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Sánchez intenta calentar las redes y la calle despenalizando las injurias al Rey, al Ejército, la Policía o los tribunales

Sánchez intenta calentar las redes y la calle despenalizando las injurias al Rey, al Ejército, la Policía o los tribunales
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PSOE y Sumar acuerdan reformar el Código Penal en plena tormenta judicial por los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno. Más información: PSOE y Sumar rescatan del cajón una reforma del Código Penal bloqueada tres años para eliminar las injurias a la Corona.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación del programa 'Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud'.

España Sánchez intenta calentar las redes y la calle despenalizando las injurias al Rey, al Ejército, la Policía o los tribunales

PSOE y Sumar acuerdan reformar el Código Penal en plena tormenta judicial por los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno.

Más información: PSOE y Sumar rescatan del cajón una reforma del Código Penal bloqueada tres años para eliminar las injurias a la Corona.

Publicada 16 junio 2026 02:44h Las claves

Las claves Generado con IA

El PSOE y Sumar han decidido acordar la reforma del Código Penalen relación a los delitos de opinión y de expresión para eliminar los tipos penales específicos de injurias y calumnias que afectana las altas instituciones del Estado.

Entre ellas, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo.

Asimismo, la iniciativa elimina la protección especial a la Corona mediante la supresión del régimen penal agravado de esos mismos delitos. De salir adelante, esta modificación supondría que la normativa no blindaría al Rey, a laReina o a la Princesa de Asturias si son injuriados o calumniados.

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La reforma, señala el Gobierno, está "orientada a reforzar la protección de la libertad de expresión y adecuar la legislación a la evolución de la jurisprudencia constitucional y europea", y supone el desbloqueo de una proposición de ley que Sumar registró al inicio de la legislatura y llevaba "congelada" en la Comisión de Justicia desde diciembre de 2023.

La comunicación del acuerdo llegó el lunes, el mismo día en el que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, acudía a la audiencia preliminar en la sede judicial de Plaza de Castilla.

También se produce en medio del desgaste del Gobierno por los 15 sumarios y procesos judiciales y más de 90 investigados que afectan al PSOE, y tan sólo unos días después de que su portavoz, Montse Mínguez, acusara a los jueces de tener "prisas para que el Gobierno caiga antes de verano".

En el pacto del PSOE y Sumar, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ambas formaciones acuerdan reformar el artículo 504 del Código Penal, que explicita pena de multa de 12 a 18 meses a quienes calumnien, injurien o amenacen gravemente al CGPJ, al TC, al TS,al Consejo de Gobierno, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de una Comunidad Autónoma y a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, es decir, a los militares y policías. También al Gobierno de la Nación.

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La reforma de dicho artículo elimina por completo la referencia a las calumnias y a las injurias y mantiene únicamente la parte de las amenazas graves.

El texto prevé igualmente la despenalización que afecta a la Corona, ya que busca la derogación del apartado 3 del artículo 490, que estima "penas de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves" contra el Rey, la Reina o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, así como la derogación íntegra del 491, que afecta a quienes utilicen imágenes del Rey o de la Reina para dañar su prestigio.

En la misma línea va la derogación del artículo 543, relativo a las ofensas o ultrajes a los símbolos nacionales, es decir, a España, a las Comunidades Autónomas o a sus símbolos y emblemas.

O la del 525, relativo al delito de ofensa a los sentimientos religiosos, para despenalizar los insultos, vejaciones o escarnios hacia cualquier confesión religiosa.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (c), el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago (i), y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo (d), este lunes durante el anuncio del acuerdo. EFE

Los socios de Gobierno han decidido que la mesa del Congreso ponga fin este martes al plazo para la presentación de enmiendas al texto. El siguiente paso será convocar la ponencia para discutir tales enmiendas y sacar adelante la propuesta de ley.

"Es un movimiento relevante porque al Código Penal uno lleva las conductas que cree que son más graves", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes del sector judicial.

"Es, en esencia, la Constitución en negativo: los ataques más importantes a esos órdenes y derechos. Sacar estos delitos manda un mensaje político: no se quiere que estas instituciones tengan una protección reforzada. Es algo que responde al interés político de hacer ruido. Un mensaje ideológico".

Las instituciones, aseguran las fuentes, seguirán protegidas, "pero como injurias y calumnias normales", lo que hará que "las penas queden reducidas".

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En el caso de las ofensas y los sentimientos religiosos es más grave, ya que "no tiene un paralelo en los delitos generales".

Hay quien ve en la decisión de flexibilizar los insultos contra el Rey, los tribunales y la Policía un movimiento con el que el Gobierno busca calentar las redes sociales y la calle, rebajando la protección de quienes tienen como principal misión defender el orden constitucional.

A partir de esta semana, la Mesa del Congreso cierra dicho plazo para convocar la ponencia y debatir el texto.

Al tratarse de una reforma del Código Penal, que tiene rango de ley orgánica, la iniciativa requerirá obligatoriamente el voto favorable de la mayoría absoluta del pleno. Esto implica que Bildu, Junts, ERC y PNV tambiéndeben aprobarlo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press

Una de las claves y principales escollos de la negociación durante todos estos años ha sido la renuncia de Sumar a modificar o derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo.

La formación quería reconfigurar el delito para evitar condenas que, a su juicio, comprometen la libertad de expresión de cantantes o artistas, como ocurrió en los casos de Pablo Hasél o Valtònyc.

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Su propuesta pasaba por sustituirlo por un agravante de vejaciones a las víctimas, recordando que organizaciones como ETA o los GRAPO ya han desaparecido.

Sin embargo, ante las presiones del PSOE, Sumar ha cedido y ese artículo permanecerá intacto en el Código Penal.

Los impulsores de la reforma insisten reiteradamente en que la derogación de los artículos referentes a la Corona o a las altas instituciones del Estado, como el CGPJ o el Tribunal Constitucional, no implica dejar a estos órganos desprotegidos frente a los ataques.

El objetivo, aducen, es eliminar lo que consideran un "privilegio" penal incompatible con los estándares del Consejo de Europa y Naciones Unidas.

A partir de la entrada en vigor de la reforma, el Rey, el Gobierno o los tribunales pasarán a tener exactamente la misma protección legal que cualquier otro ciudadano, pudiendo recurrir a los delitos comunes de injurias, calumnias y a la protección del derecho al honor.

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