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Para impulsar los alquileres, primero el Gobierno debería restablecer la seguridad jurídica.
Los anuncios en materia de vivienda parecen ser el comodín de Pedro Sánchez cada vez que su Gobierno tiene apuros, como sucede actualmente con la nefasta y tardía gestión de la emergencia socioeconómica en Ceuta tras la invasión de decenas de miles de inmigrantes ilegales a finales de julio. Lo inaudito es que, según apunta la mayoría de las encuestas y demuestra la evidencia empírica, la política inmobiliaria de PSOE y Sumar, especialmente en el ámbito del alquiler, es uno de los grandes fracasos de la presente legislatura.
El marcado intervencionismo de la Ley de Vivienda y otras medidas orientadas a presionar a los caseros ha causado un hundimiento histórico de la oferta disponible junto a una escalada todavía sin techo del coste de los arrendamientos. Pese a ello, el mismo Ejecutivo que ha tardado más de un mes en poner en marcha un campamento extraordinario para acoger a parte de los miles de irregulares que deambulan por la ciudad portuaria debido a la saturación de sus centros de acogida pretende convencer a los españoles que buscan una vivienda en alquiler de que puede ejercer como intermediario a través de un portal web para facilitar contratos estables a precios asequibles.
La medida puede ser bienintencionada, pero para que resultase eficaz antes debería restablecerse la seguridad jurídica que han diezmado políticas como la moratoria de los desahucios, el amparo jurídico a los okupas o la congelación de los alquileres en vigor que negocia reimplantar con sus socios parlamentarios. Por otro lado, el escaso número de pisos con que ha iniciado su andadura la plataforma digital del Ministerio de Vivienda -apenas 645 unidades para toda España, ninguna de las cuales está situada en Madrid o Barcelona pese a ser las ciudades que tiran de la demanda de alquiler- parece sugerir una cierta precipitación en el anuncio político de esta iniciativa.
Cabe recordar que durante la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 el presidente del Gobierno prometió la construcción de hasta 184.000 viviendas para crear un parque público de alquiler, de las que apenas se ha terminado un centenar. Además, está por ver que las draconianas condiciones que impone el Ministerio a los propietarios para que puedan ofertar sus pisos en el portal público -contratos con una duración inicial de 14 años y renta limitada al 30% de los ingresos de los inquilinos- les resulten más atractivas que las del mercado libre.
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