La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este lunes que es "imprescindible" que los menores que permanecen en Ceuta sean trasladados a la Península ante la presión que soporta el sistema de protección de la ciudad autónoma tras la crisis del pasado 30 de julio.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis, Rego ha situado el traslado de los menores como una de las principales vías para "destensionar" la situación en la ciudad y, al mismo tiempo, "garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y niñas". Según la ministra, los procedimientos administrativos que afectan a los menores se pueden "continuar perfectamente desde cualquier punto de nuestro país".
Una posición que contrasta con las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera aparición pública en un mes, en donde ha descartado trasladar a la Península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio, aunque no ha aclarado si su rechazo se refería también a los menores.
Sánchez ha destacado que "en los próximos días" la ciudad tendrá "capacidad suficiente" para alojarlos una vez habilitadas 6.000 plazas. Pero en el caso de los menores, su traslado o devolución está sujeto a que se determine previamente si existe una familia que pueda hacerse cargo de ellos con garantías.
La cifra de niños y niñas que todavía permanecen en los centros dependientes del sistema de protección de Ceuta es de 1.478, según la ministra. Una situación para la que, desde su cartera, se han planteado diferentes mecanismos para descongestionar la red de acogida. Entre ellos, Rego ha defendido los traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación, que permitirían ofertar "de manera inmediata" alrededor de 500 plazas en la Península, gestionadas por entidades especializadas y manteniendo la tutela de los menores en manos de la ciudad autónoma.
Rego, también ha señalado el acogimiento familiar como otra de las vías posibles y ha apelado al artículo 35 de la Ley de Extranjería que, tras su reforma, establece un mecanismo de distribución de los menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas cuando un territorio supera su capacidad de acogida. De esta forma, el reparto no queda sujeto únicamente a la voluntad de las comunidades, sino que existe una obligación de asumir a los menores en los términos previstos por la normativa.
La ministra ha explicado que el Gobierno está trabajando además con un cambio en el perfil de los menores que han llegado a la ciudad. Según sus datos, han sido identificadas 700 niñas y alrededor de 300 se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Y, ante esta situación, ha asegurado que el Ministerio ha actuado "basándose en la normativa jurídica vigente".
"Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo y es materialmente imposible", ha afirmado, además de insistir en que los ceutíes no pueden ser los únicos responsables de la atención a los menores, a pesar de que la frontera se encuentre en la ciudad autónoma, ya que "la infancia es un asunto del país".
"Primero hay que investigar"
A su vez, Rego ha defendido la necesidad de estudiar individualmente la situación de cada menor antes de plantear cualquier retorno. "Es de sentido común que un niño esté con su familia, pero primero hay que investigar", ha señalado, incidiendo también entre una reunificación familiar con garantías y una devolución colectiva. A su juicio, la primera "protege a la infancia", mientras que una expulsión colectiva "vulnera sus derechos".
"Las niñas y los niños no son invasores, son sujetos de derecho. Y los que han llegado solos a Ceuta son víctimas", ha proclamado la ministra, que ha rechazado cualquier discurso que presente a los menores como responsables de la crisis migratoria. "Señalar a un niño no es proteger una frontera".
Ante el clima de tensión en la ciudad y la reacción de parte de la población ceutí, la ministra también ha cargado contra los "grupos ultras" que, según ha denunciado, se han desplazado a Ceuta para "quemar y destruir las pocas pertenencias de las personas migrantes". Algo que, a su juicio, "no es defender Ceuta".
Para la ministra el "enfrentamiento partidista" y el "odio" en torno a la crisis "no resuelve una emergencia", y ha advertido de que no aceptará que "la infancia sea criminalizada" ni contribuirá a convertir la comisión en "una cámara de resonancia del racismo".
El Ministerio sostiene así que la solución pasa por aliviar la presión sobre el sistema de protección de Ceuta sin desvincular la tutela de la ciudad autónoma y garantizando que los expedientes de cada menor puedan continuar mientras son acogidos en otros territorios.