El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa del pasado viernes. Europa Press
Política Sánchez usa el decreto anticrisis para modificar los Presupuestos prorrogados de 2023 y gastar sin el control del CongresoEl PP denuncia que el Gobierno ha colado en el decreto de la guerra de Irán una reforma presupuestaria para ampliar el gasto social sin techo y sin rendir cuentas al Congreso, con las elecciones en el horizonte.
La Disposición Final 12ª suprime el único freno legal al gasto extra en pensiones e IMV: el Fondo de Contingencia. El PP lo llama "cacicada" y advierte que su voto al decreto no está garantizado.
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Alberto D. Prieto Publicada 23 marzo 2026 09:26h Actualizada 23 marzo 2026 09:27hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno ha aprovechado el decreto anticrisis por la guerra de Irán para modificar de tapadillo los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los únicos en vigor tras tres prórrogas consecutivas.
Lo ha hecho a través de la Disposición Final Duodécima del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, una norma presentada como un paquete de medidas de emergencia frente al alza de precios del crudo y la energía. Pero que esconde "una cacicada", según fuentes de la dirección del PP, que ya advierte de que esta "trampa" impide garantizar su apoyo.
"Es una reforma escondida de los Presupuestos tres veces prorrogados porque no tienen mayoría para hacer unos nuevos" añaden estas fuentes. "Feijóo ya advirtió de que Sánchez no presentará otro ómnibus o no lo votaríamos".
Sánchez cierra la crisis con Sumar y divide su plan por Irán en dos decretos: uno con rebajas del IVA y otro sobre viviendaLa modificación introduce un nuevo apartado en la Ley 31/2022 de Presupuestos que suspende, para las partidas de Seguridad Social y Clases Pasivas, las limitaciones del artículo 50 de la Ley General Presupuestaria. Ese artículo obliga al Gobierno a financiar cualquier gasto extraordinario con cargo al Fondo de Contingencia e informar trimestralmente al Congreso de cuánto se ha gastado y en qué.
A partir de ahora, esa obligación "desaparece" para pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital, la protección familiar y las cuotas de la Seguridad Social.
El PP lleva días analizando el contenido del decreto y sus conclusiones no son benévolas. Fuentes del partido describen la operación en términos muy directos: "En el RDL de las ayudas cuelan una reforma de la ley presupuestaria que modificaron con la ley de presupuesto de 2023 y así se dan más capacidad de hacer lo que les da la gana sin necesidad de tener PGE".
Para los populares, la disposición no tiene nada que ver con la crisis de Irán. Es una maniobra de calado político y financiero disfrazada de urgencia.
La lectura que hacen en Génova es que el Ejecutivo busca blindar el tramo final de la legislatura sin necesidad de aprobar nuevas cuentas, algo que hoy por hoy es imposible porque el Gobierno no tiene mayoría para ello. "Quieren blindar la ampliación de sus partidas sociales de gasto sin necesidad de aprobarlas en el Congreso hasta el final de la legislatura", señala una fuente cualificada del partido.
En otras palabras: gasto social estructural sin pasar por la Cámara y “en vísperas electorales”.
Lo que técnicamente permite este cambio es sustituir el artículo 50 por el artículo 59 de la Ley General Presupuestaria como regla de financiación de las ampliaciones de crédito en esas partidas.
El artículo 59 no exige recurrir al Fondo de Contingencia ni compensar el mayor gasto con recortes en otras partidas. Permite cubrir directamente el exceso con deuda.
Fuentes del PP lo resumen así: "Se saltan los controles del fondo de contingencia y la trazabilidad para incrementar si quieren todos los gastos de capítulo social. Es una cacicada como otras tantas que no tienen nada que ver con la crisis de Irán. Es de locos".
El Gobierno aprueba un plan de 5.000 millones ante la guerra de Irán y rebaja el IVA de gasolina, diésel, luz y gas al 10%La clave política es que el Fondo de Contingencia era el único límite cuantitativo real sobre ese gasto adicional. Al eliminarlo para estas partidas, el Gobierno se garantiza poder ampliar esos créditos en vísperas electorales sin necesitar autorización parlamentaria y sin el desgaste de tener que explicar en sede de control el destino de cada euro extra.
Ante esta situación, el PP prepara su rechazo al decreto. La dirección nacional ya avisó el viernes por la tarde de que "el único voto favorable que el PP podía garantizar al Gobierno era a un decreto que incluyera todas y cada una de las medidas recogidas en la Proposición no de ley registrada hace dos semanas y que no incluyera ninguna otra propuesta".
El portavoz era inequívoco: "Cualquier decreto que no incluya todas o que incluya alguna extra será analizado por parte de la Dirección nacional, pero nuestra posición se especificará en el momento oportuno. Sánchez haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen el texto".
La advertencia conecta directamente con la que lanzó Alberto Núñez Feijóo en la última sesión de control al Gobierno: "No se le ocurra traer otro decreto ómnibus porque no lo apoyaremos". Para el PP, el decreto anticrisis de Irán lleva incorporado, de facto, un cambio de las reglas presupuestarias que va mucho más allá de las medidas de emergencia. No es un decreto ómnibus en la forma, pero sí en el fondo.
Este lunes se reúne en Madrid el Comité de Dirección del PP para analizar el decreto y fijar su posición. La convalidación se vota esta misma semana en el Congreso. Según fuentes del partido, la decisión final no está tomada: "Votaremos en contra del decreto de izquierdas y analizaremos el decreto de derechas cuando corresponda", dijo el portavoz parlamentario Miguel Tellado, en referencia al decreto forzado por el motín de los ministros de Sumar con las medidas sobre vivienda.
Lo que está claro es que el Gobierno ha utilizado una crisis exterior para resolver, de paso, un problema doméstico de primer orden: cómo gastar más sin mayoría y sin rendir cuentas.
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