Sánchez dice ahora que las madrileñas "no pueden ejercer" el derecho al aborto por Ayuso, pero los datos lo desmienten

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma de acuerdos de la XXXVI Cumbre hispano-portuguesa. Europa Press

Política COMUNIDAD DE MADRID Sánchez dice ahora que las madrileñas "no pueden ejercer" el derecho al aborto por Ayuso, pero los datos lo desmienten

La región practica más del 20% del total de las interrupciones del embarazo que se realizan en España pese a no tener el registro de médicos objetores.

Más información:El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Gobierno de Ayuso iniciar la creación del registro de objetores del aborto

I. P. Nova Publicada 10 marzo 2026 23:05h Actualizada 10 marzo 2026 23:13h

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de impedir que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la región, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordena al Ejecutivo autonómico iniciar la creación del registro de médicos objetores de conciencia.

Una afirmación que mezcla dos cuestiones distintas: la obligación legal de que las comunidades autónomas dispongan de un registro de médicos objetores de conciencia—los profesionales que no desean practicar abortos— y el hecho de que las interrupciones voluntarias del embarazo se practiquen con total normalidad en la Comunidad de Madrid. Derecho que nunca se ha perdido en Madrid pese a no haber registro.

"Seamos claros: es un 'empeño personal' de la presidenta que las mujeres no puedan ejercer sus derechos en Madrid", ha escrito Sánchez en un mensaje publicado en la red social X.

El presidente ha asegurado además que Ayuso "sigue negándose a cumplir la ley del aborto, ahora incluso en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", y ha advertido de que el Gobierno central llegará "hasta el final para garantizar los derechos y las libertades de las mujeres en todo el territorio español".

Seamos claros: es un “empeño personal” de la presidenta que las mujeres no puedan ejercer sus derechos en Madrid.

Ayuso sigue negándose a cumplir la Ley del aborto, ahora incluso en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sitúa a la Comunidad fuera de… pic.twitter.com/186mZHtmkz

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 10, 2026

Sin embargo, los datos oficiales sobre interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid no respaldan esa afirmación y dejan claro que, aunque no haya registro de objetores, sí se practican abortos.

La región concentra alrededor del 20% de todos los abortos practicados en España. En 2024 se realizaron más de 21.000 interrupciones del embarazo, de las cuales 18.081 correspondieron a mujeres madrileñas, según las últimas cifras disponibles. Esto supone unas 50 intervenciones al día, aproximadamente dos cada hora.

Esto quiere decir que, pese ano cumplir la ley en lo que se refiere a tener el listado de objetores, la sanidad pública madrileña garantiza esta prestación no solo a sus ciudadanas, sino también a mujeres procedentes de otras comunidades autónomas.

De hecho, uno de cada diez abortos practicados en la región durante 2024 correspondió a mujeres no residentes, la mayoría procedentes de Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE.

El origen del enésimo choque político entre La Moncloa y la Puerta del Sol está en la creación del registro de médicos objetores de conciencia. Una herramienta prevista en la legislación estatal para que los profesionales sanitarios puedan declarar formalmente si desean acogerse a su derecho a no participar en interrupciones voluntarias del embarazo por motivos éticos o deontológicos.

La polémica se remonta al otoño de 2025, cuando el Ministerio de Sanidad comenzó a exigir a la Comunidad de Madrid y otras regiones la puesta en marcha de este registro.

En aquel momento, Sánchez llegó a afirmar que la política del Gobierno madrileño podía provocar que las mujeres "tuvieran que volver a viajar a Londres para abortar", una comparación que el Ejecutivo de Ayuso rechazó de plano al considerar que no se correspondía con la realidad del sistema sanitario regional.

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Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conocida esta semana, ordena al Gobierno autonómico iniciar la creación de ese listado de objetores, tal y como contempla la normativa estatal.

El fallo reabre así un enfrentamiento político que dura ya meses entre el Ejecutivo central y el madrileño, centrado en cómo aplicar este mecanismo administrativo, mientras que la práctica del aborto sigue realizándose con normalidad en la región.

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no implica que el registro de objetores esté ya funcionando, pero sí obliga al Gobierno autonómico a iniciar de inmediato los trámites administrativos necesarios para su creación en cumplimiento de la normativa vigente tras aceptar la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad regional.

El Ejecutivo madrileño, sin embargo, ha anunciado que recurrirá la decisión y sostiene que la medida cautelar "no entra en el fondo del asunto" y que ya garantiza tanto el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia como la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de ese listado específico.

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