Pedro Sánchez, este jueves en el Monasterio de San Juan de Burgos, en el arranque de la campaña del PSOE. Europa Press
Política Sánchez relanza el blindaje del aborto en la Constitución en un monasterio el día después del anuncio del viaje de León XIVAnuncia la iniciativa en el mitin que abre la campaña electoral de Castilla y León, y presume de presidir "el Gobierno de los derechos".
La propuesta nace muerta ya que necesitaría dos tercios del Congreso y tanto PP como Vox se oponen.
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Rubén Fernández Publicada 27 febrero 2026 02:39hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno vuelve a impulsar su propuesta de incluir el aborto en la Constitución, una idea que Moncloa lanzó en octubre del año pasado tras la polémica en el Ayuntamiento de Madrid, cuando Vox logró que José Luis Martínez Almeida apoyase el reconocimiento del síndrome "postaborto".
Aunque más tarde, el alcalde se desdijo.
Hasta ahora, solo Francia ha emprendido un cambio similar en su Carta Magna.
Cuatro meses después, Sánchez ha anunciado, al inicio de la campaña de Castilla y León, que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable a la propuesta del Gobierno, aprobada tras un acuerdo entre PSOE y Sumar.
El texto busca reformar el artículo 43 de la Constitución, añadiendo un nuevo apartado, pero sin abordar una reforma agravada que implicaría una mayoría de dos tercios.
Aun así, la reforma necesitaría el acuerdo de tres quintos del Congreso, una mayoría que se antoja imposible, ya que requeriría el respaldo del PP y Vox.
"Es importante blindarlo", afirmó Sánchez este jueves, presentándose como "el Gobierno de los derechos" durante un mitin del PSOE en el Monasterio de San Juan de Burgos, un centro cultural desacralizado.
Se trata de un edificio de estilo románico y gótico, fundado a fines del siglo XI, al que se le añadió un hospital para los peregrinos del Camino de Santiago en 1479, medida aprobada por el papa Sixto IV.
Sánchez arrastra a España a un debate polarizador para incluir el aborto en la Constitución sin ninguna opción de éxitoEl anuncio de Sánchez llegaba un día después de que se confirmase oficialmente la primera visita de León XIV a España, del 6 al 12 de junio, que incluirá una intervención el 8 de junio ante el Congreso.
Prevost comparecerá como jefe de Estado en una sesión solemne ante diputados y senadores.
Queda por ver si en su discurso abordará "el derecho a la vida", ya que el nuevo pontífice no ha modificado la doctrina de la Iglesia sobre el aborto.
Aunque sí ha combinado su discurso social con otros temas: "Quien dice estar en contra del aborto pero a favor del trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es pro vida", declaró recientemente.
"Oportunidad política"
El optimismo de Sánchez en torno a este asunto contrasta con el informe del Consejo de Estado, que cuestiona la elección del artículo 43 para blindar el aborto.
Actualmente, este apartado de la Constitución consagra la salud como derecho fundamental y establece que compete a la Administración organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios.
Elegir este artículo en lugar del Título I, que trata de derechos y deberes, busca facilitar la reforma, ya que de lo contrario se requeriría una reforma agravada, con disolución inmediata de las Cortes, nuevas elecciones y ratificación por las nuevas Cámaras.
El Consejo de Estado advierte que la reforma debe basarse en criterios jurídicos y no políticos, por lo que critica la "oportunidad política" al señalar que el procedimiento de reforma "debe ser la consecuencia" del contenido elegido y "no su causa".
Además, considera que incluir en la Constitución "el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo" en aras de "la protección de los derechos fundamentales de las mujeres" no encuentra un "natural acomodo" dentro del derecho a la protección de la salud en el artículo 43.
Es decir, el aborto no puede fundamentarse jurídicamente solo como cuestión de salud, al menos con la configuración actual del artículo. Aunque el dictamen no aclara si debería crearse una formulación propia o vincularse con otros derechos.
El propio Gobierno reconoce en la memoria explicativa del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, que esta vía rápida de reforma constitucional se adopta para "garantizar la viabilidad política".
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, optó por encargar este dictamen a la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, con quien coincidió en el primer Ejecutivo de Sánchez.
La decisión se produjo tras un primer dictamen encargado a Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución de 1978, que fue rechazado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
Herrero alertaba de que la reforma pretendía introducir un derecho fundamental por la puerta de atrás y eludía las garantías del artículo 15 sobre el derecho a la vida y a la integridad física.
Finalmente, el dictamen de Carcedo, que censura la "oportunidad política", contó con solo 6 votos en contra de los 32 miembros, aunque Herrero de Miñón emitió un voto particular.
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