Pedro Sánchez se mofa de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL Sánchez pretende controlar el 'clima'… pero agita la tormenta del 'HODIO' Publicada 14 marzo 2026 02:42hPedro Sánchez quiere que el Estado mida la "huella del odio y la polarización" en redes sociales.
Pretende hacerlo con una herramienta, HODIO, presentada como un avance democrático frente a un ecosistema digital tóxico.
El objetivo declarado es loable: reducir el acoso, la violencia verbal y los discursos que alimentan agresiones contra minorías y vulnerables.
Pero el instrumento elegido, tal y como está planteado, abre la puerta a un poder de vigilancia y señalamiento político incompatible con la libertad de expresión y de prensa.
Según el Gobierno, HODIO "medirá de forma sistemática" la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en las plataformas, combinando análisis cuantitativo con una "revisión experta" para "garantizar precisión y representatividad".
Los resultados se harán además públicos para que "todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con él".
La metáfora elegida es la "huella de carbono": igual que las empresas rinden cuentas por contaminar, las plataformas, y por extensión quienes se expresan en ellas, deberían ser señaladas por su contribución al odio.
La comparación no es inocente. En términos ecológicos, la huella de carbono ha servido para legitimar nuevas obligaciones, tasas, restricciones y controles.
Trasladada al campo de la palabra, esa lógica sugiere que el Ejecutivo se reserva el derecho a convertir su índice en base de futuras sanciones, regulaciones adicionales y campañas de estigmatización contra plataformas, medios y voces incómodas.
El problema de HODIO no está en su propósito declarado, sino en quién lo impulsa, con qué diseño y con qué controles.
1. Primero, por la elasticidad del concepto.
El Gobierno no ha ofrecido todavía una definición jurídicamente acotada de "discurso de odio", más allá de referencias genéricas a mensajes "violentos o degradantes" y a la "polarización".
En un entorno tan cargado como el español, donde se confunde con facilidad crítica severa con "odio", esa vaguedad es peligrosa. Cuanto más difusa sea la categoría, más tentador resultará incluir ahí la sátira, el sarcasmo o la denuncia contundente del poder político: precisamente las formas de expresión que una cultura liberal protege con más celo.
2. Segundo, por el evidente conflicto de interés.
HODIO nace en el seno del propio Gobierno, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, y se lanza desde un foro en el que el presidente acusa a la derecha de haber "comprado el discurso de odio" y de hacer de ese odio su "principal baza electoral".
Es decir, el Ejecutivo que lleva años utilizando la etiqueta "odio" para deslegitimar a la oposición se erige ahora en arquitecto de un semáforo semioficial del odio.
No hay un regulador independiente, ni una autoridad autónoma que garantice que el índice no se convierta en un arma más en la guerra cultural de bloques.
3. Tercero, por los incentivos perversos que introduce.
Sánchez ha dicho que pretende "exponer públicamente" quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con él.
Es decir, aspira a elaborar a su gusto un ranking moral gubernamental sobre plataformas y, de rebote, sobre los contenidos que alojan.
Ante esa amenaza reputacional, las empresas tecnológicas y muchos medios reaccionarán previsiblemente endureciendo filtros y borrados preventivos. El resultado será una censura blanda, difícil de rastrear, pero devastadora para el pluralismo: menos temas incómodos, menos voces incómodas, menos riesgo.
Todo ello se superpone a un marco europeo ya muy exigente. La Ley de Servicios Digitales obliga a las grandes plataformas a evaluar y mitigar riesgos sistémicos, incluidos el discurso de odio y la desinformación, bajo supervisión de la Comisión y con sanciones severas.
Lo que HODIO añade no es más garantías, sino una capa nacional de vigilancia política y simbólica que refuerza una tendencia preocupante: que los gobiernos se acostumbren a medir, clasificar y condicionar la conversación pública digital.
La contradicción del propio Ejecutivo agrava las sospechas. Sánchez habla de "que hablemos más de amor y menos de odio", pero su comunicación institucional y la de sus ministros se ha caracterizado por el insulto, la descalificación personal y la polarización sistemática del adversario.
Estudios de conversación en redes muestran, además, que las cuentas del gobierno generan tasas muy altas de rechazo y respuestas adversas, lo que lo sitúa como uno de los grandes polos de conflicto en el ecosistema que ahora dice querer desintoxicar.
Difícil reclamar autoridad moral para medir el odio cuando uno es el principal productor de él.
Nada de esto invalida el diagnóstico de fondo: las redes han amplificado formas de acoso y hostigamiento que dañan vidas y degradan la deliberación pública.
Cabe exigir a las plataformas diligencia, transparencia y cumplimiento estricto de la ley.
Pero entre la inacción y el odiómetro gubernamental hay un espacio amplio que incluye mejores herramientas judiciales, educación cívica, autorregulación robusta de medios y plataformas, y un compromiso político claro con la desescalada verbal que hoy brilla por su ausencia.
HODIO, tal y como está planteado, se parece demasiado a un termómetro fabricado por quien controla la estufa. Y no hay nada más peligroso para la palabra que dejar el control del clima en manos de quien vive de agitar la tormenta.