El jefe de Gabinete en la Delegación del Gobierno de Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes declaró este jueves ante la juez que en los días previos advirtió de manera continua a diversos ministerios de «la gravedad» de la situación que ya estaba viviendo la ciudad.
Gonzalo Sanz dimitió después de que el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano -luego también dimitido-, afirmara que no le había trasladado las alertas del CNI la víspera de la invasión. Ante la juez de la Audiencia NacionalMaría Tardón, el testigo ratificó que sí lo hizo, que le transmitió «todo», verbalmente y en los mismos términos que las recibió.
Sanz tenía entre sus funciones la de ejercer de enlace con la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI. Recibió «continuas alertas» del riesgo de entradas masivas. Había mucha «disparidad» en cómo llegaba la información, pero la comunicación «era fluida».
La situación ya era «extraordinaria» antes de la eclosión de los días 30 y 31 de julio. «Estábamos todos muy preocupados en los días previos. Llegaban cifras alarmantes con entradas de mas de 100 personas. Había percepción de la gravedad. Los informes de la delegación alertaron tácitamente de la gravedad de la situación».
El testigo explicó que participó en la elaboración de un comunicado, de la mano de la ciudad de Ceuta, pidiendo al Gobierno presidido por Sánchez «acciones extraordinarias, inmediatas y conjuntas». «Eso no le encantó a Moncloa», añadió.
La delegación estaba trasladando la situación a varias secretarías de Estado: Seguridad, Política Territorial, Defensa e Inmigración. «No sé paró en ningún momento de pedir ayuda, ni antes ni durante ni después», afirmó ante la juez.
El delegado del Gobierno no habló con el presidente, Pedro Sánchez, hasta que este decidió visitar la ciudad, con las entradas sumando ya decenas de miles. Pérez Triano planteó a las 11 horas el día 30 la intervención del Ejército, porque la ciudad «estaba en pánico», si bien desistió por una cuestión de competencias. El presidente, Juan Jesús Vivas, explicó en su declaración del miércoles ante la juez que él mismo había solicitado a la ministra de defensa, Margarita Robles.
El día 30, el jefe de Gabinete se desplazó a la frontera. «Aquello parecía Sarajevo». Al llegar vio «a unos 20 militares marroquíes con las manos en los bolsillos». También al responsable de la policía marroquí, con el que intercambia unas palabras y al que acaba pidiendo que cierre la frontera. Según el relato del testigo, el mando marroquí le responde que en la frontera de tierra la situación en ese momento era normal (las entradas en esas primeras horas eran por mar). «Por qué voy a cerrar la frontera?», escucha «alucinado» el jefe de Gabinete. «¿No la vais a cerrar vosotros?», añade.
Del lado español no se cerró la frontera. El delegado del Gobierno no tiene facultades para hacerlo y el responsable de la Policía Nacional dijo que no lo iba hacer porque eso era decisión del ministro, Fernando Grande-Marlaska.
A su comparecencia de dos horas ante la juez, el ex jefe de Gabinete llevó una carpeta con documentación sobre esos días. Lo más relevante, sin embargo, acabó siendo su teléfono. Explicó que el Gobierno no había desclasificado todos sus mensajes con el CNI. Sí lo había hecho con los que avisaban a la delegación de los llamamientos en redes sociales para cruzar al día siguiente «por valla y mar». Pero había otros 19 que no habían visto la luz y que él tenía en su teléfono, junto a una llamada. La juez acordó hacer una copia de ese material, que quedará en la parte secreta de la causa.
El testigo remontó el relato de lo sucedido a la primera quincena de julio. Dijo a la juez que, tras la sentencia del Supremo que impedía devolver en caliente a quienes llegase a nado, la delegación solicitó «actuaciones legislativas» para revertirlo. Esas reformas no llegaron y el Gobierno, pasada la oleada, optó por poner elementos de contención en el agua en lugar de reformar la Ley de Extranjería.
En la causa que investiga lo sucedido, abierta tras una denuncia de Iustitia Europa, ejercen la acusación particular la ciudad de Ceuta y la Abogacía del Estado. Esta última, que actúa en representación del Gobierno, equiparó en sus preguntas lo sucedido en julio con oleadas previas de inmigrantes, como la de 2021. En sus respuestas, el jefe de Gabinete sostuvo que el 23 de julio, a una semana de la entrada masiva, ya elaboraron en la delegación «un informe alarmante».
También compareció ayer como testigo el entonces jefe de la Policía Local de Ceuta. En sus respuestas por videoconferencia, Sebastián Vega minimizó las tareas de sus unidades y la situación en que estaba la Ceuta el día 30, donde dijo que se podía circular «con normalidad». Eso provocó las intervención del abogado de la ciudad. «¿Se podía salir a comprar el pan?». «Los comercios estaban cerrados...». «¡¿Y eso le parece normal?!».