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PP y Vox reescriben el relato de la dana alternativo al judicial: "Existía cobertura legal para que el Estado asumiera la dirección"

PP y Vox reescriben el relato de la dana alternativo al judicial: "Existía cobertura legal para que el Estado asumiera la dirección"
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La comisión de investigación de las Cortes Valencianas aprueba el dictamen de conclusiones que tumba la tesis de la jueza de Catarroja Leer

La dana que el 29 de octubre de 2024 se llevó por delante la vida de 230 personas en Valencia ya tiene acabado su relato político. Que nada tiene que ver, por cierto, con el judicial que escribe desde el juzgado de Catarroja la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La comisión de investigación de las Cortes Valencianas aprobó este miércoles el dictamen de conclusiones con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Compromís, que han denunciado que el documento de 125 páginas "no reconoce la responsabilidad de Carlos Mazón". El dictamen, de hecho, no menciona ni una vez la actuación del entonces presidente de la Generalitat, que alargó cuatro horas su comida en el Ventorro la tarde de la dana.

La jueza que instruye la causa de la dana situó el foco desde un primer momento en el retraso del ES-Alert, al que achaca buena parte de las muertes a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no ve una relación directa. La magistrada, que mantiene imputados a la ex consejera valenciana de Interior Salomé Pradas y a su ex número dosEmilio Argüeso, ha situado además toda la responsabilidad de la gestión de la emergencia sobre la Generalitat.

Sin embargo, el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación no solo pasa de puntillas por la actuación del Gobierno valenciano, sino que deriva la responsabilidad al Ejecutivo central en contra de la tesis de la jueza. De entrada, porque "existía cobertura legal suficiente para que el Estado hubiera asumido formalmente la dirección de la emergencia", sostiene el documento que firman PP y Vox, a los que Compromís ha acusado de "fumarse un puro" por hacer caso omiso de la ley de Emergencias.

Es más, el documento incide en que la normativa española "no configura las emergencias de gran magnitud como una responsabilidad compartida en plano de igualdad entre administraciones". En este sentido, se hace referencia al artículo 149 de la Constitución española que reconoce como competencia "exclusiva" del Estado la seguridad pública.

En consecuencia, insiste el dictamen, "la protección frente a catástrofes naturales de gran magnitud forma parte de las obligaciones esenciales del Estado", que conservaría así, a juicio de PP y Vox, "la competencia última de dirección" de la emergencia. Esto sin contar con que la dana fue una "emergencia de interés nacional" que afectó a varias comunidades autónomas.

A todo ello se suma, a juicio de la comisión de investigación del parlamento valenciano, las "deficiencias en la información meteorológica e hidrológica transmitida", en referencia al papel de las agencias estatales: la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El dictamen insiste así en la teoría del apagón informativo que defienden la Generalitat y los propios imputados.

Aún hay otro aspecto que subraya el informe: la "falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas". Se considera que, por ejemplo, el encauzamiento del barranco del Poyo, cuyo proyecto estuvo años olvidado en un cajón del Gobierno central, hubiera salvado vidas. "El riesgo de inundación en determinados barrancos era conocido desde hace años", subraya el documento aprobado en la comisión, descalificada por los socialistas como "la comisión de la infamia".

Desde la zona cero

Pero el relato de lo que sucedió el día de la dana no se reescribe únicamente en las Cortes, sino desde la propia zona cero de la tragedia. El presidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia, Vicent Mompó, estuvo esta semana en Utiel con el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, para denunciar el lento avance de la reconstrucción.

"Un año y medio después sigue habiendo infraestructuras esenciales sin recuperar completamente. El ejemplo más indignante es la línea C3. El tren sigue sin completar el trayecto hasta Utiel, afectando también a Requena y Siete Aguas", lamentó Mompó.

En la misma línea, Bendodo defendió el esfuerzo "brutal" del Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat, frente a la inacción del Gobierno central: "Ha creado un cuello de botella que complica mucho la reconstrucción".

Fuente original: Leer en El Mundo - España
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