Sánchez y Cerdán, durante la última investidura en el Congreso.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Sólo la dimisión de Sánchez podría redimir al PSOE Publicada 4 junio 2026 02:48hLas nuevas revelaciones del sumario del caso fontanera, desentrañadas este miércoles por EL ESPAÑOL, invalidan definitivamente la estrategia del cortafuegos que está intentando trazar Pedro Sánchez.
Porque la implicación de la cúpula de la Guardia Civil en estas maniobras de sabotaje judicial invalida por completo el intento de circunscribir la trama a la figura de Santos Cerdán como director único.
Dos agentes han testificado que el exdirector general, Leonardo Marcos, designado por Fernando Grande-Marlaska, ordenó "no ser proactivos" contra la corrupción del PSOE y exigir un informe exculpatorio para el hermano del presidente, David Sánchez.
A esto se suman al menos tres reuniones de Leire Díez con la actual directora general del cuerpo, Mercedes González, también nombrada por Marlaska, para instigar expedientes disciplinarios contra los propios investigadores de la UCO.
¿Qué competencias podía tener el exsecretario de Organización del PSOE sobre el instituto armado para dar órdenes operativas a la cúpula policial?
Pese a la contundencia de estos datos objetivos, el PSOE ha emitido este miércoles un comunicado estrambótico que refleja el estado de desquicie en el que se encuentra la organización.
El texto califica los hechos investigados como una mera "suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos", sosteniendo que el partido nunca estuvo implicado como institución.
Pero los datos del sumario contradicen la teoría de las manzanas podridas.
No sólo el ex número dos de Sánchez en el partido ejerció el rol principal en la organización. El sumario involucra también a la actual gerente del partido, investigada por autorizar notas de encargo falsas y facturas simuladas para financiar la logística de la red.
Al miembro de la Ejecutiva Federal arropado públicamente por Sánchez hace apenas unos días, Juanfran Serrano, encargado por Leire de buscar empleo a la mujer que denunció al fiscal Grinda con la orden de que fuera "obediente".
Y, tangencialmente, a Antonio Hernando, miembro del Gabinete de la Presidencia y presente en las reuniones en Ferraz con la fontanera que siguieron a los "cinco días de reflexión", señalado como el enlace directo con el Gobierno; y a Ion Antolín, exsecretario de Estado de Comunicación, sospechoso de haber gestionado los pagos de la estructura.
Afirma el comunicado que la trama utilizó el nombre del PSOE "en vano".
Pero lo que los informes de la UCO recogen es que no habrían usado sólo el nombre, sino también la propia sede central de Ferraz para mantener reuniones, así como los fondos contables de la organización.
La UCO ha acreditado el desvío de 18.125 euros de la campaña de las elecciones europeas de 2024 para pagar a una periodista a cambio de audios confidenciales sobre las saunas vinculadas al suegro del presidente del Gobierno.
La nota del PSOE insiste en que estos actores actuaron en "beneficio propio".
Pero cabe preguntarse qué beneficio personal u orgánico obtenían los fontaneros del partido al arriesgar su situación penal para destruir pruebas y presionar a los tribunales.
La respuesta la ofrece la propia UCO de forma literal en sus conclusiones: la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente".
Este sumario dibuja la mayor historia de corrupción del Estado de derecho en la historia de la democracia española.
Porque en este procedimiento convergen de manera simbiótica todos los escándalos que salpican al PSOE: el uso de cloacas del partido; los negocios del entorno familiar del presidente; las investigaciones a su esposa y su hermano; la presunta financiación irregular del PSOE y su vinculación con los fondos opacos procedentes tráfico de crudo venezolano por el que también se investiga a José Luis Rodríguez Zapatero; y el uso fraudulento de la estructura de la SEPI.
Tanto la propia trama de obstrucción a la Justicia como la posterior respuesta del presidente, atrincherándose y desacreditando la labor judicial y policial, devuelven la imagen de un presidente con un apego patológico al poder.
Sánchez se muestra dispuesto a continuar en el cargo como si no ocurriera nada, mientras todo se desmorona a su alrededor.
En esta estrategia de bunkerización, el presidente ya sólo puede contar con el respaldo de sus fieles más radicales, como Óscar Puente u Óscar López. El intento de este por invertir la carga de la prueba, acusando al Partido Popular de espionaje, es sintomático de que la guardia pretoriana de Sánchez ha perdido el oremus.
A este paso, como ha advertido Emiliano García-Page, el problema no es que el PSOE vaya a perder el Gobierno, sino que esta "bola de corrupción" terminará por "aplastar al partido". Prolongar esta situación reducirá las siglas históricas del socialismo a un reducto de títeres fanáticos.
En esta situación, sólo la dimisión de Sánchez podría salvar al PSOE. Es la única vía para salvar la organización de la demolición absoluta, y la única forma de devolver la dignidad institucional a España ante una degradación general que ya resulta insoportable.
La única explicación plausible al panorama detallado en el sumario es que esta maquinaria no brotó de forma espontánea en Ferraz, sino que fue Pedro Sánchez quien la organizó a través de su equipo de confianza.
Por eso, el riesgo de una imputación formal perseguirá al presidente como una sombra permanente. Bastaría con que uno solo de los implicados declare formalmente que el jefe del Ejecutivo conocía y ordenaba las maniobras.
Si Sánchez decide continuar esta batalla abierta contra los tribunales, el país se enfrenta a años de agonía judicial. Porque la dimensión penal de este proceso no se detendrá por el hecho de que sea desalojado del Gobierno.
Ni el PSOE ni España pueden seguir esperando a que el presidente dirima su batalla contra el Estado de derecho. Sánchez debe dimitir ya de todas sus responsabilidades como secretario general del partido y como jefe del Gobierno.