOSTILPlus Ultra, cuatro rescates y 1.000 millones: la 'vía política' fue decisiva para lograr las ayudas de la SEPI durante la pandemiaCuatro rescates, muchos comisionistas y funcionarios públicos implicados. Demasiadas coincidencias para pensar que estamos ante hechos aislados.
Más información:La investigación desvela que Plus Ultra "habría aportado datos falsos" para conseguir un rescate al que no tenía derecho
Fernando Cano Publicada 24 mayo 2026 01:56h Las clavesLas claves Generado con IA
La sombra del tráfico de influencias vuelve a planear sobre el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) creado en pandemia por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La sensación que hay en el mundo empresarial y la opinión pública es que la credibilidad de esta herramienta creada para rescatar empresas estratégicas está en mínimos. Y el hecho de que inyectara 2.681 millones de euros en 28 operaciones pone sobre la mesa dudas sobre el destino de ingentes ayudas públicas.
Plus Ultra y los supuestos pagos al "grupo Zapatero", liderado según el auto de la Audiencia Nacional por el expresidente del Gobierno, es solo la puntilla a un largo historial de investigaciones judiciales que ha dejado al descubierto a un puñado de intermediarios que ganaron mucho dinero cobrando comisiones influyendo en políticos para conseguir estas ayudas.
Julio Martínez avisó a Plus Ultra de que sería rescatada el mismo día que SEPI recibió el informe de Deloitte que lo avalabaPlus Ultra, Air Europa, Ávoris y Tubos Reunidos.Julio Martínez Martínez, Víctor de Aldama, Leire Díez y Antxon Alonso. Todos involucrados en pesquisas judiciales vinculadas en diferentes casos de corrupción y que tienen como común denominador los rescates de la SEPI. Una sociedad pública que entonces tenía como presidente en funciones al todavía vicepresidente, Bartolomé Lora.
Si consideramos sólo estas cuatro operaciones -con pruebas policiales de que estos intermediarios cobraron por sus gestiones- vemos que están bajo sospecha nada menos que 961 millones de euros, el 36% de todo lo que concedió el Fasee.
El PP anuncia una "ofensiva total" en la comisión de la SEPI y pedirá que comparezca Escrivá por el 'caso Plus Ultra'Y son solo los casos que se conocen o de los que se han revelado públicamente en sus investigaciones. El problema es que probablemente no sean los únicos.
Este diario ha confirmado que el modus operandi de requerir asesores e intermediarios para conseguir acelerar los expedientes era algo habitual en los rescates de la SEPI.
La investigación desvela que Plus Ultra "habría aportado datos falsos" para conseguir un rescate al que no tenía derechoDe hecho, algunos de los intermediarios que han salido a la luz en las últimas investigaciones sondearon a varias empresas que buscaban ayuda pública para ofrecerles sus servicios. Se promocionaron como conseguidores asegurando altos porcentajes de éxito.
Esto no significa que los 24 rescates restantes de los casos investigados utilizaran la "vía política" para llegar a altos cargos de la administración, pero sí es una realidad que en el mundo empresarial existe el convencimiento que quien no tenía un buen "padrino" no lograba éxito en sus expedientes.
La guerra sindical en Tubos Reunidos ahuyenta a los inversores y deja todo en manos del administrador concursalDe hecho, el balance final de la SEPI cuando el Fasee dejó de funcionar a mediados de 2022, es que concedió finalmente mucho menos dinero que los 10.000 millones comprometidos inicialmente. En total, 3.200 millones, aunque posteriormente se produjeron dos renuncias que llevaron la cifra a 2.681 millones de euros.
Esto implicó que solo se aprobaran 28 solicitudes de las 73 presentadas. Se quedaron fuera empresas emblemáticas como Mediapro, Abengoa o Ezentis.
Y muchos en el mundo empresarial creen que algunas de estas 45 sociedades que no obtuvieron rescate fueron excluidas porque no contaron con el apoyo político suficiente, o lo que es lo mismo: no tocaron los intermediarios necesarios.
En cualquier caso, independientemente de la resolución de los casos judiciales o si es que se confirma el tráfico de influencias en Plus Ultra (grupo Zapatero), Air Europa (Víctor de Aldama) o Tubos Reunidos (Leire Díez y Antxon Alonso), todo el proceso ha quedado deslegitimado.
Irrupción de intermediarios
Del mismo modo, el argumento técnico para la concesión de los rescates que el Gobierno ha defendido en todo momento queda absolutamente desmentido y denostado.
Y por el contrario, cada vez hay más pruebas que indican que todo el proceso estuvo salpicado -en la mayoría de los rescates- por presiones gubernamentales, la irrupción de intermediarios de dudosa legalidad y funcionarios y miembros de la administración con relaciones peligrosas con el mundo privado.
El patrón es el mismo que se ha revelado en la investigación de Plus Ultra. Primero, directivos de empresas necesitados de dinero público, luego unos intermediarios que dicen tener contactos incluso con ministros del Gobierno, y luego una serie de gestiones muy bien remuneradas que terminan sacando adelante el rescate.
En el caso de la aerolínea venezolana, la Audiencia Nacional investiga si se produjo tráfico de influencias en la gestión de la ayuda de 53 millones de euros.
Y de momento se sabe que existieron varias decenas de llamadas e intercambio de mensajes que confirman que Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante y supuesta mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero, realizó gestiones al más alto nivel para acelerar y conseguir el rescate.
Rescate de Plus Ultra
Se produjeron reuniones de Plus Ultra con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, pero además encuentros entre Zapatero y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y con el ex presidente con el ministro de Transportes, José Luis Ávalos.
La investigación también indica que Plus Ultra firmó dos contratos con empresas vinculadas a la trama. El primero por asesorar durante todo el proceso por valor total de 72.600 euros y un segundo, sujeto al éxito de la operación, por el 1% del rescate más IVA, equivalente a más de 600.000 euros.
Hay otros acontecimientos relevantes como que la trama sabía que la ayuda estaba concedida al menos cuatro días antes de que el Consejo Gestor de la SEPI votara la concesión del préstamo. Las conversaciones reflejan que Martínez siempre tuvo información política privilegiada del caso.
El patrón en Air Europa fue muy similar. En este caso, el comisionista Víctor de Aldama firmó un contrato con Globalia, la matriz de la aerolínea para que les asesorara en diferentes operaciones estancadas, entre ellas el rescate de la aerolínea. La Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil acreditó pagos de 169.400 euros.
Aldama y Air Europa
Los diferentes informes policiales que se han conocido confirman que Aldama decía a Air Europa -que finalmente recibió un rescate de 475 millones- que estaba moviendo gestiones con Koldo García y que incluso tenía constancia de reuniones de Ábalos y de la ministra de Economía, Nadia Calviño, para tratar el caso.
Era innegable la ascendencia que tenía Aldama en los diferentes ministerios, una influencia que utilizó para sacar adelante el rescate. Sus diferentes conversaciones intervenidas con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, reflejan que tenía un pormenorizado conocimiento de cada paso que iba dando el expediente. Incluso Koldo García supo de la resolución del mismo días antes de su comunicación oficial.
En el caso de Ávoris, la empresa era participada en esos momentos en un 50% por Halcón Viajes (propiedad de Globalia) y, pese a que no hay registros de que Aldama influyera en este rescate, por las fechas puede inferirse que seguía asesorando a los Hidalgo y con contactos muy relevantes dentro del Gobierno. Algo que siempre ha generado dudas respecto de esta concesión de estos 340 millones.
El último caso es el de Tubos Reunidos. En diciembre del año pasado se produjo la detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; de la exmilitante del PSOE, Leire Díez; y del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.
Tubos Reunidos y Antxon Alonso
Una de las cinco operaciones por las que se investiga a los detenidos eran delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, precisamente en el rescate de Tubos Reunidos, aprobado en julio de 2021 por valor de 113 millones.
El auto indicaba que el grupo Hirurok (Nosotros tres, en euskera) «habrían llevado a cabo acciones tendientes al otorgamiento de esta ayuda -de la SEPI-, percibiendo por ello un total de 114.950 euros».
«Las acciones desarrolladas por Hirurok habrían consistido, según las propias palabras de los investigados, en su intermediación, la cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda».
Cuatro rescates, muchos comisionistas y funcionarios públicos implicados. Demasiadas coincidencias para pensar que estamos ante hechos aislados.
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