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La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, junto a dos diputados de su grupo este martes durante el pleno que tumbó el real decreto ley que incluía la revalorización de las pensiones Eduardo Parra / Europa Press Sánchez no logra sumar a Junts a su castillo de naipes tres meses despuésEl Gobierno lleva semanas tratando de reconstituir con pactos bilaterales su mayoría de investidura, pero la relación con los de Puigdemont sigue rota
Madrid
Domingo, 1 de febrero 2026, 00:43
... coja pese a los trabajos de reconstrucción en los que el Gobierno lleva meses enfangado. En Moncloa se muestran satisfechos por los pactos alcanzados con distintos socios parlamentarios durante este mes de enero. Cree que han servido para apuntalar unos apoyos que empezaron a resentirse a finales de 2025 –cuando hasta Sumar hizo sonar la voz de alarma–y para sacudirse ese aroma de fin de ciclo que acabó colándose hasta la cocina en el propio PSOE el pasado diciembre. Pero ni todos sus interlocutores lo ven igual ni el Ejecutivo ha dado aún con la clave para reiniciar su indispensable vínculo con Junts.Los posconvergentes desdeñan las esperanzas del Ejecutivo en que Podemos desencalle ahora su pacto en inmigración
El pacto con Podemos para acometer una regularización masiva de inmigrantes sin pasar por el Congreso ha generado ahora una expectativa de poder tachar por fin de la lista de impagos que día tras día blanden los de Puigdemont la delegación de competencias migratorias a la Generalitat. La formación de Ione Belarra, que el pasado septiembre tumbó en la Cámara baja el acuerdo alcanzado al respecto por Junts el PSOE, se ha mostrado abierta a una negociación siempre y cuando los catalanes acepten pulir su sesgo «racista» y solo una vez la regulalización sea efectiva (no antes de abril). Junts, que siente el aliento de la islamófoba Alliança Catalana en la nuca, rechaza la acusación y ya ha avisado de que como mucho tocará el preámbulo –algo que, según Míriam Nogueras ya ofrecieron en una reunión con los morados hace cuatro meses–, pero en ningún caso el articulado.
El regreso de Puigdemont
Con todo, incluso si esa moneda cae, las posibilidades de que la actitud de Junts cambie son remotas. «Es cobrar lo que nos deben y el listado pendiente sigue siendo largo», dicen fuentes de la cúpula del partido. En el propio Gobierno hace tiempo que fían un vuelco en la situación que hoy por hoy tapia cualquier posibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado aún pendientes de presentación al regreso de Carles Puigdemont, pendiente de la justicia europea y de que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo contra la inaplicación de la ley de amnistía. Y para eso no hay fecha. Los optimistas hablan de abril. Los pesimistas temen que el ciclo de elecciones autonómicas ralentice los tiempos del tribunal de garantías.
Los socialistas sopesan medidas para proteger a los pequeños propietarios del escudo antidesahucios para salvar las pensiones
Hace ya tres meses que la formación independentista rompió relaciones con el Gobierno y advirtió de que no volvería a negociar ninguna iniciativa. Un mes más tarde, después de que los posconvergentes hicieran efectivo su aldabonazo tumbando la senda de estabilidad con la que el Ejecutivo pretendía elaborar los Presupuestos, Sánchez se prestó a escenificar un acto de contrición en dos emisoras catalanas en las que prometió enmendar sus errores.
Desde entonces, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley demandado por Junts con medidas para los ayuntamientos, las pymes y la Generalitat y también se ha desatascado en el Congreso otra exigencia del partido, la tramitación de la ley contra la multirreincidencia, que presumiblemente se votará en febrero. Pero en el cajón sigue, por ejemplo, la proposición de ley contra la «ocupación ilegal de inmuebles» que los de Puigdemont presentaron hace un año y el PSOE aceptó tramitar; la misma acumula ya 25 ampliaciones del plazos de enmienda.
Este asunto, con el que todas las formaciones de la derecha se muestran enormemente sensibles, está detrás del rechazo de Junts (y del PP) al real decreto ley en el que el Ejecutivo decidió incluir la subida de las pensiones para 2026 (2,7% las contributivas y entre un 7% y un 11% las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital). Un texto en el que también se contempla la nueva prórroga del 'escudo social' vigente desde 2020 y, con él, la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables pactada con Bildu a costa – denuncian tanto la formación catalana como los populares o el PNV– de los propietarios.
El PNV acusa el desgaste de su apoyo a Sánchez y empieza a elevar el tono contra su manera de negociar
El Gobierno asegura que solucionará el asunto y que los pensionistas no tienen nada que temer. Pero también insiste en que no quiere renunciar al resto de medidas sociales y se resiste a trocear el real decreto ley tumbado como le han reclamado incluso los nacionalistas vascos, que pese a convalidar el texto, recriminaron duramente a los socialistas que se empeñen en meter en un mismo paquete asuntos que cuentan con un amplio consenso junto a otros para los que de manera aislada no tendrían mayoría. Con la perspectiva de un eventual adelanto electoral que el Gobierno niega pero que en la dirección del PNV ven posible, hay pocas ganas de seguir siendo «flexibles». «Ya llevamos tiempo advirtiéndolo. No estás contando con nosotros y lo metes todo junto en iniciativas con celofán. Así, no», dicen.
Los nacionalistas vascos ya propusieron hace semanas una opción con la que el Ejecutivo puede trabajar para limar de manera indirecta las reticencias de Junts (con el que sigue sin haber negociaciones): que se excluya de la suspensión de desahucios por impago a aquellos propietarios que solo tienen una casa en alquiler. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció esta semana que lleva tiempo hablando con varios grupos sobre cómo ser más «eficientes» con el procedimiento de compensaciones y cómo «limitar los jetas que pueden aprovecharse de estas situaciones». Los posconvergentes, en todo caso, dejan claro que una cosa es que ellos voten a favor de aquello que consideran bueno para Cataluña y otra que las relaciones estén normalizadas.
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