Pedro Sánchez sabe que lo tiene difícil y trata de agotar las horas que restan hasta el consejo de ministros extraordinario del viernes para encontrar la fórmula de cuadratura del círculo. El decreto de ayudas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán en familias y empresas se enfrenta a las líneas rojas cruzadas entre grupos parlamentarios que son, en definitiva, los que tendrán que dar la luz verde definitiva al paquete de medidas el jueves de la próxima semana.
El presidente y sus ministros más implicados -Félix Bolaños, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo- maniobran entre las presiones de su socio en el Gobierno más los grupos situados a su izquierda y las advertencias nítidas de las formaciones de la derecha que, en este caso, aúnan junto al PP a Junts y al PNV.
Estos tres grupos avisaron ayer al presidente, recelosos de que una vez más el Gobierno apruebe un decreto ómnibus en el que, bajo el paraguas de las ayudas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, trate de colar medidas «extremas», «ideológicas» o «intervencionistas» auspiciadas por Sumar, EH Bildu, Podemos, ERC y BNG.
El caballo de batalla se centra en la exigencia de estos grupos de incluir en el paquete la prohibición de los desahucios, la prórroga de los alquileres y el tope de sus precios.
«No se la juegue otra vez», advirtió la portavoz de los nacionalistas vascos, Maribel Vaquero, recordándole a Sánchez que no cuenta con mayorías claras y reclamándole que plantee hoy en Bruselas la necesidad de que el gasto derivado de paliar el impacto de la guerra no compute en las reglas fiscales.
«No se le ocurra traer otro decreto ómnibus», exigió el líder del PP, Núñez Feijóo, para quien es evidente que el Gobierno «se aprovecha de la guerra» porque cuanto más suben los precios, más impuestos recauda. El diputado Juan Bravo puso después cifras al negocio: «En las dos semanas de conflicto el Gobierno ha conseguido 50 millones de euros sólo con la subida del precio de los carburantes».
«Medidas anticrisis, sí; chantajes y okupaciones, no», remató más tarde el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, en una interpelación a la vicepresidenta Montero.
Las advertencias son claras y el Gobierno toma nota. Sánchez no puede arriesgarse a que el decreto de ayudas frente a la guerra decaiga en la Cámara como sucedió con el llamado escudo social. Y habida cuenta de que PP, Vox, UPN, Junts y PNV forman un bloque muy mayoritario -183 votos- las medidas más drásticas planteadas por los socios de izquierda no verán la luz.
El decreto, como deslizaron ayer Montero y Bolaños, no incluirá la prohibición de los desahucios, ni prorrogará los alquileres. De hacerlo, el voto en contra de la derecha lo tumbaría. A lo sumo podría contemplarse poner un tope del 2% a la actualización anual del precio de los alquileres firmados antes de mayo de 2023. Pero ni siquiera esto se da por seguro.
El tira y afloja entre los grupos se trasladó a los miembros del Gobierno: de un lado los ministros socialistas y, de otro, los de Sumar. Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales y Mónica García, ministra de Sanidad, abanderaron la exigencia de los socios de izquierda respecto a la necesidad de meter en el decreto medidas de vivienda. Bustinduy aseguró estar dispuesto a «pelear» para que se incluya la prórroga de los contratos de alquiler e insistió en que Sumar «no entiende la razón para resistirse a proteger a millones de inquilinos en España».
La ministra de Hacienda le dio la respuesta: «Sólo se incluirán medidas que cuenten con consenso» y las relacionadas con el alquiler, lejos del acuerdo, lo que provocan es confrontación.