Samira fue desahuciada y ahora ha sido "estafada" tras pagar 4.500 euros en un piso "sin dueño" donde "podía estar"

Samira, en su casa con las cortinas puestas. Laurine Maurice

El martes 29 de septiembre, el Sindicat de Carolines paralizó el desahucio por parte de tres personas "propietarios del edificio" a la que una familia se mudó hace un mes.

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El desahucio de Maricarmen Abascal el pasado 23 de septiembre ha puesto a la orden del día cientos de casos de personas vulnerables por todo el país, llegando a levantar manifestaciones en varias ciudades y acampadas "por la vivienda".

Una situación que también vive Alicante, con varias manifestaciones convocadas y la salida a la luz de varios casos de desahucios ya ejecutados y otros pendientes de ejecutar mientras sindicatos locales intentan atrasar los procedimientos, como así ha sido este martes en el centro de Alicante a favor de Samira y su familia.

La mujer, junto a sus dos hijos y su marido, ya se tuvieron que ir de una casa en Alicante tras dejar de pagar el alquiler al enterarse de que el dueño no era quien decía ser.

Antes de la fecha oficial de desahucio, estipulada para el 16 de septiembre, lograron encontrar otra vivienda "sin dueño" en la que poder estar en tiempo récord "dada la emergencia". Sin embargo, tuvieron que abonar la cantidad de 4.500 euros a la persona que ofrecía la vivienda.

Vivir con miedo

Suena el timbre en el piso de Samira en pleno centro de Alicante y sus ojos se abren como platos mientras empieza a temblar: "Tengo mucho miedo, no he pegado ojo de toda la noche". El pasado 29 de septiembre, al regresar a su casa en la que le esperaban su marido y sus dos hijos, tres personas le impidieron entrar, bloqueando la puerta junto a un grupo de "desokupas".

"Dicen que hace un mes han comprado el edificio entero pero yo no tengo constancia de eso", asegura. "Yo no soy okupas, he pagado lo que se me ha pedido y quiero pagar la factura de la luz", asegura, mientras enseña a EL ESPAÑOL dicha factura que ha recibido hace unos días y en la que aparece el nombre de la titular de la vivienda, una mujer.

La Policía Nacional, por su parte, corrobora a EL ESPAÑOL la intervención en el suceso, asegurando que los supuestos propietarios, quienes se identificaron como tal ante los agentes, "llegaron a un acuerdo con una plataforma antidesahucios para echar a las personas de esas viviendas".

"Al ver que no podían hacerlo y ante la presión del sindicato, los tres jóvenes finalmente se marcharon", aseguran las mismas fuentes policiales.

“Me da mucho miedo salir”, explica Samira, mientras descubre la presencia de cámaras de medios de comunicación debajo del edificio. Teme que quienes acudieron a la vivienda regresen para echarla. La familia lleva aproximadamente un mes en el piso, al que accedió después de entregar 4.500 euros en efectivo a un hombre que, según su relato, le aseguró que podía vivir allí durante años porque la vivienda “no tenía dueño”.

Las gafas de Samira, junto a algunos documentos en la mesa del comedor. Laurine Maurice

Ahora, Samira sostiene que ha sido víctima de una estafa y que se encuentra atrapada en una vivienda cuya propietaria desconoce.

Sin acceso al alquiler

Samira llegó a España desde el norte de Marruecos hace aproximadamente cinco años junto a su marido y sus dos hijos. Su hija tiene 13 años y está matriculada en un colegio público y el hijo, 19. Durante parte de ese periodo, la familia vivió en situación administrativa irregular, según explica.

Su marido consiguió posteriormente la documentación mediante un arraigo social vinculado a un contrato de trabajo en el sector de la construcción. Sin embargo, Samira describe una situación laboral inestable, con continuos periodos "de alta y baja", que dificulta acreditar unos ingresos regulares ante propietarios e inmobiliarias.

La familia residía anteriormente en otro piso, donde pagaba el alquiler sin contrato a una persona que, según descubrieron después, no era la propietaria legítima. En aquella vivienda también convivían con otro hombre que, de acuerdo con el testimonio de Samira, provocaba "problemas durante la noche y llegó a romper cristales".

Tras recibir una notificación de desahucio, Samira asegura que descubrió que quien le cobraba el alquiler no era el dueño del inmueble. Con el acompañamiento del Sindicat de Carolines, consiguió aplazar temporalmente el procedimiento, aunque la fecha definitiva del lanzamiento quedó fijada, según su relato y el documento oficial al que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL, para el 16 de septiembre de 2026.

Ante la falta de alternativas, comenzó a buscar otra vivienda. “Nadie me quería alquilar”, afirma. En una ocasión, asegura que le ofrecieron una habitación por 500 euros, más agua y luz, pero el espacio solo podía acogerla a ella y a su hija. Su marido y su hijo habrían tenido que buscar otro alojamiento.

4.500 euros en efectivo

En ese contexto, una mujer le habló -a escasos días de llegar al 16 de septiembre- de un hombre que vivía en un piso y que podía permitirle entrar. Samira asegura que este le dijo que la vivienda no tenía dueño y que podía "residir allí durante años".

El hombre le pidió inicialmente 7.000 euros, según la entrevistada. Finalmente, ambos acordaron una cantidad de 4.500 euros. Samira afirma que tuvo que recurrir a sus ahorros y pedir dinero prestado a sus hermanos. Ante la urgencia de su situación y el miedo a quedarse en la calle, reunió finalmente ese dinero para poder tener un techo debajo del cual poder dormir. "No puedo permitirme estar en la calle con mis dos hijos", asegura.

El pago se realizó en efectivo y en dos entregas. Primero abonó 3.000 euros y después entregó el resto. No firmó ningún contrato ni recibió un justificante, tan solo un acuerdo verbal.

“Lo he dado todo para entrar a vivir aquí”, explica. La familia recibió las llaves y se instaló en la vivienda hace aproximadamente menos de un mes. Samira insiste en que no forzó la puerta y que fue la persona a la que pagó quien le permitió acceder.

Con el paso de los días, comenzaron a surgir dudas sobre la propiedad al encontrar en su interior cartas y objetos a nombre de una antigua residente, el mismo nombre que figura en la factura de la luz.

En estos casos, una posible compraventa reciente podría no figurar todavía en la nota simple si no se hubiera inscrito en el Registro de la Propiedad. Por lo que, en este momento, la familia no ha podido confirmar todavía quién tiene actualmente la titularidad efectiva del inmueble en caso de haberse vendido recientemente.

Según aseguran a EL ESPAÑOL fuentes del Sindicato de Carolines, la presunta estafa de la que ha sido víctima la familia es cada vez más frecuente en Alicante.

"Vemos muchos casos de 'vendedores de llaves', personas que consiguen de algún modo las llaves de una propiedad vacía y piden una cierta cantidad de dinero, muchos meses de alquiler de golpe, a personas en situaciones muy vulnerables para vivir en ella sin que exista ningún contrato. Y en muchas ocasiones, los nuevos inquilinos, tras pagar esta cantidad, se enfrentan con el descubrimiento de los verdaderos dueños", explican desde el sindicato.

El salón del piso. Laurine Maurice

De este modo, al llegar esta situación, las familias víctimas de la estafa se encuentran totalmente indefensas ante la justicia, sin poder justificar de ninguna manera su residencia legal, por lo que en la mayoría de las veces estos casos acaban en desahucio. "Absolutamente nada ni nadie protege a estas personas vulnerables", lamentan desde el sindicato.

Supuestos propietarios

El lunes, mientras Samira acudía a una manifestación por la tarde, su marido y sus dos hijos se quedaron en la vivienda. La mujer explica que una de las dos cerraduras no quedó echada porque las llaves se habían quedado dentro.

Durante su ausencia, varias personas acudieron al edificio. Samira y su amiga, con la que también ha podido hablar EL ESPAÑOL, aseguran que eran "tres jóvenes" que afirmaban haber comprado el edificio hace un mes.

Según la mujer, los visitantes no quisieron mostrar la escritura u otro documento que acreditara su titularidad, pese a asegurar que disponían de ella. Samira tampoco sabe precisar cómo accedieron al edificio, pues llegó cuando esas personas ya estaban en la entrada impidiéndole pasar.

Al coincidir en tiempos con la concentración del sindicato, Samira llegó a su puerta con el apoyo del Sindicat de Carolines. La mujer y fuentes del sindicato aseguran que las personas que se encontraban en el edificio intentaron entrar en la vivienda y que su hija, de 13 años, y su hijo, de 19 "se asustaron mucho".

Tras varias llamadas, acudieron dos vehículos policiales. Los agentes hablaron con miembros del sindicato y tomaron los datos de algunas de las personas presentes. Según el relato de Samira, los jóvenes abandonaron el lugar cuando aumentó la presencia de militantes y vecinos.

"La policía nos dio la razón", asegura Carlos Pastor del sindicato de Carolines. "Incluso si estas personas realmente son las propietarias, no pueden echar a las personas que viven en el piso por su cuenta".

"No he podido dormir"

La noche posterior al incidente, Samira asegura que no pudo dormir. “Pienso que están entrando, que están abriendo la puerta o empujándome”, relata. La mujer teme que quienes acudieron el lunes regresen para expulsarla. De hecho, un mueble de madera maciza está puesto detrás de la puerta de la entrada.

Desde entonces, no se siente capaz de salir para realizar gestiones básicas. Su marido, que trabaja en el sector de la construcción, tuvo que marcharse de madrugada, mientras ella permanecía en la vivienda junto a su hijo y su hija en el colegio tras dormir en la casa de una amiga.

Apoyo vecinal y vía legal

El Sindicat de Carolines continúa acompañando a la familia. La organización estudiará en profundidad su situación en la próxima asamblea el lunes 5 de octubre, según asegura Carlos Pastor. "Queremos protegerla, averiguar quiénes son los verdaderos dueños y en caso de encontrarles, mediar a ver si pudieran alquilarle la vivienda a un precio asequible", añade.

Mientras se resuelven esas dudas, Samira continúa viviendo en el piso junto a sus hijos y su marido. Insiste en que llegó allí para evitar quedarse en la calle y que ahora permanece encerrada por miedo a que vuelvan a entrar.

“Yo no quería dejar a mi hija de 13 años en la calle. Ni a mi hijo ni a mí tampoco”, resume.

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