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Putin refuerza su seguridad personal y apuesta por escalar la guerra en Ucrania aunque agrave la crisis de combustible

Putin refuerza su seguridad personal y apuesta por escalar la guerra en Ucrania aunque agrave la crisis de combustible
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El presidente ruso amplía por decreto su escolta mientras aumentan las colas en las gasolineras y su aprobación oficial cae 12 puntos en seis meses. Más información: Putin acusa a Ucrania de "agitar a la sociedad" de Rusia con sus ataques con drones mientras ordena racionar el combustible

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, junto a la Tumba del Soldado Desconocido, situada junto a la muralla del Kremlin. Alexander Zemlianichenko Reuters

Europa Putin refuerza su seguridad personal y apuesta por escalar la guerra en Ucrania aunque agrave la crisis de combustible

El presidente ruso amplía por decreto su escolta mientras aumentan las colas en las gasolineras y su aprobación oficial cae 12 puntos en seis meses.

Más información:Putin acusa a Ucrania de "agitar a la sociedad" de Rusia con sus ataques con drones mientras ordena racionar el combustible

Publicada 10 julio 2026 02:52h Las claves

Las claves Generado con IA

Vladímir Putin no contempla, por ahora, negociar la paz con Ucrania. Tres fuentes próximas al Kremlin consultadas por la agencia Reuters sostienen que los recientes ataques con drones ucranianos en el interior del país han reforzado la convicción del presidente ruso de mantener el esfuerzo bélico.

Dos de esas fuentes, que prefirieron no ser identificadas, apuntan incluso a un escenario de mayor escalada en los próximos meses. Una de ellas, con acceso habitual al jefe del Kremlin, asegura que existe una "alta probabilidad" de que Moscú intensifique la presión militar en el frente.

Según una persona conocedora de las deliberaciones internas del Kremlin citada por Reuters, Putin se mantiene firme en su objetivo de conquistar la totalidad del Donbás, aunque el avance de las tropas rusas se haya ralentizado a lo largo del año.

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La misma fuente afirma que el presidente ruso llegó a reprender recientemente a varios asesores que le plantearon explorar un alto el fuego sobre las actuales líneas de combate como punto de partida para una negociación, y otra sostiene que Putin está convencido de que Rusia acabará imponiéndose y tomará el control completo del Donbás en un futuro próximo.

Los ex altos cargos rusos que hablan con The Economist bajo anonimato coinciden en subrayar un cambio sutil pero significativo en el lenguaje del aparato de Estado: los cuadros técnicos han dejado de usar el "nosotros" cuando se refieren a las decisiones presidenciales y han empezado a hablar en tercera persona, "él hace", "él decide", "él ordena".

Es una despersonalización que, en cualquier sistema autocrático, precede a la ruptura interna, porque supone que las élites empiezan a percibir al líder como una entidad separada de sí mismas y, por lo tanto, prescindible.

El caso paradigmático es el de Serguéi Shoigú, antiguo ministro de Defensa y amigo personal de Putin durante dos décadas, identificado por los informes de inteligencia europea filtrados en mayo como principal "factor de riesgo de golpe" dentro del régimen.

Puestas todas estas piezas sobre el tablero, el decreto del 1 de julio deja de parecer una nota burocrática y se convierte en un serio aviso.

Putin y Shoigu en sus vacaciones de pesca en Siberia. EPA

Putin no visita ni una sola instalación militar desde que empezó 2026, los medios estatales emiten metraje pregrabado para simular una normalidad presidencial que ya no existe, ningún diputado de la Duma fue invitado al Desfile de la Victoria del 9 de mayo por miedo a un ataque con drones, y el aparato central del FSO se refuerza fuera del calendario habitual porque el "zar" no puede esperar a enero.

El Kremlin actúa como si supiera que el problema ya no está fuera sino dentro, y como si la protección de una sola persona se hubiese convertido en la principal política de Estado.

No hay que olvidar que los grandes cambios históricos rusos han venido, casi siempre, tras derrotas militares parciales cuya factura se traducía en penuria material: la revolución de 1917 llegó tras las colas de pan y las derrotas de Tannenberg; el colapso soviético de 1991 llegó tras las colas de todo y el fracaso afgano.

En ambos casos, la ruptura de base no la iniciaron los generales ni los disidentes, sino la ciudadanía anónima esperando en una interminable fila.

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Los rusos de 2026 ya están esperando en esa fila y su líder ya está en el búnker. La brecha entre unos y otros es tan visible que ni siquiera los datos oficiales alcanzan a disimularla.

Puede que Putin resista todavía meses, quizá años; los sistemas autocráticos suelen aguantar más de lo que sus enemigos anticipan. Pero el contrato social putinista, tal como se conoció durante veinte años, se ha roto durante esta última semana en cientos de gasolineras sin que tenga pinta de que nadie lo vaya a poder recomponer.

Crisis de combustible

Hay momentos que resumen una época mejor que cualquier informe estratégico, y esta última semana en Rusia ha dejado tres particularmente elocuentes.

El primero es un vídeo viral, titulado con feroz ironía "El máximo lujo 2026", en el que un hombre echa gasolina a un cortacésped mientras pregunta a la cámara: "¿Quién puede permitirse hoy semejante ostentación?".

El segundo es la sucesión de peleas filmadas en gasolineras de Rostov, Moscú y Sebastopol durante el fin de semana.

El tercero, probablemente el más devastador, es la firma de un decreto publicado el 29 de junio en el portal oficial de actos jurídicos rusos, y que entró en vigor el pasado miércoles, por el cual Putin amplía por cuarta vez desde el inicio de la guerra el aparato central del Servicio Federal de Protección, que queda ahora en 812 agentes.

Putin le da la mano al gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháyev. Reuters

En su conjunto, estos tres momentos dibujan un cuadro preocupante para el Kremlin. Mientras el ciudadano ruso hace cola durante horas para pagar la gasolina a precio europeo, el presidente que le llevó a esta guerra amplía su propia burbuja de seguridad hasta niveles no vistos en trece años.

Ni siquiera lo hace en enero —como había hecho las anteriores tres veces desde febrero de 2022— sino a mitad de año, señal inequívoca de que algo, no sabemos el qué, se está acelerando.

El sistema, tras cuatro años resistiendo con relativo éxito el aislamiento internacional, empieza a resquebrajarse por dentro; y sus dos puntos de fractura son simétricos: los de arriba, cada vez más aislados; los de abajo, cada vez más furiosos.

Antes de la invasión, el aparato central del FSO —la unidad encargada de la protección personal del presidente, su familia y el primer ministro— contaba con 725 agentes, cifra inalterada durante casi trece años.

En cuatro años y medio de guerra, Putin ha ampliado esa plantilla cuatro veces: a 760 al terminar 2022, a 775 al comenzar 2024, a 785 al comenzar 2025 y ahora a 812 en pleno julio.

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La cifra bruta —veintisiete agentes más— parece modesta, pero su interpretación, tal como la resumió el medio ruso independiente Verstka —primero en localizar el borrador y cuya información recogieron después Novaya Gazeta Europe y el Financial Times—, no admite dudas: Putin cierra filas alrededor de sí mismo cuando la calle se le desborda.

Colas, peleas y racionamiento

El detonante inmediato de esa desazón es hoy la gasolina.

Los ataques ucranianos con drones de largo alcance sobre las refinerías rusas, intensificados desde mediados de junio, han inutilizado, según estimaciones de la consultora Macro-Advisory recogidas por la cadena catarí Al Jazeera, un tercio de la capacidad total de refinado del país.

La producción de gasolina ha caído aproximadamente un 17% desde marzo, y en muchas regiones del sur y del este, desde Crimea a la frontera de Siberia con Mongolia, las autoridades han impuesto racionamientos de veinte o treinta litros por vehículo.

Las consecuencias se pueden observar a simple vista: las búsquedas en Yandex —el buscador ruso por excelencia— de la expresión "cómo sifonar combustible" se han disparado desde las 697 mensuales de mayo hasta las más de nueve mil de la última semana de junio.

Putin reúne a sus ministros en el Kremlin. Reuters

Los precios mayoristas acaban de registrar su mayor subida semanal desde julio de 2025, y en algunas estaciones de zonas desabastecidas, se paga el equivalente a 2,42 dólares por litro, más que en la propia Alemania. En Sebastopol, los precios subieron un treinta por ciento en una sola semana, según Rosstat.

El propio Putin tuvo que reconocerlo, con un tono inusualmente franco, durante una reunión el domingo con directivos de las petroleras: "Desafortunadamente, sigue habiendo colas en las gasolineras y encontrar el tipo correcto de gasolina no siempre es fácil; los problemas persisten tanto para conductores como para empresas".

Newsweek lo calificó de "admisión poco habitual", y sin duda lo es: en cuatro años de guerra, el "zar" no había reconocido públicamente ninguna dificultad interna con esta claridad.

El viceprimer ministro, Alexander Novak, encargado del sector energético, planteó unos días antes la prohibición total de exportación de diésel, tras haber prohibido ya la de la gasolina y el queroseno.

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Rusia, uno de los mayores productores mundiales de crudo, se plantea importar combustible. La escena tiene algo de kafkiano y algo, sobre todo, de antecedente peligroso: los sistemas autocráticos empiezan a reconocer sus crisis reales precisamente cuando estas se han salido por completo de control.

El fantasma del contrato social

El malestar por el combustible se inserta en un cuadro más amplio que las encuestas van dejando meridianamente claro.

Gallup publicó el pasado 30 de junio los resultados de su sondeo anual sobre la percepción económica en Rusia, y los datos son los peores desde que la firma empezó a preguntar hace veinte años: el 60% de los rusos considera que la economía está empeorando —récord absoluto— y sólo un veintisiete por ciento opina que mejora.

La aprobación oficial del presidente, medida por la fundación estatal FOM, ha caído del 77,8% con el que arrancaba enero al 65,6% de mayo —más de doce puntos en seis meses—, y una encuesta de Levada de febrero cifraba en apenas un 41% la proporción de rusos que dice tener ingresos por encima del mínimo vital.

La 'influencer' rusa Victoria Bonya RRSS

El descontento, además, ha empezado a escalar por lugares insospechados.

La influencer moscovita Victoria Bonya, residente en Mónaco y en principio afín al régimen, publicó a mediados de junio un vídeo de dieciocho minutos en Instagram en el que interpelaba directamente a Putin sobre la desconexión entre la televisión oficial y la vida cotidiana; la pieza acumuló 32 millones de visualizaciones antes de que el propio presidente se viera obligado a mencionarla.

Peter Dickinson, editor de UkraineAlert en el Atlantic Council, lo resumió así: "Al ocultar sus misiles el 9 de mayo y esconderse él mismo en una constelación de búnkeres subterráneos, Putin ha reconocido tácitamente que ya no puede garantizar la seguridad ni en su propia capital".

Es, en el fondo, el problema que sintetiza todo lo demás. El contrato social del putinismo, tal y como quedó forjado tras la crisis chechena y las bonanzas petroleras de la primera década del siglo XXI, prometía a los rusos una fórmula sencilla: se toleran los sacrificios ahora —restricción de libertades, ausencia de alternancia política, austeridad episódica, etc.— a cambio de estabilidad, prestigio y prosperidad material.

Ese contrato funcionaba mientras los sacrificios fueran razonables y los réditos visibles.

En el verano de 2026, los sacrificios son ya extraordinarios y los réditos, sencillamente, inexistentes: treinta mil bajas militares rusas al mes según estimaciones occidentales, un IVA subido del 20 al 22% en enero, ingresos por gas y petróleo caídos un 45% en el primer trimestre, y ahora colas de horas en un país que es el tercer productor mundial de crudo.

La ecuación no cuadra por ningún lado.

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