El dato es preocupante y refleja las grietas en vigilancia y seguridad que persiste en las cárceles españolas a pesar de las continuas denuncias. Desde 2021, los centros penitenciarios se han incautado de 13.208 terminales, poniendo en evidencia que la presencia de los móviles dentro del penal (los internos los tienen prohibidos) no deja de crecer. El pasado 2025 los funcionarios requisaron un total de 2.466 terminales. «Genera un mercado negro y amenaza la seguridad», alertan desde el sindicato Acaip-UGT, que advierte de que se trata de una problemática recurrente en las prisiones, donde calculan que se detectan «más de seis terminales cada día por los empleados públicos penitenciarios». La suela de las zapatillas o, incluso, drones son las vías de introducción de los terminales en las cárceles del país.
La gravedad de los datos ofrecidos por el sindicato mayoritario de prisiones es que un teléfono móvil dentro de una cárcel se traduce en delincuencia, en tensiones entre los internos y, en la mayoría de los casos, permite a los reos continuar con sus actividades delictivas. ACAIP-UGT lamenta que las plantillas no están bien dimensionadas, no se cubren todas las plazas y no disponen de medios técnicos adecuados, aun así, «logran detectar y decomisar miles de estos dispositivos cada año mediante requisas, cacheos y controles constantes».
Desde este sindicato insisten en la «necesidad urgente de modernizar los sistemas de seguridad y reforzar las plantillas de trabajadores penitenciarios, adaptándolas a las necesidades reales de los centros, para poder hacer frente a este fenómeno». «Esta cifra confirma que la presencia de estos dispositivos sigue siendo una realidad constante dentro de las cárceles españolas, con más de seis terminales intervenidos cada día», matizan.