Decenas de marroquíes tratan de conseguir el certificado de penales el día que arranca la regularización en el consulado de Marruecos en Almería. Europa Press
Política Sánchez cifra los migrantes que serán regularizados en menos de 500.000 pero Extranjería dice que serán más del dobleUn informe de la Policía ya alertaba de que, pese al certificado de penales obligatorio, es "altamente improbable" detectar sentencias recientes y causas abiertas.
Más información: Sánchez ve la regularización masiva de inmigrantes como "un acto de normalización" clave para "la prosperidad" de España
Rubén Fernández Publicada 15 abril 2026 02:53h Las clavesLas claves Generado con IA
Lo decía Pedro Sánchez en su carta a la ciudadanía defendiendo la regularización extraordinaria y lo repetía más tarde la ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros que aprobó este martes el decreto: la medida beneficiará a medio millón de irregulares.
Esa es la cifra que repiten en el Gobierno desde que pactaron con Podemos la regularización. En concreto, calculan que serán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 en situación irregular los que consigan los papeles hasta el lunes 30 de junio, que es cuando se cerrará el plazo.
Sin embargo, un informe interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, fechado el 2 de febrero de 2026 y firmado por el comisario Alfredo García Miravete, elevaba la cifra de beneficiarios directos a 1.250.000 extranjeros, un 250% más que la estimación oficial del Ministerio de Inclusión y por encima de los 840.000 calculados por Funcas.
El informe sostiene que esta proyección se ampliará con familiares reagrupados y solicitantes de protección internacional que opten por la vía de regularización.
En las últimas horas, el Gobierno, tras el informe del Consejo de Estado, ha endurecido algunas medidas. De hecho, el texto final elimina la "declaración responsable" y exige de forma obligatoria un certificado de penales. Lo que alargará el proceso hasta octubre para aquellos que tendrán problemas burocráticos al obtenerlo.
Eso sí, si no lo presentan no serán expulsados, sino que se mantendrán en España de forma irregular.
El informe policial alertaba que, pese a remitir información del país de origen, es "altamente improbable" detectar sentencias recientes, así como causas abiertas que pasan inadvertidas o no han sido juzgadas.
El Consejo de Estado dictamina que el decreto de regularización masiva de inmigrantes debe ser "repensado y revisado"De ahí que anticipasen que la rápida incorporación de un gran volumen de población puede generar tensiones ciudadanas y favorecer "la posible entrada y consiguiente regularización de elementos potencialmente terroristas y otros vinculados al crimen organizado".
El informe de la Policía también afirmaba que si el país de origen no envía el certificado de penales, la norma permite suplirlo con una "declaración responsable". Algo que, al final, ha suprimido el Gobierno en el texto final, pese a las quejas de Sumar.
La Comisaría General de Extranjería ya anticipaba que no puede ser admitida "bajo ningún concepto" porque permite dar por buena la carencia de antecedentes "con la mera palabra" del solicitante.
La Policía detalla otros cuatro riesgos clave que puede traer esta regularización: un efecto llamada que las mafias ya explotan en redes sociales de terceros países, generando un mercado negro de documentos falsos para simular arraigo; movimientos desde otros Estados UE atraídos por requisitos laxos; saturación de servicios públicos como sanidad y educación; y tensiones en seguridad ciudadana.
En el PP ya llevan tiempo trabajando sobre este informe y, durante un discurso ante los senadores y diputados, Alberto Núñez Feijóo criticaba este martes la regularización por ser "inhumana, injusta, insegura e insensible".
Las cifras que manejan en Génova, como admitía Feijóo, van en línea con el informe policial y creen que superará de largo el medio millón.
El líder de la oposición criticó el plan de Sánchez, que "va en contra de las Cortes Generales y de Europa", y defendió que en España "tenemos derecho a controlar quién entra y cómo".