El presidente del Gobierno está dispuesto a echar un nuevo pulso a la institucionalidad forzando al máximo la legalidad y torciendo las decisiones ya adoptadas por una mayoría parlamentaria.
Sánchez ha decidido aprobar de nuevo mañana en Consejo de Ministros los dos mismos decretos de vivienda que el Pleno del Congreso tumbó el pasado de viernes. El objetivo es remitirlos no ya a la Cámara ordinaria, que a partir de mañana quedará disuelta, sino a la Diputación Permanente del Congreso a fin de que sea este órgano el que apruebe las dos normas.
Con esta maniobra, el presidente trata de aprovechar la diferente mayoría que existe en la Diputación Permanente, el órgano que queda encargado de velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida, bien por encontrarse fuera de los periodos ordinarios bien cuando, como sucede ahora, el Parlamento ha sido disuelto. Las fuentes jurídicas consultadas consideran que este tipo de artimañas constituyen un fraude de ley.
La Diputación Permanente cuenta con un total de 69 miembros: 27 del PP; 24 del PSOE (25 con el voto de la presidenta del Congreso, Francina Armengol); seis de Vox; seis de Sumar; uno de EH Bildu; uno del PNV; uno de Junts; uno de ERC y uno del Grupo Mixto, este último correspondiente a Podemos. Con este reparto, Junts no sería decisivo a la hora de votar como sí lo ha sido en los pronunciamientos en Pleno. El Gobierno y los socios que apoyaron el primer decreto el pasado viernes serían ahora mayoría. El resultado de la votación, si todas las fuerzas parlamentarias repitieran su postura, arrojaría un resultado de 35 votos a favor frente a 34 en contra.
La Diputación Permanente del Congreso tiene entre sus atribuciones convalidar decretos ley, sobre todo porque se entiende que estas normas responden a una necesidad urgente, sin embargo, en este caso el problema que se plantea es si el Gobierno puede, sin introducir ningún cambio, volver a enviar los dos decretos de vivienda a un Congreso que ya los ha tumbado -lo hizo el pasado viernes- exclusivamente para aprovechar el equilibrio de fuerzas distinto que ofrece la Diputación Permanente. Situación distinta sería si el Consejo de Ministros mañana aprobara unos textos modificados, con lo que podría argumentar que se trata de decretos nuevos que requieren también de una nueva votación.
Fuentes de los servicios jurídicos del Congreso consideran que esta maniobra constituiría un fraude de ley por cuanto se trata de utilizar una norma de cobertura, esto es, la potestad de aprobar decretos-leyes, para volver a votarlos con otra composición del órgano parlamentario. De ser así, el Congreso votaría dos veces, una el Pleno y otra la Diputación y lo haría de forma contradictoria. La Diputación Permanente, señalan las fuentes letradas, "vela por los poderes del Congreso, pero no los sustituye".
En cualquier caso, el segundo de los decretos, el auspiciado por Sumar, la parte minoritaria del Gobierno, volvería a decaer por el voto en contra del PNV. En este caso la mayoría cambiaría en favor del bloque del no. En realidad, el segundo de los decretos nunca tuvo opciones de salir adelante.
La posición de los nacionalistas vascos, una formación que hace gala de respetar siempre la institucionalidad, ha elevado en muchas ocasiones la voz en contra del abuso por parte del Gobierno de la figura del decreto ley. En el debate del pasado viernes, el PNV apoyó el primero de los decretos pero manifestando una dura crítica contra el Gobierno no sólo por sus prisas para sacar adelante lo que no ha ha hecho en ocho años, sino también por la insuficiencia de las medidas planteadas.