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Fachada principal del Ayuntamiento veleño en la céntrica plaza de Las Carmelitas. E. CABEZAS Polémica en las 188 VPO de Vélez-Málaga: requerimiento formal de Emvipsa «para garantizar la transparencia»La empresa municipal exige a la cooperativa Galivivienda sorteo público, registro obligatorio y la revisión del contrato tras las críticas de la oposición
Viernes, 20 de febrero 2026, 14:18
el procedimiento de adjudicación de las 188 viviendas de protección oficial (VPO) ... previstas en el municipio al pliego de condiciones y a la normativa vigente, concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles para su adecuación. Así se recoge en el documento oficial firmado el pasado 16 de febrero por el director gerente de la entidad, Álvaro Galán Moreno, al que ha tenido acceso SUR.El documento señala asimismo que el contrato suscrito por la cooperativa contempla reservas de vivienda en función de la antigüedad interna del socio y delega el sorteo en caso de sobresuscripción, sin constar la intervención efectiva del mencionado registro municipal. Esta circunstancia, según el informe jurídico interno, podría suponer una desviación del sistema público reglado y afectar a los principios de igualdad, transparencia y concurrencia en el acceso a vivienda protegida sobre suelo público.
El contrato suscrito por la cooperativa contempla reservas de vivienda en función de la antigüedad interna del socio
Asimismo, Emvipsa exige que se incorporen expresamente en el contrato las reservas obligatorias del 30% de las viviendas para jóvenes menores de 35 años y del 5% para determinados colectivos específicos, tal como fija el pliego de condiciones. También reclama revisar el régimen económico para garantizar que se respetan los límites del módulo de VPO y que no se produzca «una alteración sustancial del equilibrio económico que repercuta en el precio final».
Otro de los puntos cuestionados en el documento oficial remitido a Galivivienda el es la existencia de aportaciones obligatorias por importe de 39.000 euros, con un desembolso inicial de 25.000 euros, cuya pérdida estaría prevista en caso de renuncia. Emvipsa advierte de que, aunque estas previsiones pueden tener encaje en el ámbito cooperativo, su aplicación en una promoción sobre suelo público «exige garantizar su proporcionalidad y adecuación a los principios de igualdad y no discriminación».
Valoración del PSOE
Por su parte, desde el PSOE de Vélez-Málaga, su secretario general y portavoz municipal, Víctor González, ha asegurado este viernes que el informe jurídico interno «da la razón punto por punto» a las denuncias que su grupo venía realizando sobre el procedimiento. En un comunicado, el dirigente socialista sostiene que la adjudicación debe hacerse mediante sorteo público y registro obligatorio y que «no puede existir ningún filtro económico previo para acceder a las VPO, como el pago de 25.000 euros en pocos días para integrarse en una cooperativa».
González también ha cuestionado los costes derivados de la gestión externa del proyecto, recordando que dos gestoras privadas percibirían alrededor de cinco millones de euros por la gestión administrativa y técnica y por el cobro de alquileres durante 20 años. «Cuando hay suelo público y dinero público, el proceso debe ser absolutamente transparente, legal y accesible para todos», ha afirmado, reclamando la paralización inmediata de las adjudicaciones hasta que se garantice el cumplimiento íntegro de la ley.
El PSOE pide la paralización inmediata de adjudicaciones hasta que se garantice el cumplimiento íntegro de la ley
Por su parte, desde el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, se ha defendido que el cúltimo consejo de Administración de Emvipsa ha actuado precisamente «para reforzar las garantías de transparencia y legalidad del procedimiento», subrayando que la supervisión forma parte de las facultades de control de la empresa municipal como entidad adjudicadora y titular del suelo. En este sentido, se insiste en que el requerimiento «busca preservar la seguridad jurídica del proceso y el interés público inherente a la promoción de vivienda protegida».
Por su parte, el concejal delegado de Emvipsa, Jesús Pérez Atencia, ha defendido este viernes la gestión de la empresa municipal en el proceso de las VPO, asegurando que se está actuando con «total transparencia» y conforme a la normativa vigente. Atencia subrayó que fue él mismo quien solicitó el informe jurídico para velar por el interés público y garantizar la correcta aplicación de la Ley Andaluza de VPO, calificando la situación de «absoluta normalidad» dentro de la labor de supervisión de la primera gran promoción de vivienda protegida en el municipio en dos décadas.
No existía ordenanza de registro de demandantes
El edil recordó que cerca de 300 viviendas saldrán al mercado a precios inferiores a los actuales y defendió que Emvipsa no solo licita, sino que también supervisa todo el procedimiento. Asimismo, explicó en un comunicado que cuando asumió responsabilidades no existía una ordenanza del registro de demandantes de vivienda -que ahora impulsa el equipo de gobierno y está pendiente de informe jurídico- y que, hasta su aprobación, el proceso debe regirse por la normativa autonómica.
Atencia acusó al portavoz socialista, Víctor González, de intentar desviar la atención con una «campaña de desprestigio» sobre las VPO y vinculó la polémica con el caso del exconserje de Emvipsa cuyo despido ha sido ratificado judicialmente. «No vamos a permitir que se utilice la vivienda pública como arma política», afirmó, insistiendo en que el objetivo es garantizar tanto el acceso a la vivienda como la seguridad jurídica del procedimiento.
Por su parte, el exalcalde de Vélez-Málaga por el PP, Francisco Delgado, también ha intervenido en el debate a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que la reacción de Emvipsa se produce tras la denuncia pública de la falta de control en el procedimiento. Delgado sostiene que el burofax remitido a la cooperativa demuestra que existían «graves incumplimientos», aludiendo a documentos en los que se recogía la reserva por orden de antigüedad, un sorteo condicionado, la exigencia de una aportación previa de 25.000 euros para integrarse y la ausencia de un desarrollo claro de los cupos del 30% para menores de 35 años y 5% para colectivos prioritarios.
Delgado sostiene que el burofax remitido a la cooperativa demuestra que existían «graves incumplimientos»
Aunque reconoce la legalidad del modelo cooperativo, cuestiona su aplicación en suelo público si introduce «filtros privados» que puedan desvirtuar el registro municipal de demandantes. Además, reclama que se hagan públicos el informe jurídico, el acta del consejo y el desglose económico completo -incluidos los casi cinco millones en honorarios de gestión- para que, a su juicio, la transparencia no sea «un titular», sino una garantía verificable para los vecinos.
El procedimiento de estas 188 VPO ha sido objeto de críticas políticas desde su adjudicación a Galivivienda. Los grupos municipales de Andalucía por Sí y Vox ya habían cuestionado el encaje administrativo y la fórmula elegida para la promoción sobre suelo público. Ahora, el requerimiento formal de Emvipsa introduce un nuevo capítulo en un proyecto clave para el acceso a vivienda asequible en un municipio que supera los 85.000 habitantes y donde la presión inmobiliaria y el incremento de precios siguen dificultando el acceso a la vivienda a jóvenes y familias con rentas medias y bajas.
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