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Málaga
Domingo, 1 de febrero 2026, 00:09
... encuentran sin papeles en nuestro país es una buena medida. Por un lado, por humanidad, porque estas personas se encuentran en un limbo jurídico que les impide trabajar, que es lo que quieren realmente la inmensa mayoría de ellos. Me he acordado, por ejemplo, de Baba y de Abdul, dos senegaleses que están ganándose la vida por las calles de Málaga con sus cajas de cartón llenas de pulseras para poder pagar una habitación compartida y mandar algo de dinero a sus familias, que siguen en África. Ambos tenían ofertas de trabajo, pero no podían, porque los empresarios que los querían contratar no podían saltarse la ley, ya que ninguno de los dos tenían el permiso de residencia. Y es triste querer trabajar, tener posibilidad de hacerlo y no poderlo hacer porque la ley se lo impide. Hay que tener empatía con estas personas para entender la situación tan triste y dura por la que han tenido que estar pasando durante meses e incluso años. Además de la humanidad a la que hacía referencia, también hay que analizar el alivio económico que supone para las arcas del Estado, porque estos inmigrantes van a poder cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos.Que se tengan que hacer este tipo de regularizaciones masivas no es una situación ideal, pues lo recomendable es que existiera un sistema de cuotas con los países emisores de estos inmigrantes, pero se ve con el paso de los años que esto no resulta. Tampoco se lleva a cabo la expulsión de estas personas como contempla la propia ley cuando se detecta que están en situación irregular, más que nada por el gasto tan alto que supone su devolución, a lo que hay que unir el rechazo que se produce de sus respectivos países, que se niegan a acogerlos de vuelta. Es cierto que puede producirse un efecto llamada, pero no es agradable ni nada fácil para estos inmigrantes arriesgarse a venir a España y saber que pueden estar un mínimo de un año sin poder trabajar de manera legal en nuestro país. Piense usted si se arriesgaría a pasar por esa situación.
Lo que sí es criticable es el momento elegido por el Gobierno para aprobar esta medida, ya que se encuentra acorralado por el accidente de Adamuz y acaba de sufrir una nueva y sonada derrota parlamentaria en el Congreso, que le ha tumbado el decreto ómnibus que contemplaba, entre otras cuestiones, la aprobación de la subida de las pensiones. Por un lado, causa estupor que hayan sido cesados dos cargos de Adif por unos retrasos en la red Rodalies de Cataluña y que ante el accidente en la línea de alta velocidad en la que han fallecido 46 personas no haya dimitido absolutamente nadie, empezando por el ministro Óscar Puente, del que sabemos que maneja un vocabulario particular donde la palabra 'íntegramente' no significa lo que entendemos el conjunto de los españoles, salvo los enfervorecidos sanchistas, que los hay y muchos. El Gobierno quiere que esta tragedia quede en el olvido cuanto antes e incluso ya ha asumido su culpa cifrando en 210.000 euros las ayudas a las familias que han perdido a uno de sus seres queridos en el accidente. ¿Se puede valorar en 210.000 euros el fallecimiento, por ejemplo, del joven cardiólogo malagueño Jesús Saldaña? ¿De verdad? Por fortuna, esto no lo va a decir ni Puente, ni Sánchez, sino que será un juzgado el que determine la cuantía de las indemnizaciones. En cuanto a la subida de las pensiones, resulta grosero culpar a la oposición por no querer aprobar el decreto cuando en el mismo se colaba por la puerta de atrás, entre otras cosas, el amparo que se da a los caraduras que se meten en cualquier casa como inquilinos y luego no pagan a sus propietarios amparados en su vulnerabilidad, vulnerabilidad que traspasan a los dueños de estos inmuebles. La ciudadanía ya está harta de este tipo de injusticias, por lo que hace bien la oposición en no caer en este trágala del Gobierno, que no ha dudado en jugar con los jubilados para sus sibilinas intenciones de hacer caer en el olvido las responsabilidades que deben asumirse ante la tragedia de Adamuz.
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