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El Estado está presente en compañías del Ibex 35 como Aena, CaixaBank, Indra, Telefónica, IAG, Redeia y Enagás, pero también del Continuo, como Ebro Foods, Talgo y Airbus.
El Gobierno, a través de distintas entidades públicas, posee participaciones en diez empresas cotizadas, siete de ellas del Ibex 35. El valor del paquete accionarial del Estado español en estas compañías ronda los 50.000 millones de euros, mientras que la capitalización conjunta de las mismas supera los 342.500 millones de euros.
La convocatoria anticipada de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre supone un momento crítico. Un cambio de signo en Moncloa podría llegar acompañado de una nueva estrategia para la participación del Estado en empresas cotizadas y reconfigurar el peso y la incidencia del Gobierno en compañías que abarcan sectores tan estratégicos como la energía, la Defensa o la banca, entre otros.
También podría suponer un aumento o una reducción del grupo de empresas cotizadas participadas por el Estado. Desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno, el Estado ha entrado en Telefónica y en Talgo, al tiempo que ha elevado de manera significativa su participación en Indra.
Enaire y BFA
A pesar de que el principal vehículo inversor del Estado en empresas privadas es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), los dos mayores paquetes accionariales que posee el Gobierno en compañías cotizadas no están bajo el control de esta entidad. Se trata de Aena y CaixaBank.
Al cierre del mercado de ayer, la participación bursátil más valiosa del Estado es la que posee en Aena a través de Enaire, la empresa pública que gestiona la navegación aérea y el tráfico de los aviones en el espacio aéreo nacional. Aena cotiza en Bolsa desde 2015, pero Enaire controla el 51% del accionariado.
Con los títulos de Aena en 25,84 euros al cierre de la sesión de ayer (+1,57%), su capitalización ronda los 38.800 millones. De este modo, el 51% bajo el control público tiene un valor de mercado de unos 19.768 millones. Este importe supone el 40% de valor total de la cartera del Estado en cotizadas. Además, con cargo a los resultados de 2025 le reportó 834 millones en dividendos.
En segundo lugar se sitúa la participación del 18,1% que el Estado tiene en CaixaBank a través de BFA Tenedores, un paquete accionarial que, con los títulos de la entidad financiera en 12,36 euros al cierre de ayer, tiene un valor de mercado de 15.606 millones.
BFA Tenedores era propiedad al 100% del Frob, pero tras la transformación de la entidad aprobada en el Consejo de Ministros a finales del pasado julio, BFA Tenedores dejará de ser una filial del Frob y pasará a ser una sociedad adscrita directamente al Ministerio de Economía.
Sin embargo, mantendrá su naturaleza de sociedad instrumental al ejercer sus derechos como accionista en CaixaBank de la misma forma que hasta ahora, por lo que también se mantienen las obligaciones y condiciones de desinversión en la entidad bancaria. Es decir, de momento se mantiene la obligación de que el Estado se desprenda de su participación en CaixaBank, a más tardar, en diciembre de 2027. No obstante, este plazo ya se ha retrasado en varias ocasiones.
La última vez que se extendió ese plazo, en febrero de 2025, el Ejecutivo argumentó que la finalidad era favorecer la "utilización más eficiente de los recursos públicos" y aprovechar el crecimiento de la acción de CaixaBank, "lo que favorecería la maximización de la recuperación de lo invertido por el Estado".
Airbus y vuelta a Telefónica
La Sepi es la entidad pública que gestiona el grueso de las participaciones que el Estado tiene en empresas cotizadas. La de mayor valor de mercado es la que tiene en Airbus, el gigante europeo de la aeronáutica civil y militar, en el que España posee un 4,12%. Al cierre del mercado ayer, con los títulos de la compañía en 188 euros, el valor del paquete accionarial de la Sepi en Airbus supera los 6.100 millones de euros.
La siguiente compañía con mayor valor de mercado también opera en el sector de la Defensa. Se trata de Indra, donde la Sepi tiene un 28%.
El peso del Estado en Indra se incrementó de forma considerable en 2022, con Pedro Sánchez en la Moncloa. Con una inversión cercana a los 174 millones de euros, el Estado adquirió un 10% adicional del grupo. Ese paquete accionarial, a precios de mercado actuales, vale 1.050 millones de euros, es decir, 880 millones más que lo que se pagó entonces, o lo que es lo mismo, seis veces más.
Otra de las grandes operaciones acometidas por la Sepi con Sánchez en el Gobierno es la que supuso el retorno del Estado al accionariado de Telefónica tras casi tres décadas fuera del capital de la teleco.
El Ejecutivo pagó en torno a 2.285 millones de euros para hacerse con el 10% de la operadora, un movimiento que se produjo en respuesta a la sorpresiva entrada de la compañía saudí STC.
A diferencia de lo sucedido en Indra, el desempeño bursátil de Telefónica ha supuesto que el paquete que el Estado tiene en la compañía valga ahora 368 millones menos de lo que se pagó, es decir, 1.917 millones de euros.
Energía y transporte
Otra de las grandes participaciones que tiene el Estado es el 20% que posee de Redeia, con un valor de mercado cercano a los 1.600 millones. Esta participación otorga al Gobierno la posición de principal accionista, además de una incidencia directa sobre la gobernanza de la compañía (ver información adjunta).
La otra energética cotizada en la que está presente la Sepi es Enagás, de la que posee un 5% que, a precios de mercado, está valorado en unos 200 millones de euros. A pesar de tratarse de una posición relativamente pequeña, el Gobierno tiene bastante incidencia sobre la gobernanza de Enagás y es, además, su principal accionista.
Otro sector en el que la Sepi tiene participaciones es el transporte. Por un lado, controla un 2,52% de IAG, que cerró la sesión bursátil de ayer con sus títulos en 5,18 euros, por lo que la participación del Estado está valorada en torno a 600 millones de euros.
Además, el año pasado el Gobierno entró en Talgo, en la que invirtió 75 millones para hacerse con el 7,8%, en el marco de la toma de control de la compañía por un consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor. El valor de mercado de esta participación en estos momentos es muy inferior y ronda los 25 millones.
La Sepi también tiene un 10,36% de la empresa del sector de la alimentación Ebro Foods, que está valorado en 289 millones.
Una influencia dispar en la gobernanza según la empresa
Uno de los aspectos principales a la hora de analizar la participación pública en las empresas tiene que ver con la influencia del Gobierno en su gobernanza. En el caso de las diez cotizadas en las que el Estado forma parte del accionariado, esa derivada se manifiesta de forma dispar.
En el caso de Aena, Enaire tiene el 51% y, por tanto, potestad para decidir quién pone al frente. El directivo catalán Maurici Lucena preside Aena desde julio de 2018, un mes después de que Sánchez aterrizase en Moncloa.
Otra empresa en la que la mano del Gobierno se ha dejado notar en los últimos meses es Indra que, tras atravesar una etapa complicada en su gobernanza, está presidida desde el pasado mes de abril por Ángel Simón.
El 20% que el Gobierno tiene en Redeia lo convierte en su mayor accionista, por lo que su influencia para configurar su cúpula es decisiva. Beatriz Corredor preside la compañía desde febrero de 2020. En Enagás, pese a tener un 5%, es también el máximo accionista y su opinión es clave.
En Telefónica, la vuelta del Estado a su accionariado -con un 10%- fue decisiva para el desembarco en la presidencia de Marc Murtra, vinculado al PSC.
La situación es diferente en CaixaBank, con un 18,1% de participación estatal, Ebro Foods (10,36%), Talgo (7,8%), Airbus (4,12%) e IAG (2,52%). En todas, su peso es menos decisivo en la gobernanza.
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