En este nuevo caso de violencia de género con resultado de muerte no existían denuncias previas por malos tratos, por lo que la mujer no estaba adherida al Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género).
Castilla-La Mancha ejercerá la acusación popular
También este miércoles se convocó en Alameda de la Sagra, pueblo de 4.300 habitantes, una concentración en la plaza del Ayuntamiento donde se guardó un minuto de silencio en memoria de la víctima, Rossana Katherine. En este acto, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, anunció que la Junta de Comunidades ejercerá la acusación popular en el proceso judicial que se derive del caso.
«No podemos seguir tolerando y no podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza. Es hora de aislar no solamente a quien maltrata sino a quien ampara a esos maltratadores con sus discursos», declaró la consejera castellano-manchega, que apeló a la unidad de las fuerzas políticas «para combatir realmente la violencia machista y no permitir que partidos que niegan la violencia machista estén en nuestras instituciones tomando decisiones».
Sara Simón también confirmó que la mujer asesinada no había recibido ningún tipo de atención por violencia de género en la Red de Centros de la Mujer o en otros recursos de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha. No obstante, la consejera de Igualdad subrayó que «para acceder a los recursos que tenemos en Castilla-La Mancha no es necesario haber puesto esa denuncia y allí van a tener atención psicológica y van a recibir asesoramiento jurídico, no solamente las víctimas, sino también los familiares». En este sentido, Sara Simón pidió que «si cualquier persona ve que una amiga, una hermana o una hija puede estar sufriendo violencia de género debe acudir a los recursos regionales para que se les oriente en cómo poder actuar y cómo poder ayudar a esa víctima».
En este mismo acto, el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, apuntó que solo en esta provincia «hay más de 2.500 mujeres con órdenes de protección, protegidas por la Guardia Civil y por la Policía Nacional, pero necesitamos el apoyo no solo de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y de las instituciones sino también de los vecinos, la familia y el entorno que es capaz de darse cuenta de aquellas cosas que la víctima no vio».
«No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres porque la violencia machista es una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y estyo vulnera los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad física y moral, la igualdad y la dignidad», añadió Devia, que animó a combatir «los planteamientos negacionistas de la violencia machista».
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