El plan para legalizar inmigrantes aprobado por el Gobierno a petición de Sumar se convierte en arma arrojadiza con la oposición
Jueves, 2 de abril 2026, 02:00
... y que debía iniciar su andadura desde el 1 de abril, sufrirá un retraso de «varias semanas» derivado de problemas administrativos. Una regularización tan compleja realizada en condiciones de urgencia e improvisación por discrepancias en el seno del Gobierno de coalición, que no ha podido superar, en el plazo de unos pocos meses, las dificultades de coordinación entre los diferentes organismos implicados por la falta de planificación e información con que se aprobó en el seno del Ejecutivo. Dentro de la administración ya se han alzado voces denunciando la falta de medios y el peligro de colapso en las oficinas de extranjería y la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional por la incertidumbre que rodea el proceso y la desinformación de los propios funcionarios para atender al aluvión de cuestiones que plantean los inmigrantes que pretenden acogerse a la regularización. A las dificultades administrativas propias hay que añadir la advertencia lanzada por Bruselas de que el permiso de residencia otorgado en España no será un cheque en blanco de libre movimiento por la UE. Los organismos comunitarios están expresando serias reservas sobre el impacto que puede tener en otros países y el Comisario de Interior ya ha anunciado que si un inmigrante legalizado en España fuera localizado en otros países de la Unión, será devuelto a España, que deberá asumir los costes de la repatriación. La falta de coordinación del Gobierno español con el resto de estados miembros, antes de aprobar la regularización masiva, supone una quiebra en lo que debía ser una política migratoria común y armonizada. Las tensiones también se han extendido a los partidos de la oposición, que ven con preocupación los inconvenientes en materia de asimilación por los servicios públicos de sanidad, educación, y vivienda, de una avalancha de demandas en un pequeño lapso de tiempo. A juicio de la oposición también puede suponer un incremento de la inseguridad el hecho de que la sola presentación de un certificado de antecedentes penales (no policiales) sea suficiente para obtener la regularización y el permiso de residencia. El Gobierno relativiza esta problemática acusando al partido de Feijóo de adherirse al discurso de Vox que relaciona inmigración e inseguridad y recuerda que Ejecutivos del PP también aprobaron regulaciones similares.Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
Iniciar sesión Más información¿Tienes una suscripción? Inicia sesión