- JAVIER ROIBÁS
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- Santa Bárbara activa la vía administrativa contra 7.240 millones en contratos adjudicados a Indra y EM&E
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El proceso en el Supremo se produce en paralelo al recurso de alzada tramitado por la compañía ante el Ministerio de Defensa contra la propia adjudicación de los contratos de artillería a Indra y EM&E por un importe de 7.240 millones de euros
Santa Bárbara Sistemas, la filial española de la estadounidense General Dynamics, intentó limitar el contenido de los escritos y de los documentos a los que podían acceder Indra, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Telefónica y el grupo Oesía en el marco del recurso contencioso-administrativo que presentó ante el Tribunal Supremo a finales de 2025. El proceso se dirige contra los 3.002 millones de euros en préstamos públicos al 0% de interés que el Gobierno otorgó a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y EM&E para prefinanciar los contratos de artillería de ruedas y de cadenas.
Por un lado, el importe de la adjudicación para el suministro del sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas se eleva a casi 2.686 millones de euros y contó con una prefinanciación a través de créditos estatales al 0% de interés de 1.181 millones de euros. En tanto, la adjudicación para el sistema artillería de cadenas asciende a 4.554 millones de euros y el préstamo público sin intereses fue de 1.821 millones de euros.
Aunque la intención inicial del recurso de Santa Bárbara sobre los préstamos se dirigía tan solo contra los dos contratos de artillería, el proceso judicial en el Supremo podría extenderse al resto de los créditos concedidos por el Gobierno para los otros programas de modernización militar.
A través de varios reales decretos, el Ejecutivo concedió un total de 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar, alguno de los cuales se adjudicó a la propia Santa Bárbara (el de actualización de los blindados Pizarro).
En este contexto, Indra, EM&E, Telefónica y el grupo Oesía -todas ellas receptoras de distintos préstamos públicos para prefinanciar la ejecución de programas de modernización militar- se personaron como codemandadas en el marco del proceso judicial iniciado por Santa Bárbara Sistemas en el Supremo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha denegado la petición de Santa Bárbara. "Si tales documentos resultan relevantes para la decisión del litigio no pueden ocultarse a determinadas partes personadas en este procedimiento y, desde luego, no resulta conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva la extravagante petición de que se dé traslado a determinadas partes personadas de extractos o partes de los escritos que presenta", apunta el auto emitido el pasado 18 de febrero por el Tribunal Supremo.
La filial de General Dynamics solicitó en su recurso que se restringiese a un número limitado de personas el acceso a determinados documentos (una persona física de cada una de las partes y sus respectos abogados y procuradores), dado que contenían información con "relevancia empresarial".
Esta es la segunda petición de Santa Bárbara que el Supremo rechaza en el marco de este recurso contencioso-administrativo, puesto que también denegó su solicitud para intentar acelerar el proceso en el pasado periodo navideño. En concreto, el Supremo rechazó habilitar el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas en relación con los mencionados préstamos.
De hecho, el Supremo todavía debe resolver la solicitud de medidas cautelares sobre los 3.000 millones de euros en préstamos públicos planteada por Santa Bárbara Sistemas.
Vía administrativa
En el marco de la batalla legal de Santa Bárbara, el proceso en el Supremo se produce en paralelo a la tramitación de un recurso de alzada contra la adjudicación misma de los contratos de artillería, cuyo importe asciende a 7.240 millones de euros.
Sin embargo, la semana pasada, el Ministerio de Defensa rechazó aplicar las medidas cautelares solicitadas por Santa Bárbara contra los contratos de artillería, según informaron a EXPANSIÓN fuentes conocedoras de la situación.
La filial española de General Dynamics presentó el pasado 22 de enero ante la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa del Ministerio de Defensa un recurso de alzada en el que solicitaba la anulación de las resoluciones de adjudicación de los contratos de artillería sobre ruedas y cadenas.
Si bien la cartera que dirige Margarita Robles tiene 90 días para resolver el recurso de alzada contra los contratos -hasta el 22 de abril-, el Ministerio de Defensa debía realizar una primera respuesta en el plazo de un mes. En caso de que se hubiese producido un silencio administrativo, las medidas cautelares solicitadas se darían por aceptadas, sin embargo, la respuesta ha sido negativa.
No obstante, "la decisión de no suspender cautelarmente las adjudicaciones no prejuzga en modo alguno el examen de fondo del recurso de alzada presentado por Santa Bárbara Sistemas solicitando la nulidad de las adjudicaciones", recoge la resolución del Ministerio de Defensa.
La decisión final de Defensa deberá adoptarse tras examinar los argumentos de las partes y, en particular, la posición de la propia Santa Bárbara Sistemas, que, en todo caso, sería revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa.
De este modo, Santa Bárbara Sistemas interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la adjudicación de los mencionados contratos en caso de que Defensa desestime finalmente sus aspiraciones.
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