El Gobierno británico reconoce por primera vez la responsabilidad del Estado en una práctica que el primer ministro definió como «una mancha en nuestra historia»
Regala esta noticia Añádenos en Google Starmer se reunió con víctimas de la trama. (AFP)Corresponsal. Londres
02/07/2026 a las 19:29h.La frase más repetida durante décadas por miles de mujeres británicas fue siempre la misma: «Yo no entregué a mi hijo. Me lo quitaron». Este ... jueves, después de años de campañas, investigaciones parlamentarias y testimonios de supervivientes, el Estado británico asumió por primera vez de forma inequívoca esa responsabilidad. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, compareció ante la Cámara de los Comunes para ofrecer una disculpa oficial por el sistema de adopciones forzosas que funcionó durante buena parte del periodo de posguerra y que provocó la separación de decenas de miles de madres solteras de sus bebés en Inglaterra y Gales.
En un discurso pronunciado ante diputados y con decenas de madres biológicas y personas adoptadas presentes en la tribuna pública, Starmer declaró que «lo que ocurrió con ellas, y con decenas de miles de madres, hijos y familias, nunca debería haber sucedido. Es una mancha en nuestra historia». La parte más emotiva de su intervención llegó al dirigirse directamente a las mujeres que durante décadas cargaron con el estigma social de haber «abandonado» a sus descendientes. «La vergüenza no es vuestra. La vergüenza nunca fue vuestra. La vergüenza es nuestra», asumió.
Varias mujeres rompieron a llorar mientras escuchaban la disculpa. Otras aplaudieron. Algunas llevaban más de medio siglo esperando escuchar esas palabras.
Entre 1949 y 1976
Las adopciones forzosas constituyen uno de los episodios menos conocidos de la historia social británica del siglo XX. Entre 1949 y 1976, aunque algunos casos continuaron posteriormente, alrededor de 185.000 niños fueron separados de sus madres biológicas, en su inmensa mayoría mujeres jóvenes, solteras y embarazadas fuera del matrimonio, que sufrieron presiones sistemáticas para renunciar a sus hijos.
Aquellas presiones no procedían únicamente del entorno familiar. El sistema implicaba a autoridades locales, hospitales públicos, trabajadores sociales, organizaciones benéficas e instituciones religiosas, incluidas entidades vinculadas a la Iglesia de Inglaterra. Muchas mujeres eran enviadas a los llamados «hogares para madres y bebés», donde permanecían aisladas durante el embarazo. Tras el parto, algunas ni siquiera pudieron sostener a sus hijos antes de que fueran entregados en adopción.
To all those affected by the appalling injustice of forced adoption, we are deeply and profoundly sorry.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 2, 2026
The shame is not yours. The shame was never yours. pic.twitter.com/TiWTumO7TN
Starmer reconoció expresamente esa dimensión estructural del problema. «Estas no fueron actuaciones aisladas ni accidentes. Fueron prácticas integradas en sistemas presentes en las autoridades locales, en organizaciones benéficas y religiosas y en los servicios sanitarios y sociales, incluidas partes de lo que hoy es el NHS (el Servicio Nacional de Salud)». El primer ministro añadió que todas aquellas instituciones «ejercieron un poder enorme sobre la vida de las personas» y lo hicieron «sin compasión, sin consentimiento y sin dignidad ni las debidas garantías».
«Muchas eran jóvenes, vulnerables y carecían de cualquier apoyo. Fueron coaccionadas, intimidadas o inducidas a creer que no tenían otra opción que dejar que les arrebataran a sus hijos», dijo, y añadió que «lamentamos profundamente lo ocurrido con las madres a quienes se dijo que no eran aptas para criar, a quienes se impidió cuidar de los niños que desesperadamente querían proteger y conservar, y que han cargado con esa pérdida durante décadas».
La disculpa llega tras una campaña desarrollada durante años por asociaciones como Movement for an Adoption Apology y Adult Adoptee Movement, que han insistido en que la narrativa oficial presentaba aquellas adopciones como decisiones voluntarias.
Starmer confirmó una dotación de cuatro millones de libras durante tres años para la reparación de las víctimas
El Comité de Educación del Parlamento, en un informe publicado el pasado marzo, sostiene que «las decisiones del Gobierno configuraron el entorno en el que las madres solteras eran con frecuencia avergonzadas y coaccionadas para entregar a sus hijos en adopción». El documento añade que el Estado desempeñó «un papel central al permitir y sostener las prácticas históricas de adopción forzosa» y recomendó reconocer formalmente esa responsabilidad para corregir el registro histórico, aliviar la carga de culpa soportada por madres y personas adoptadas y sentar las bases para una reparación significativa.
La investigación parlamentaria también recoge testimonios como el de la exdiputada laborista Ann Keen, quien relató ante los parlamentarios que tenía 18 años cuando su hijo fue dado en adopción en 1966 después de dar a luz en un hospital del NHS. También rechazó la idea, repetida durante décadas, de que aquellas mujeres hubieran renunciado voluntariamente a sus bebés. «Necesitamos esta disculpa porque siempre se nos acusó de haber entregado a nuestros hijos, y nosotras no los entregamos«.
«Demasiado tarde»
El Adult Adoptee Movement difundió una declaración en la que sostiene que el perdón representa «una corrección fundamental del relato histórico sobre las prácticas de adopción», y dice que «la medida real de esta disculpa no serán las palabras pronunciadas hoy, sino las acciones que se adopten mañana».
La plataforma Movement for an Adoption Apology, impulsora de la campaña que durante años reclamó una disculpa oficial, calificó el anuncio como «un paso positivo», aunque lamentó que llega «demasiado tarde para un número significativo de personas». La organización sostuvo que el reconocimiento oficial supone, por fin, admitir el sufrimiento de «los cientos de miles de madres que siguen viviendo con esa pérdida» y el «trauma de por vida» que arrastran las personas adoptadas.
El informe parlamentario advierte de que muchas víctimas consideran insuficientes las disculpas que no van acompañadas de medidas concretas de reparación, acceso a los archivos, atención psicológica especializada y apoyo para la reunificación familiar. Starmer confirmó una dotación de cuatro millones de libras durante tres años para estos fines.
También la Iglesia de Inglaterra reconoció su responsabilidad. En junio, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, pidió perdón públicamente a las víctimas y afirmó que habían sufrido «dolor, trauma, sufrimiento y miedo cuando deberían haber recibido cuidado y compasión».
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