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Se trata de un procedimiento conjunto para seleccionar proveedores durante un plazo de tres años. El valor estimado del contrato podría llegar a alcanzar los 1.000 millones si hay prórrogas.
Las universidades redoblan su apuesta por las compras conjuntas. Siete instituciones académicas catalanas acaban de sacar a concurso los centros de procesamiento de datos (CPD) y los controles de accesos y aforos durante tres años.
Es un procedimiento conjunto que permite ganar eficiencia gracias a las economías de escala. No es una licitción al uso sino un sistema dinámico de contratación. Por esta razón, el presupuesto no supone una obligación de gasto y la cuantía puede incrementarse o reducirse en función de las necesidades de las facultades y centros de investigación que participan en el proceso.
Sí que hay una cantidad aproximada del importe: 424,7 millones de euros con IVA durante tres años aunque, incluyendo las prórrogas, el gasto podría llegar a alcanzar los 1.000 millones de euros.
Una de las novedades de la licitación es que abarca diferentes ámbitos. En 2020, tras el estallido del Covid-19, las universidades decidieron apostar por un mecanismo consorciado a la hora de implantar sistemas para controlar sus accesos y también los aforos, así como la gestión de las colas.
Este contrato se ha prorrogado ya en varias ocasiones y no puede alargarse. Como las universidades participantes están satisfechas con la experiencia, han decidido incorporar centros de datos, sistemas de monitorización y sensores ambientales.
Así lo recoge en los pliegos el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que es quien está tramitando el procedimiento. Se trata de una entidad que impulsó la Generalitat y que forma parte del sector público catalán, donde confluyen universidades con diferentes modelos de gestión: pública, privada o de titularidad pública pero de gestión privada.
Los proveedores interesados tiene de plazo hasta el día 23 de este mes para presentarse. El contrato incluye el suministro de ordenadores y servidores, así como labores de asesoramiento, instalación, mantenimiento y configuración. También incorpora cuadros eléctricos, sistemas de alimentación, instalación de cableado, equipos de refrigeración y ventilación, lectores de tarjetas, puertas de seguridad, cámaras de videovigilancia, alarmas y sistemas de control industrial, entre otros elementos.
Cada universidad decide sumarse a las compras conjuntas del CSUC, y el proceso también se abre a otras entidades públicas y de otras autonomías. En este contrato, participan seis universidades catalanas de gestión pública: la Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Lleida (UdL), Girona (UdG) y Rovira i Virgili (URV).
A todas ellas, se suman el propio CSUC, la Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y la Oberta de Catalunya (UOC), pública pero de gestión privada a través de una fundación.
Energía
Las universidades también compran conjuntamente licencias informáticas o energía. Este último contrato es el más importante de todos los que este año prevé adjudicar el sector público catalán: 416 millones entre 2027 y 2031.
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