De todos los escándalos que salpican al PSOE, el más grave en términos democráticos es el caso Leire: el presunto intento de neutralizar causas e investigaciones policiales que afectas en políticamente al Gobierno. Es cierto que aquellos casos en los que se habría producido un enriquecimiento ilícito pueden alcanzar mayores cotas de inmoralidad y desfachatez. Pero los supuestos delitos de las cloacas de Ferraz afectarían a la médula misma de la democracia. Lo que se investiga es nada menos que el supuesto intento de torpedear -mediante el cohecho, el chantaje y un largo etcétera de ilegalidades- el funcionamiento del Estado de Derecho para crear nuevos espacios de impunidad. Todo con el amparo del principal partido que sostiene al Ejecutivo, y en beneficio de los intereses de quien es a la vez secretario general del PSOE y presidente del Gobierno.
El caso es que, siendo el más grave, este es el escándalo que menos le pueden reprochar a Sánchez sus socios parlamentarios. Y, por lo tanto, es el que menos debería hacer peligrar su continuidad en la Moncloa. La explicación es sencilla: desde hace ocho años, los partidos en los que se ha apoyado Sánchez para gobernar han buscado que el presidente neutralice sus propios problemas con la Justicia. Esto ha sido especialmente visible en la relación con quienes protagonizaron la crisis catalana de 2017, ERC y Junts, y en el rosario de decisiones gubernamentales que lleva desde los indultos a la amnistía, pasando por las modificaciones del Código Penal al gusto de los sediciosos.
Es cierto que Sánchez no ha sido exactamente la Leire de Junqueras y Puigdemont, sobre todo porque sus esfuerzos en beneficio de sus aliados se hicieron a plena luz del día y por cauces legales. A cambio, también en este plano se desvirtuaron aspectos esenciales de la democracia, al naturalizar la arbitrariedad y la impunidad por razones de conveniencia política -quien argumente que el objetivo no era seguir en Moncloa sino «pacificar Cataluña» debería plantearse si hay una cesión de Sánchez a los sediciosos, una sola, que no esté vinculada al voto de ERC y Junts en algún decreto, ley, presupuesto o investidura-. Y si bien los partidos que se beneficiaban de estas decisiones eran los del separatismo catalán, el resto de la coalición sanchista también las amparó. El proyecto de desarmar las consecuencias penales del procés contó con el apoyo entusiasta de Podemos/Sumar, Bildu, BNG... y con la aprobación explícita del PNV.
No es casualidad, en fin, que haya tal simetría entre el discurso del PSOE de estas semanas y el de sus socios de estos años. Los socialistas denuncian una turbia conspiración de un deep state franquista de la misma forma que los sediciosos lo hicieron después de 2017 -y los batasunos, siempre-. Por esto siempre resultó tan inverosímil la pretensión central de aquella moción de censura de la que ahora se cumplen ocho años: ¿cómo se iba a apoyar un proyecto de limpieza y regeneración institucionales en partidos que buscaban abiertamente desmontar el funcionamiento del Estado de Derecho y de la Constitución? Ese fue el pecado original del sanchismo, la inmensa contradicción entre los objetivos declarados de la moción y la naturaleza de los partidos en los que aceptó apoyarse para alcanzar el poder. Un pecado original, por cierto, que quienes ahora desean impugnar el sanchismo no deberían repetir. Ni siquiera con una moción instrumental.