El presidente Pedro Sánchez se ha desdoblado con gestiones telefónicas con el lehendakari Imanol Pradales y con el líder socialista vasco Eneko Andueza para facilitar que hoy se firme en Madrid la cesión de 5 nuevas competencias para el País Vasco. Materias sensibles como la gestión de las prestaciones y subsidios del desempleo y el seguro escolar que, por primera vez, serán asumidos por una comunidad autónoma española. La cesión de Sánchez para blindar su deteriorada relación con el presidente del PNV Aitor Esteban incluye que en todas estas materias -incluidas las vinculadas a la Seguridad Social- será el País Vasco quien destine sus recursos para descontarlos anualmente de la aportación a la Hacienda estatal a través del Cupo.
Pedro Sánchez se ha implicado personalmente en resolver el agrio desencuentro entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Seguridad Social que abortó la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias prevista el pasado 29 de diciembre y que a punto estuvo de suspender también la que finalmente se celebrará a partir de las 10.30 horas de hoy en Madrid. Según la versión ofrecida por el Gobierno vasco, la intervención del presidente socialista se activó el pasado martes después de una conversación con el lehendakari Imanol Pradales. El líder de los socialistas vascos Eneko Andueza también confesó ayer en Radio Popular que habló al menos en tres ocasiones a lo largo de esta semana para que facilitara un acuerdo sobre las condiciones para ceder la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo que en la actualidad cobran 51.000 vascos y que tramitaba el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).
Además, de estas prestaciones contributivas, el Gobierno vasco también se hace cargo del seguro escolar (también competencia de la Seguridad Social), de otras prestaciones no contributivas familiares, del Salvamento Marítimo y asume la propiedad de un centro de verificación de maquinaria ubicado en Barakaldo (Vizcaya).
«Se va a respetar lo que pedía el Gobierno vasco», anunció ayer la consejera de Autogobierno María Ubarretxena para al filo del mediodía poner fin a un pulso político en el que el PNV amagó con romper sus relaciones con Pedro Sánchez si no se aceptaban las condiciones que presuntamente había aceptado el presidente español el pasado mes de julio en un encuentro con Pradales en Madrid. Entre ellas, la más compleja y que había sido cuestionada por el Ministerio de Seguridad Social es que la gestión de las prestaciones y subsidios se incluye en la denominada «fórmula del Cupo vasco». La consejera Ubarretxena no quiso detallar ayer al anunciar el acuerdo cómo será compatible que el Gobierno vasco pague con recursos propios los más de800 millones de euros anuales a 51.000 parados vascos con mantener la 'caja única' de la Seguridad Social. Hasta en tres ocasiones, la consejera que ha negociado con el ministro Víctor Ángel Torres subrayó que las cinco competencias que se firmarán hoy en Madrid entran dentro de esta fórmula por la que, calculado el gasto que implica, se asume por las instituciones vascas para ser descontada de la aportación anual o Cupo a la Hacienda estatal.
La inclusión de las prestaciones contributivas y también del simbólico seguro escolar en una cesión al PNV se produce por primera vez en unas negociaciones políticas porque todos los gobiernos de España habían blindado la Seguridad Social frente a la presión ejercida por el PNV desde 1981. Los nacionalistas vascos aprobaron en febrero de 2016 un informe sobre la creación de Lagunkidetza, una Seguridad Social independiente para el País Vasco y Navarra que también incluía un sistema propio de pensiones.
El acuerdo que hoy firmarán representantes del Gobierno español y del Ejecutivo vasco en Madrid permitirá que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide centralice tanto el pago de las prestaciones sociales no contributivas como de las contributivas. Además, se incorporarán los aproximadamente 325 trabajadores del Sepe, aunque en las negociaciones el Gobierno vasco ha utilizado como referencia para calcular el coste de este servicio en función de las 500 plazas de la Relación de Puestos de Trabajo que tenía este organismo dependiente del Ministerio de Empleo.
El compromiso adquirido por Sánchez para blindar a uno de sus socios parlamentarios más fieles incluye también la reunión antes de que acabe el mes de enero con el lehendakari Pradales para abordar otra quincena de competencias con las que se comprometió para recibir el apoyo del PNV en su investidura del año 2023.
El presidente nacionalista Aitor Esteban ya le advirtió ayer a Sánchez que no va a «renunciar al cumplimiento del Estatuto y a todas las potencialidades que tenga el Estatuto, que van más allá de las competencias que todavía no están entregadas a su legítimo dueño que son las instituciones vascas».
El objetivo inmediato de Esteban pasa por lograr que Sánchez asuma un «compromiso político» respecto a la quincena de competencias que el Gobierno vasco ha agrupado en diez carpetas y entre las que se incluyen desde la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a la propiedad de los dos paradores nacionales del País Vasco, el puerto de Pasaia (Guipúzcoa) y la coparticipación en los tres aeropuertos vascos de Aena.
«Esta no puede ser la dinámica; tiene que haber otra seriedad», reclamó ayer la consejera Ubarretxena ante un nuevo proceso de presión al Gobierno de Sánchez para que facilite el traspaso de más poder al País Vasco ante la posibilidad de que decida acortar la legislatura y convocar ya elecciones generales. Un escenario que no solo contempla el PNV sino que tanto Aitor Esteban como representantes institucionales nacionalistas como el alcalde de Bilbao Juan María Aburto consideran inevitable a lo largo de 2026. «Es el momento de dar la palabra a la ciudadanía», defendió el alcalde de Bilbao el pasado 8 de enero lo que provocó la reacción del PSOE vasco que recordó que es quien garantiza la «estabilidad» de las instituciones vascas gobernadas por el PNV.