La presidenta del Congreso, Francina Armengol, dirigiendo un pleno. Europa Press
Política Por qué llaman "ministra 23" a Armengol: cuatro proposiciones de ley cumplen ya más de dos años bloqueadas en el CongresoLa presidenta de la Cámara mantiene en el cajón asuntos como la derogación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Ángela Poves Publicada 17 enero 2026 02:49hLas claves nuevo Generado con IA
Francina Armengol, presidenta del Congreso, mantiene bloqueadas 36 proposiciones de ley impulsadas por el PP desde el Senado, incluidas cuatro que llevan más de dos años paralizadas.
Entre las leyes bloqueadas destacan iniciativas sobre defensa de símbolos oficiales, derogación del Impuesto sobre Sucesiones, garantía de cajeros en zonas rurales y reforma del Registro Civil.
El PP ha llevado el bloqueo legislativo ante el Tribunal Constitucional, denunciando la restricción de competencias del Senado y acusando a Armengol de parcialidad y falta de imparcialidad.
La presidenta también ha sido cuestionada por su gestión en el Congreso y su etapa en Baleares, además de permitir el uso de lenguas cooficiales y su implicación en el caso Koldo.
Las propuestas legislativas impulsadas por el PP desde el Senado se estrellan contra un muro. La presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, está ejerciendo un bloqueo sistemático a sus iniciativas. Un caso inaudito en la historia parlamentaria.
Según ha podido cotejar EL ESPAÑOL, hay un total de 36 proposiciones de ley aprobadas por la Cámara Alta que siguen bloqueadas por Armengol y paralizadas en términos parlamentarios.
De ellas, al menos hay cuatro iniciativas que cumplen más de dos años de restricción. Fueron registradas entre septiembre y noviembre de 2023 y, a día de hoy, siguen exactamente en el mismo punto.
Estas cuatro proposiciones de ley aún no han llegado al orden del día de la Cámara Baja, cuya inclusión depende de la Mesa del Congreso, órgano donde la mayoría parlamentaria la tienen el PSOE y Sumar.
El último movimiento de los populares fue denunciar ante el Tribunal Constitucional este bloqueo legislativo. El Senado, donde tienen mayoría absoluta, aprobó un nuevo conflicto de atribuciones con el Congreso al considerar que está invalidando competencias de la Cámara Alta y asumiendo poderes que no le corresponden.
El Senado recurre ante el TC la "manipulación" de una ley que aprobó en pleno y que la Mesa del Congreso "mutiló"Entre las proposiciones paralizadas más de dos años está la Ley de defensa y protección de los símbolos oficiales, cuyo objetivo es reforzar la protección jurídica de los símbolos del Estado y las instituciones.
En la práctica, esta propuesta podría suponer un aumento de la dureza de las sanciones frente a actos de ultraje, daños o uso indebido y aclarar obligaciones de respeto institucional.
Otra es la proposición por la que se deroga la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se trata de una iniciativa de alto impacto fiscal, orientada a eliminar un tributo ampliamente bonificado en muchas Comunidades Autónomas como Madrid, pero que sigue generando un intenso debate sobre equidad y financiación territorial.
También está bloqueada la proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión financiera, sobre todo, en la ‘España vacía’. El objetivo es garantizar el acceso mínimo a efectivo y servicios financieros básicos en aquellos municipios donde se han cerrado oficinas.
Y, por otro lado, la proposición de Ley de reforma de la Ley del Registro Civil también se ha topado con el muro de contención de Armengol.
Se trata de una iniciativa que actualizaría el funcionamiento del Registro y, por ende, agilizaría procedimientos e inscripciones como certificados o trámites esenciales en procesos de nacionalidad.
Hay, no obstante, al menos otras nueve proposiciones de Ley que llevan paralizadas más de 12 meses, como, por ejemplo, la relativa a la reforma sobre el reglamento de lenguas oficiales.
Aunque no existe un plazo legal que obligue a debatir una proposición de ley, el bloqueo supone un instrumento de conflicto político. Sobre todo, porque las proposiciones de ley han sido iniciadas por el principal partido de la oposición.
El bloqueo de Armengol trata de evitar el debate parlamentario, tanto como que el Gobierno sea derrotado. Hay que tener en cuenta, que muchas de ellas podrían salir adelante en el pleno si PP, Vox y Junts se ponen de acuerdo.
En otras ocasiones, algunas enmiendas han tenido hasta 71 prórrogas, según aseguró el Partido Popular. En este sentido, PSOE y Sumar utilizan las prórrogas para bloquear constantemente las iniciativas que no les interesan.
De hecho, hay también más de una veintena de reales decretos de ley, tramitados como proyectos de ley, que aún no han visto luz en el Congreso.
Y lo mismo está ocurriendo con alguna proposición no de ley, como aquella presentada por el Partido Popular para reformar los artículos 550 y 556 del Código Penal con el objetivo de aumentar las penas en los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad de los agentes de la Guardia Civil, que sufren ya una media de cinco ataques diarios, según informó el pasado martes la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL).
En este sentido, según fuentes consultadas por este periódico, Armengol también tiene bloqueada la legislación que avalaría el reconocimiento de profesión de riesgo de los agentes policiales.
Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el Senado "es una Cámara tan legítima como el Congreso y, por eso, intenta eliminar su iniciativa legislativa es negar la legitimidad del Senado".
Incluso, anunció que en el Plan de Calidad Institucional del partido se incorporará un bloque importante para que el Poder Legislativo recupere su independencia.
Su parcialidad, cuestionada
Más allá del bloqueo legislativo, la parcialidad de la presidenta de la Cámara Baja ha sido cuestionada en numerosas ocasiones.
Uno de los casos con mayor repercusión mediática fue el de las menores tuteladas que se prostituían, cuando Armengol estaba al frente del Gobierno balear. Educadores de centros educativos dejaron constancia a lo largo de 2019 de que algunas chicas aprovechaban sus salidas para prestar servicios sexuales.
En otras ocasiones, la presidenta de la Cámara Baja ha sido cuestionada porque, durante distintos plenos, especialmente en los debates de investidura y sobre la amnistía, cortaba más la palabra a PP y Vox que a los grupos aliados del Gobierno.
De hecho, en dicho debate, la presidenta ni se inmutó ante el “tono bronco” del ministro de Transportes, Óscar Puente, hacia Feijoó y además llamó la atención al candidato del PP avisando de que no iba a consentir un ataque a Pedro Sánchez.
Igualmente, se cuestionó que haya permitido que se falte al respeto a los jueces en el Congreso o que incluso los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar e independentistas acusaran a los magistrados de un delito de prevaricación.
Esto supuso que el partido de Feijóo registrara una queja ante la Mesa del Congreso al considerar que sus actitudes son “partidistas” y reflejan una “falta de imparcialidad”.
Además, Armengol, según argumentó entonces el PP, también ha permitido el uso de lenguas cooficiales antes de que estuviera regulado por el Reglamento, o el nombramiento (afín al PSOE) de Fernando Galindo como secretario general de la Cámara tras su paso por la Subsecretaría de Política Territorial.
La forma de tramitar la ley de amnistía es también otro de los focos centrales de las acusaciones de parcialidad. Armengol dio vía libre a la tramitación pese a informes muy críticos de juristas de la Cámara, lo que para la oposición la convirtió en el “brazo ejecutor” del Gobierno.
Por otro lado, Armengol ha estado en el punto de mira por su etapa en Baleares y el conocido caso Koldo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) halló mensajes entre la expresidenta y la trama para la venta de mascarillas en la región durante la pandemia.