- LAUREANO ÁLVAREZ Socio de Monitor Deloitte
Prolongar la vida útil de las centrales no retrasa la transición y protege nuestra competitividad.
En el complejo tablero energético actual, la eficiencia y la prudencia dictan que no se deben desmantelar activos críticos sin una alternativa equivalente. El inminente dictamen técnico del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la prórroga de Almaraz hasta 2030 ofrece una oportunidad idónea para repensar el calendario de la desconexión nuclear en España. Si el máximo organismo competente en cuestiones técnicas determina que la central cumple con los criterios operativos y de seguridad necesarios, los datos económicos y la necesidad de estabilidad del sistema certificarían la idoneidad de continuar aprovechando esta fuente de energía.
El actual calendario de cierre escalonado entre 2027 y 2035 proviene de un acuerdo de 2019 entre los operadores de centrales nucleares y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Dicho acuerdo, en su momento, aportaba estabilidad regulatoria y un horizonte de operación previsible. El problema de éste, a día de hoy, es que las premisas sobre las que se construyó han cambiado radicalmente: la guerra de Ucrania, la reciente tensión bélica en el estrecho de Ormuz y el apagón de 2025 han devuelto la cuestión de la seguridad de suministro al centro de la planificación energética. En este contexto, prescindir de una tecnología que técnicamente está en condiciones seguras de operación compromete nuestros propios intereses.
La energía es un recurso esencial en la actividad industrial. De media, los costes energéticos suponen el 25% del beneficio operativo, y por tanto el coste eléctrico es una de las variables que pesan en las decisiones de inversión de la industria electrointensiva. Encarecer de forma estructural ese coste, retirando del mix una fuente estable y de bajo coste marginal, equivaldría a enviar a esos sectores una señal inequívoca en contra de su competitividad. Para este tipo de compañías, el precio de la electricidad determina directamente su capacidad para competir.
Desde un punto de vista de mercado, retirar generación firme del sistema, manteniendo todo lo demás constante, presiona al alza el precio mayorista, porque el funcionamiento en una parte muy significativa de las horas se hace con gas natural. De acuerdo a nuestro informe La contribución de la energía nuclear a la competitividad industrial en España, esta situación podría suponer un coste de 1.400 millones de euros/anuales a la industria española. Pero existe otra dimensión crucial: más allá del incremento en el precio medio, el verdadero peligro radica en la exposición del sistema a los picos de cotización del gas natural, una constante en el nuevo escenario geopolítico. La energía nuclear opera como una cobertura frente a la volatilidad del gas, y esa volatilidad, ligada a una tensión geopolítica que ha dejado de ser coyuntural y se ha transformado en algo estructural, se ha convertido en un factor de riesgo del mercado eléctrico. Sustituir capacidad firme por mayor dependencia del gas importado equivale a aumentar el perfil de riesgo del sistema en el peor momento posible.
Costes evitados
En el año 2022, la operación continuada del parque nuclear evitó costes adicionales de aproximadamente 5.000 millones de euros a la industria, equivalente al 0,4% del PIB ese año. Por tanto, no es sólo un tema de menor precio medio, también es un seguro contra la volatilidad de los mercados financieros.
Los países de nuestro entorno están tomando decisiones en un sentido completamente opuesto al del cierre prematuro de sus centrales nucleares. Francia contempla la extensión a 50-60 años y la construcción de nuevos reactores. Reino Unido aprobó el año pasado la construcción de una nueva central nuclear (Sizewell C), y tiene como objetivo aumentar la capacidad de energía nuclear mediante una combinación de centrales de gran escala tradicionales y pequeños reactores modulares (SMR). A nivel supranacional, la propia Comisión Europea ha reconocido recientemente que reducir a menos de la mitad el peso de la energía nuclear desde los años 1990 fue un error estratégico que restó fiabilidad y competitividad al mix energético del continente.
El futuro pasa por más potencia renovable, almacenamiento e interconexiones, pero desde luego no obliga a anticipar el cierre nuclear. La transición energética consiste en sustituir tecnologías cuando existen alternativas más limpias y accesibles, no a través de una decisión que exige una justificación que, hasta la fecha, no se explicado. Si el CSN confirma que las centrales pueden seguir operando con seguridad, prolongar su vida útil no será retrasar la transición, sino proteger la competitividad de la economía española mientras esa transición culmina.
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