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El nuevo operador de bus de Renfe nace con 60 de las 76 rutas nacionales vencidas o a punto de vencer.
Las empresas de autobuses han bautizado de Enatcar II al operador de autobuses promovido por Renfe para atender los servicios de transporte alternativos al tren, en referencia a la antigua empresa estatal de autobuses que fue privatizada en 1998.
La operación de Renfe, que el grupo ferroviario estatal pretende completar este mismo año de la mano de una empresa privada de autobuses, ha desatado una fuerte oposición entre casi todas las grandes y pequeñas firmas de movilidad que, además, se encuentran sometidas a otro tipo de incertidumbres sobre su modelo de negocio.
Entre esos retos figura la actual red de concesiones de transporte regular que depende del Ministerio de Óscar Puente. Son 76 rutas que generan más de 400 millones de euros de cifra de negocio anual, de las que 60 se encuentran vencidas desde hace décadas o están a punto de hacerlo este mismo año.
Para entender la dimensión del problema al que se enfrenta el Ministerio de Transportes, las líneas regulares estatales facturaron el año pasado 414 millones de euros, de los cuales el 92% proviene de contratos vencidos. El mayor contratista es Alsa, con 22 concesiones de las que 19 se encuentran vencidas. Samar conserva 11 concesiones (cinco caducadas). Avanza mantiene cuatro concesiones, la mitad vencidas.
Transportes ya ha elaborado un pliego, fuertemente criticado por la CNMC, opuesta frontalmente al modelo concesional y contraria a contratos con plazos de diez años que, en su opinión, limitan la competencia.
La gran mayoría de las empresas que operan esta red caducada de autobuses ve con recelo la operación de Renfe, salvo contadas excepciones. El temor al nacimiento de un competidor estatal de dimensiones nunca antes vistas (flota de 500 autobuses en propiedad), y el impacto de la empresa mixta sobre el actual mapa concesional y su demanda, ha provocado una tormenta sectorial que ya ha derivado en denuncias ante el Tribunal de Recursos Contractuales. Ni siquiera la patronal Confebus, que defiende los intereses de grandes grupos como Alsa, Avanza, Arriva, Ruiz y Moventis apoya la decisión del Gobierno.
"Estamos en contra y solicitamos que se desista de esta iniciativa, instando a que se opte por otras opciones como la creación de un acuerdo marco o de una licitación como se hace con el Imserso o el Ejército", dijo esta semana Rafael Barbadillo, presidente de la patronal.
La brecha abierta en el sector ha saltado fronteras. Multinacionales como la alemana Flixbus, contraria al modelo concesional, también se opone al movimiento de Renfe. En el sector sospechan que ha sido promovido por la alta dirección de la compañía estatal, procedente en su momento del grupo Avanza.
"No entendemos que el Ministerio se oponga al cabotaje porque supuestamente supone un problema para los concesionarios que operan en exclusiva, mientras que crear una empresa que prestará servicios compitiendo con las operadoras no les parece que afecte a dicha exclusividad", indican desde Flixbus.
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