El sismógrafo de Ferraz recoge vibraciones intensas. La energía liberada en el PSOE por el enfado con la gestión por los casos de acoso sexual de cargos de la formación escala a cotas muy altas. El goteo permanente de denuncias -entre las últimas, contra Toni González, figura importante del socialismo valenciano y número dos en la provincia de Valencia- y dimisiones, como la de secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, han generado una atmósfera de "abatimiento" y "tristeza" en el seno de la formación, según confiesan varias personas del partido.
El hastío y la irritación vienen generados, sobre todo, por la "mala" gestión que se ha hecho de estos casos. Por ejemplo, José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, tras días de silencio admite ahora que ya conocía desde octubre el presunto acoso sexual de José Tomé. O el hecho de que Ferraz, en el caso Salazar, tardara cinco meses en contactar con las víctimas tras sus denuncias, y sólo lo hiciera cuando ellas acudieron a los medios para denunciar el silencio. Situación similar a la que sufrió la víctima de Torremolinos, que ante la desatención decidió acudir ella misma a la Fiscalía.
A nivel interno, nadie esconde que estos casos, se han gestionado "muy mal". Incluso voces de peso en el PSOE reconocen en privado que ha faltado "empatía" y "sensibilidad" con las víctimas. Entienden que hay un protocolo establecido, pero que "no todo puede ser un tema reglamentario". Echan en falta "haber sido más sensibles". Así, fuentes al más alto nivel consideran que sólo es posible salir de una crisis tan grave como la que atraviesa el partido con "contrición y transparencia". Porque la pregunta que se hacen mujeres y hombres es cómo es posible que una vez que las víctimas dieran el paso para denunciar no se hiciera nada. "Ha habido un error de no haber medido los tiempos"; "No se puede tardar cinco meses en contactar con las víctimas...", son críticas generalizadas.
De hecho, empiezan a ser voces autorizadas las que muestran su disconformidad con cómo se ha procedido. Para María Chivite, presidenta de Navarra y líder de los socialistas en esta comunidad, la actuación de su partido "no ha sido ni todo lo rápido ni todo lo contundente que debiera" y cree que "una disculpa hacia las víctimas es necesaria". Carlos Martínez, secretario general en Castilla y León, mostró su "hartazgo y asco" ante la situación.
Más dura y directa contra Pedro Sánchez fue Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, para quien el presidente del Gobierno y secretario general socialista tiene que "asumir responsabilidades" en primera persona: "Me cuesta muchísimo pensar que era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más cercanas. Lo que no puede hacer es poner a las compañeras de parapeto".
Esa sensación de orfandad es la que trata de paliar ahora el PSOE. Buscan centrar el mensaje en las víctimas. "Lo primero, las víctimas, estar a su lado. Es una de las conclusiones que hemos sacado", constató Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, tras la reunión vespertina con las responsables de este área del partido, más tranquila que la de hace una semana. "Se ha hecho autocrítica y se ha prometido una reforma del protocolo", señalan asistentes. Una imagen retrata el difícil momento para los socialistas: Bernabé, tras atender a los medios, regresa al interior de la sede de Ferraz, donde es abrazada y consolada por compañeras.
La crisis y la rebelión interna es de tal calado que a la dirección nacional no le queda más remedio admitir que el partido está ante "un antes y un después". Porque, como reconocen fuentes socialistas al más alto nivel: "Los temas de feminismo son los que más nos penalizan".
En el caso concreto de Francisco Salazar, persona de máxima confianza de Pedro Sánchez en La Moncloa y en Ferraz, fuentes socialistas explican que desde julio trataron de contactar con él, pero que no les fue posible. Cabe recordar, sin embargo, que el ex alto cargo sí contactó con la ministra Pilar Alegría para almorzar juntos. Un encuentro que la portavoz del Gobierno califica de "error que nunca debió producirse".
El caso Salazar se ha saldado, tras el informe elaborado por el Órgano contra el Acoso, con la imputación de una "falta muy grave", pero el partido no irá a la Fiscalía, dejando en manos de las víctimas esta decisión. Esta posición sigue siendo fruto de discrepancias internas. Desde algunas federaciones, como la de Asturias, siguen manteniendo que el partido debe llevar a la Fiscalía las denuncias de acoso contra Francisco Salazar.
El propio el protocolo contra el acoso del PSOE recoge que "en los supuestos de denuncia procedente -como es el caso-, cuando los hechos aparentemente pudieran revestir el carácter de delito conforme al código penal serán traslados al Ministerio Fiscal, si no hubieran sido ya denunciados ante este o los Juzgados penales, para que este valore, en su caso, la pertinente querella".
Respecto a la conclusión de atribuir una "falta muy grave" a Salazar, fuentes socialistas explican no tiene una correlación con el Código Penal, sino que simplemente se trata de la sanción prevista en los Estatutos de la formación. Entonces, ¿qué supone esto para Salazar? Simplemente se le veta la posibilidad de volver a ser militante del PSOE.
Ferraz trata de encapsular esta grave crisis, que supone una movilización interna pocas veces conocida, como un problema de tiempos y de fallos del protocolo, poniendo ahí el foco y no en los comportamientos. "Requiere de una revisión serena y especializada".
Fuentes socialistas dan "por descontado" que el goteo de casos de acoso seguirá. Ayer mismo dimitió y se dio de baja como militante Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba).