La llamada ley de nietos, una disposición de la Ley de Memoria Democrática en virtud de la cual los descendientes de españoles exiliados pueden obtener la nacionalidad española y, en consecuencia, adquieren el derecho de sufragio, se ha convertido, a un año vista de la fecha final obligatoria de celebración de elecciones, en motivo de debate y enfrentamiento entre los partidos.
Se han presentado 2,5 millones de solicitudes, de las cuales 1,2 millones ya están siendo tramitadas y se han aprobado 550.000. Son cifras muy voluminosas que crecerán de aquí a la cita con las urnas y, aunque ni mucho menos todos ellos acaben ejerciendo el derecho a voto, según la oposición, pueden influir decisivamente en algunas provincias en el resultado de los comicios.
Los recelos sobre esta norma se han extendido también entre los votantes. La mitad de los ciudadanos -50,8%- se muestra conforme con que los hijos y nietos de exiliados puedan acceder a la nacionalidad española, sin embargo el apoyo se desmorona ante la posibilidad de que puedan censarse en cualquier provincia y votar. En este punto los porcentajes se invierten y pasan a ser clara mayoría -55,2%- los que se manifiestan en contra.
Esta tendencia de rechazo tiene un claro motivo para el 49,4% de los encuestados: engordar el censo electoral por esta vía tiene como objetivo último influir en las próximas elecciones y de esta sospecha, nítidamente anclada en el electorado del PP y de Vox, participa también uno de cada cuatro votantes del PSOE (27%). Ésta es la principal conclusión que se desprende de la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO.
El porcentaje de los que, por el contrario, consideran que con la ley de nietos se refuerzan los vínculos con las personas que se vieron forzadas a salir de España y, además, se restaura en sus descendientes el derecho que perdieron como nacionales es el 41,2%.
No obstante, como muestra la encuesta, la ciudadanía recela significativamente de una alteración del número de personas que podrán votar en los próximos comicios porque no hay claridad sobre los justificantes y criterios que se seguirán en última instancia para asignar a cada nuevo elector la circunscripción en la que podrá depositar su papeleta e, incluso, porque se discute que personas que no han vivido nunca en España, ni tengan intención de hacerlo, y que no contribuyen con sus impuestos al erario público puedan decidir con su voto sobre lo que sí afecta a los nacionales residentes.
Los votantes de PP y Vox son los más suspicaces. Los primeros están poco o nada de acuerdo -65,6%- con el principio general de conceder la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados y ello pese a que el PP ha apoyado históricamente esta medida que incluso formaba parte de su programa electoral.
Sin embargo, ahora, el partido denuncia que la normativa original -la Ley de Memoria Histórica de 2007-, quedó desvirtuada en la Ley de Memoria Democrática de 2022 con una instrucción técnica del Ministerio de Justicia que presume la condición de exiliado a todos los que salieron de España entre 1936 y 1955, incluyendo a quienes lo hicieron por motivos económicos.
En el caso de los votantes socialistas, el sondeo también depara sorpresas. Los electores del PSOE apoyan claramente la norma -67%-, aunque uno de cada cuatro -24,5%- rompe la tendencia general y asegura estar poco o nada de acuerdo con ella.
El porcentaje de rechazo asciende al 37,1% cuando de lo que se trata es de pronunciarse acerca de la posibilidad de que los nuevos nacionalizados puedan censarse en cualquier provincia y votar en las próximas elecciones. Más aún, un 26,8% considera que la llamada ley de nietos se está utilizando para alterar los censos electorales e influir en el resultado de los próximos comicios.
De acuerdo con las prospecciones y extrapolaciones de datos que se han realizado, el incremento del censo electoral, en un volumen como el que se desprende de las nuevas nacionalizaciones y presuponiendo que la mayoría de ellas ejerciera el derecho de sufragio, podría modificar los resultados de entre 14 y 16 provincias, aquellas en las que el último escaño se adjudica por un margen estrecho de votos.
En los extremos del abanico político, los votantes de Vox y Sumar son los más radicales, y en sentido opuesto, en relación con la ley. Los electores del partido de Santiago Abascal la rechazan masivamente -79,5%-, un porcentaje que asciende al 83,8% cuando se pronuncian en contra del derecho al voto de las personas afectadas y llega al 85,5% entre los que piensan que es una maniobra de ingeniería electoral para influir en las urnas. Por el contrario, los votantes de Sumar apoyan la norma en un 84,8%; el 66,4% está de acuerdo en que puedan votar y el 82,1% considera que con esta ley se ejerce justicia y se restauran derechos.
En paralelo a todas estas opiniones está la posición de los partidos y no es un secreto que el PPestá en alerta por el aumento que está experimentado el censo de votantes en el exterior. Precisamente ayer, el principal partido de la oposición desplegó una ofensiva sobre el Gobierno con una batería de preguntas por escrito para indagar el caso concreto de la Comunidad de Madrid, donde se concentra el mayor número de nuevos inscritos con una subida que alcanza el 30,4% en tan sólo tres años.
En las preguntas del portavoz adjunto y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se cuantifica que el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) ha superado los 2,7 millones de electores. En el caso de la Comunidad de Madrid son ya 492.076 votantes. Desde mayo de 2023, la cifra actual ha aumentado en 114.815 personas, lo que significa que ahora hay un 30,4% más. Esto para los populares es un crecimiento «especialmente llamativo». Por eso, ahonda el PP, quiere saber por qué el CERA de Madrid crece a un ritmo que duplica sistemáticamente al de Barcelona.
El PP pide al Gobierno información sobre cuántas de las nuevas inscripciones proceden de adquisiciones de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y qué supuestos se dan por otros motivos. Fuentes populares apelan a garantizar que el censo es «fiable, verificable y esté correctamente asignado».