Pide al Ayuntamiento una alternativa habitacional asequible, ésa que no les ofrece el mercado inmobiliario malagueño
Regala esta noticia Añádenos en Google Soledad Troncoso, con su madre, María, el hermano, Ramón, su hijo, Álex, con Nico Sguiglia (Con Málaga), Micaela Jiménez (Podemos) y Pilar Usón (PAH). (Migue Fernández) 08/06/2026 a las 12:28h.Soledad Troncoso tiene 66 años y vive en la calle Mauricio Moro Paret junto con su madre, María, de 95 años, su hermano Ramón, que ... tiene 68 años, y su hijo, Álex, de 39 años. Llevan en esa vivienda de alquiler en los últimos 18 años. Siempre han pagado religiosamente la renta y todos los suministros. Ahora la mensualidad que abonan es del entorno de los 700 euros. Pero se tienen que marchar de la casa porque los propietarios, vulnerables también a su vez, necesitan la vivienda para ellos mismos, porque no viven en Málaga y quieren regresar a la ciudad.
Como explica Soledad, hace dos años comenzó el juicio hacia el desalojo. El bloqueo de los desahucios que conllevó el escudo social permitió que quedaran parados hasta que hace un mes aproximadamente decayera la medida en el Congreso de los Diputados. La familia tuvo la posibilidad de intervenir en el pasado pleno del Ayuntamiento de Málaga para contar su situación y pedir ayuda pública y el propio alcalde, Francisco de la Torre, se comprometió a echar una mano a la familia ofreciendo una alternativa.
«Yo no pido que me dé una vivienda gratis. Yo quiero pagarla. Podemos pagar 700 u 800 euros, pero es que yo no puedo justificar el resto de ingresos que me pide una inmobiliaria para alquilarme un piso en estos momentos», asegura la mujer, que afirma que en el mercado inmobiliario malagueño no hay viviendas a esos precios que se puedan permitir y que cuando van a las inmobiliarias, les piden contar ingresos tales que la renta mensual no se lleve más de un tercio de éstos. Así que, tal cual están los alquileres en Málaga, les requieren que cuenten con recursos mensuales de entre 3.000 y 4.000 euros: en definitiva, para un alquiler de 1.000 euros, la renta exigida a la familia inquilina es de 3.000.
Ayudas ineficaces
Su caso también ilustra cómo las ayudas públicas, tal cual están diseñadas, no sirven: el Instituto Municipal de la Vivienda ha concedido a la familia un apoyo en virtud del que durante cuatro años aporta hasta un 30% del montante del alquiler u otro que cubre las dos o tres primeras mensualidades. El problema está en que, para ser beneficiario de esa ayuda, hay que haber encontrado un piso. «Y es que esa vivienda no la encontramos. Además, las inmobiliarias no aceptan la ayuda, porque a veces esa prestación puede demorarse en llegar. A ello se suma que también a veces los seguros bloquean el tipo de inquilinos que se aceptan», continúa la mujer.
«No nos sirve que los servicios municipales digan que dan ayudas, porque hay cientos de personas con ayudas al alquiler que no van a ningún sitio, porque se las adjudican, pero no hay vivienda»
A la familia esta mañana ha respaldado Pilar Usón, de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca de Málaga (PAH), que ha manifestado que en el mercado «hay que poner límites» porque, ha incidido: «No puede ser que ellos, teniendo un sueldo y la intención de pagar, no encuentren una vivienda por 600 u 800 euros». «Los malagueños se están teniendo que ir de Málaga. A mí no me vale que se tengan que ir a un pueblo, porque Soledad tiene una madre con 95 años que necesita unos servicios médicos y ella tiene que venir a trabajar todos los días a Málaga. No nos sirve que los servicios municipales digan que dan ayudas, porque hay cientos de personas con ayudas al alquiler que no van a ningún sitio, porque se las adjudican, pero no hay vivienda».
También con la familia ha estado Nico Sguiglia, coportavoz del grupo municipal Con Málaga, que ha recordado que en el último pleno el alcalde se comprometió a que no iba a dejar sola a la familia: «Estamos aquí para decirle que el jueves se quedan en la calle. Esto no tendría que ocurrir: debido a la especulación, no tienen un acceso al alquiler. Exigimos que le den una alternativa habitacional. Ellos no están pidiendo caridad, están pidiendo una vivienda digna y asequible como tantas y tantas familias que se están quedando en la calle después de la caída del escudo social».
«Si no intervienen las administraciones, lo que les pasa a las familias es que se ven abocadas a la jungla del mercado inmobiliario. No encuentran alquiler asequible y se genera un tobogán hacia la exclusión y la desigualdad»
Sguiglia se refirió a que, desde que decayó el escudo social, hay cuatro o cinco casos de desahucio como el de la familia de Soledad a la semana: «Son las administraciones las que tienen que poner todos los medios para que esto no ocurra. Si en este caso no intervienen las administraciones, si no intervienen el alcalde y el Ayuntamiento de Málaga, el próximo jueves por la mañana no les va a quedar otra opción que irse a vivir a un coche. Y algo va muy mal en una sociedad que permite que una señora de 95 años, que una familia en general, tenga que vivir en un coche. Eso, en una ciudad opulenta, en una ciudad con presupuestos históricos, en una ciudad que presume ser la Málaga genial. La familia tiene unos ingresos de 1.800 euros y aún así les resulta imposible poder acceder a una vivienda digna en el mercado». Un mercado inmobiliario que Sguiglia calificó de «jungla», al que se enfrentan las familias sin apoyo administrativo, que pronto se ven lanzados a «un tobogán hacia la exclusión y la desigualdad».
El coportavoz de Con Málaga exigió, además de la intervención en el caso de Soledad y su familia, también la puesta en marcha de mecanismos de mediación que ayuden a las personas a encontrar vivienda digna y asequible. En concreto, su propuesta pasa por la creación de un servicio de intermediación que favorezca la salida al mercado de viviendas a precios razonables, además de mecanismos de inspección contra los abusos del mercado inmobiliario «porque muchas de las condiciones que a día de hoy están estableciendo las inmobiliarias son directamente ilegales, no cumplen con la normativa en cuanto a las condiciones draconianas que exigen a los inquilinos».
En caso de que a la familia no se le ofrezca de aquí al jueves una alternativa habitacional, se ha convocado una concentración para el próximo jueves por la mañana para tratar de evitar el desahucio.
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