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Lidia Carvajal Sánchez tirará de reales decretos para lanzar medidas esenciales de su agenda económicaEl Gobierno activa otras vías legislativas que no requieren el aval del Congreso para sacar adelante el blindaje del SMI o las altas progresivas
Lucía Palacios, Cristina Cándido y Clara Alba
Madrid
Domingo, 1 de febrero 2026, 00:46
... dar señales de debilidad, agotamiento y parálisis y, por eso, su intención es sacar toda la artillería para demostrar que, pese a todo, sigue gobernando. regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes o como hizo con el real decreto ley antiapagón que, tras recibir el 'no' de la Cámara baja, fue troceado para que algunas de las reformas que contenía pudieran ser aprobadas con distintas fórmulas parlamentarias.Frente a eso, aún hay muchas promesas económicas que están en el horno cocinándose para aprobarse más pronto que tarde, como la subida del salario mínimo y su nueva regulación para que no pueda ser absorbida por los complementos salariales, el registro de jornada, la jubilación flexible… Otra como las nuevas cotizaciones de los autónomos, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el Estatuto del Becario, la pasarela al RETA para los mutualistas o el Estatuto del Artista tendrán serias dificultades para conseguir el aval del Parlamento.
1. Nuevo salario mínimo
El Gobierno subirá el salario mínimo, con efecto retroactivo desde enero, un 3,1% hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas, lo que supondrá un incremento de 570 euros anuales. A diferencia de la guerra que estalló el año pasado entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, esta vez no ha existido debate interno dentro del Ejecutivo y ha habido consenso, tanto en el porcentaje como en la decisión de que siga libre de impuestos, al no exigir que tribute en el IRPF. Así se aprobará en los próximos días a través de un real decreto, puesto que fijar el nuevo SMI es una potestad que tiene el Gobierno aunque antes debe comunicárselo a los agentes sociales.
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Gobierno ha convertido la vivienda en eje de la legislatura, en medio de una crisis de acceso casi sin precedentes con precios disparados que golpean, sobre todo, a los más jóvenes. Este escenario ha llevado al Ejecutivo a realizar decenas de anuncios en el último año, muchos de los cuales no se han puesto aún en marcha. Unos, por el retraso en su aprobación, como los avales lanzados el pasado martes para proteger a los caseros frente a posibles impagos. Otros, por la compleja aritmética parlamentaria que mantiene varias proposiciones de ley atascadas en el Congreso. Entre ellas, la que incluye el polémico impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros, aunque el Gobierno sí logró sacar adelante el pasado año la eliminación de las denominadas 'Golden Visa'. También sigue en el cajón el plan para subir al 21%el gravamen sobre los pisos turísticos.
Más recientemente, el Ejecutivo ha planteado otras medidas fiscales como la exención del cien por cien del IRPF para los propietarios que no suban el precio cuando renueven sus contratos. La idea murió casi antes de su nacimiento con la firme oposición de Sumar y Podemos, pese a que el plan también incluye una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y límites –aún sin especificar– en el de habitaciones.
Con la perspectiva de que esas propuestas serán difíciles de sacar adelante en el corto plazo, el Gobierno se ha marcado el objetivo de lanzar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el primer trimestre (debería haber estado listo en diciembre).
Al tener rango de norma reglamentaria (siempre ha sido así), no tiene que pasar por el Congreso. El texto fija las políticas públicas de vivienda para los próximos cinco años y, según lo previsto, contará con una financiación de 7.000 millones de euros, un 60% aportado por el Estado y el resto por las comunidades. Entre las medidas destaca la recuperación de las ayudas a la construcción de VPO, las ayudas al alquiler con opción a compra o el avance de la vivienda industrializada. Sobre la mesa también está el impulso a la cesión de casas vacías al Estado para alquiler asequible.
La cuota de autónomos, en el aire
La caída del decreto ómnibus en el Congreso deja en el aire dos medidas clave generando una gran incertidumbre entre los 3,5 millones de trabajadores autónomos: la congelación de la cuota para 2026 y la extensión del sistema de módulos. El plan del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social era prorrogar las cuotas vigentes –tras haber descartado unas subidas que habían provocado un fuerte rechazo del colectivo porque afectaba a los que menos ganan– con el fin de ganar tiempo para negociar con asociaciones y sindicatos la manera de que cada trabajador aporte según sus ingresos reales.
La segunda normativa que fue rechazada el pasado martes fue la prórroga de los módulos que permite a más de 350.000 emprendedores facturar en función de un régimen de estimación objetiva. Ahora estas medidas se encuentran en pausa mientras el Ejecutivo trata de convalidarlas cuanto antes en un decreto distinto.
Otra cuestión pendiente de pasar su examen parlamentario es la denominada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Una figura jurídica que aún no ha sido aprobada y que permitiría a los mutualistas alternativos, trabajadores por cuenta propia que, amparados por la ley, optaron durante décadas por cotizar a través de mutualidades profesionales. Las mutualidades apoyan la iniciativa bajo ciertas condiciones: que sea voluntaria, temporal y que no perjudique ni a las entidades ni a quienes decidan permanecer en ellas. La cuestión se ha convertido en un campo de batalla político, ya que su futuro depende de un delicado equilibrio entre el PSOE y sus socios.
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