- JAMIE SMYTH
Los analistas advierten que el acuerdo podría no lograr atraer la inversión de grupos estadounidenses, pero sí desestabilizar a la presidenta interina del país.
Donald Trump afirmó que su plan para tomar el control de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano tenía múltiples objetivos: aumentar las reservas petroleras estadounidenses, atraer inversiones al deteriorado sector energético de Venezuela y reducir los precios de la gasolina para los estadounidenses.
Sin embargo, el inusual acuerdo con el Gobierno interino venezolano, anunciado en redes sociales el viernes sin muchos detalles, tendría escaso impacto en los precios del combustible durante años y presenta riesgos financieros y legales para las empresas que deseen beneficiarse de él, según los analistas.
Los expertos advierten que si el acuerdo intensifica la sensación en Venezuela de que el Gobierno estadounidense está explotando sus recursos naturales, también podría provocar una reacción política adversa que desestabilice a la presidenta interina Delcy Rodríguez, socia clave de la Administración Trump.
"El objetivo de Estados Unidos es eliminar el riesgo para la inversión privada a largo plazo, pero los importantes riesgos políticos tanto en Washington como en Caracas limitarán el impacto del plan", advierte Bob McNally, fundador de la consultora Rapidan Energy Group. Suponiendo que el acuerdo superase el "filtro legal" una vez publicados todos los detalles, un nuevo presidente estadounidense en 2029 "lo reconsideraría al menos, cuando no lo rescindiría", expone.
"Un sucesor demócrata del presidente Trump bien podría preferir reorientar enfoques de capitalismo de Estado como este alejándolos del petróleo y dirigiéndolos hacia las energías renovables, y cancelarlo. E incluso si un sucesor republicano optara por apoyar el marco de inversión, un futuro régimen venezolano podría decidir romperlo, como ya ha hecho en dos ocasiones", afirma McNally.
En virtud del acuerdo, Washington planea adquirir una participación del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada dirigida por Alejandro Betancourt, un controvertido empresario venezolano propietario de la segunda mayor petrolera privada del país. Esto otorgaría a Estados Unidos el derecho a comprar, al coste de producción, un 20% garantizado de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros operados por la empresa.
Washington también tendría derecho de preferencia para comprar el 80% restante de la producción, a fin de garantizar el suministro en situaciones de emergencia.
Según un documento informativo de la Casa Blanca, NABEP planea otorgar licencias o establecer empresas conjuntas con grupos energéticos para desarrollar 17 yacimientos petrolíferos venezolanos mediante concesiones de 100 años.
La Casa Blanca afirmó que "la mayoría de los yacimientos petrolíferos adicionales que operará NABEP" habían estado previamente controlados u operados por grupos rusos y chinos.
La intención de crear una empresa privada respaldada por Estados Unidos, que contaría con las segundas mayores reservas de petróleo entre las empresas privadas de todo el mundo, sólo por detrás de Saudi Aramco, sorprendió a la industria petrolera estadounidense, que no fue informada del plan antes del anuncio de Trump.
Los tres mayores grupos petroleros estadounidenses, ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron, se abstuvieron de pronunciarse sobre el acuerdo, que busca superar la reticencia de las empresas estadounidenses a invertir capital en un país que ha expropiado miles de millones de dólares en activos estadounidenses en las últimas décadas.
Además de los riesgos políticos que implica invertir en un país donde el ejército estadounidense llevó a cabo una operación en enero para capturar al expresidente Nicolás Maduro, existen obstáculos técnicos y financieros para la explotación del petróleo venezolano. La mayor parte de los recursos del país son petróleo pesado, un crudo extra denso y viscoso que no fluye con facilidad y que requiere equipos y habilidades especializadas para su producción.
"La inversión requerida es enorme, potencialmente cercana a los 100.000 millones de dólares (86.200 millones de euros) a lo largo del tiempo, porque el problema no se limita a la perforación de pozos. Venezuela necesita sistemas de recolección, oleoductos, energía, capacidad de mejora, diluyentes, logística y la rehabilitación de una infraestructura gravemente deteriorada", explica Schreiner Parker, socio del grupo de investigación Rystad Energy.
Añade que podría llevar 10 años desarrollar los 17 yacimientos petrolíferos contemplados en el acuerdo e incrementar la producción petrolera del país en aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios, lo que significa que cualquier beneficio para los consumidores estadounidenses a través de precios más bajos de la gasolina y el diésel es una perspectiva lejana.
Venezuela produce alrededor de 1,12 millones de barriles de petróleo al día, una fracción de los 3,5 millones de barriles diarios que bombeaba en su momento álgido en la década de 1970 y menos de una décima parte de la producción estadounidense, que asciende a 13,8 millones de barriles diarios.
Unos pocos inversores extranjeros en la industria petrolera continental venezolana han mostrado disposición a expandir sus operaciones existentes, siempre y cuando Caracas mejore su régimen fiscal y de regalías. Se espera que esta semana Chevron anuncie la expansión de sus operaciones petroleras en Venezuela —una decisión alcanzada al margen del nuevo acuerdo de Trump—, pero atraer nuevos inversores al país sigue siendo difícil debido a los desafíos que implica operar allí y a las oportunidades menos arriesgadas presentes en otros lugares.
Un inversor estadounidense que visitó recientemente Venezuela para explorar posibles inversiones explica a Financial Times que su interés en el país está disminuyendo: "Se trata menos de la política y más de las oportunidades que percibí, así que la recompensa no compensaba el riesgo".
Pero la dimensión política en torno al acuerdo entre Washington y Caracas es compleja y podría disuadir a los posibles inversores si no confían en que la situación se mantenga a largo plazo.
Altos políticos demócratas ya han criticado duramente el acuerdo, calificándolo de "corrupción a gran escala", e indicando que si el partido gana las elecciones de mitad de mandato en noviembre, lo examinarán minuciosamente.
"Seamos claros: esto no es una victoria. Esto demuestra que Trump puso en riesgo a nuestros militares para conseguir petróleo venezolano para sus amigos multimillonarios", afirma Chris Van Hollen, senador por Maryland.
Algunos expertos advierten que el acuerdo contraviene la Constitución venezolana y señalan que la participación de Betancourt, quien ha enfrentado investigaciones en Suiza por blanqueo de capitales, como socio en la empresa podría ahuyentar a los inversores.
"Me cuesta entender cómo es posible que otorgarle a Betancourt o al Pentágono un papel central en la gestión de importantes reservas petroleras sea de interés nacional para Venezuela", sostiene Ricardo Hausmann, economista de Harvard y exministro de Planificación del Gobierno venezolano a principios de la década de 1990.
El fantasma de una nueva era de neocolonialismo en Venezuela planteado por el acuerdo de Trump ya ha generado tensiones en las calles de Caracas, donde grupos de izquierda se manifestaron el sábado contra la "tutela" estadounidense de Venezuela. Figuras de la oposición también han criticado el acuerdo.
Elías Ferrer, fundador de Orinoco Research, afirma que la forma en que Trump anunció el acuerdo, como si Estados Unidos fuera a ser dueño de las reservas venezolanas, causará más problemas a Caracas.
"Está generando una reacción adversa. Creo que no se materializará en algo importante este año, pero con el tiempo se convertirá en un resentimiento dirigido no sólo contra Delcy Rodríguez, sino también contra Trump y Estados Unidos".
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