Está claro que la crisis de Ceuta exige medidas extraordinarias; el problema es cuánto tiempo lleva necesitándolas, y cuánto tiempo más puede aguantar la ciudad sin ellas. El desalojo de las playas ha sido un amargo recordatorio de esto: todas las plazas en los campamentos del muelle se llenaron, pero los poblados chabolistas erigidos sobre la arena han seguido con la misma ocupación que al principio. Este diario informaba ayer, por otra parte, de la lentitud del proceso de triaje, tramitación de asilo y acogida de menores; una lentitud agravada por la falta de medios.
Uno puede entender el argumento que ha expuesto Vivas, según el cual distribuir a los inmigrantes por otras comunidades autónomas mientras se resuelven sus expedientes incentivaría nuevas llegadas masivas. También puede compartir la exigencia de que se dediquen más recursos para acelerar la devolución, o recurrir a Europa para presionar a Marruecos. La cuestión básica es si los ceutíes se merecen seguir inmersos en una crisis que se resuelve con cuentagotas. Los plazos más realistas parecen, en este sentido, inasumibles.
Esta evidencia abre la puerta a una lógica atractiva, pero tramposa: lo urgente es resolver la crisis, y la exigencia de responsabilidades políticas debe quedar para otro momento. Altura de miras, sentido de Estado, etcétera. Es un razonamiento que, en este punto de la etapa sanchista, enciende alarmas: se aceptó una lógica parecida con la pandemia y con la dana, y la asunción de responsabilidades nunca llegó -al menos, por parte del Gobierno-.
La cuestión es cómo se rompe esa lógica; y aquí la oposición podría ser más audaz. Feijóo podría ofrecer un sencillo trueque: colaboración en la salida que escoja el Gobierno a cambio de responsabilidades políticas. Las autonomías de los populares, por ejemplo, aceptarían acoger a los inmigrantes mientras se resuelven sus expedientes, y a cambio Sánchez cesaría a su ministro del Interior, a su ministra de Defensa y a su ministro de Exteriores. Los populares también podrían exigir la dimisión del propio presidente, pero tiene más sentido que sean los ciudadanos quienes, llegado el momento, decidan sobre ese cese. Los ministros, en cambio, son algo muy distinto: Sánchez lleva ocho años nombrándolos y cesándolos. Y ninguno cayó por algo que fuese la mitad de grave que la crisis de Ceuta.
La respuesta habitual a este tipo de propuestas es que Sánchez nunca aceptaría un acuerdo así, de modo que no vale la pena molestarse. Pero parte de la labor de oposición consiste en cuestionar los marcos envenenados que plantee el Gobierno. Y ese cuestionamiento se puede mostrar de muchas formas. No será que este Gobierno no ha cedido en cuestiones sustanciales con sus socios, y siempre lo justificó con el argumento de que, para mejorar la vida de los españoles, estaba dispuesto a buscar votos hasta debajo de las piedras. Uno pensaría que este es un gran momento para ponerse, efectivamente, a removerlas. Pero la idea no es plantear jugadas políticas que expongan las miserias del Gobierno. La propuesta de cooperación a cambio de responsabilidad es, sobre todo, justa y defendible en sí misma. Y si no sale adelante, habrá sido justo y defendible plantearla. También en la política debemos recordar que una vez hubo algo parecido a la normalidad.