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Ocho de cada diez empresas de América Latina sufren retrasos en los pagos de sus clientes, a pesar de que han endurecido las condiciones de crédito.
Ocho de cada diez empresas de América Latina están sufriendo retrasos en los pagos por parte de sus clientes, a pesar de que están endureciendo sus condiciones de crédito como respuesta a la incertidumbre que se ha instalado a nivel global tras la crisis desatada en Oriente Próximo como consecuencia de la guerra en Irán.
De hecho, según un reciente informe de Coface al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, las compañías de la región han reducido de forma sensible sus plazos de cobro, desde los 59 días de media en 2025, hasta los 56 días este año. Eso no ha impedido, no obstante, que los retrasos en los pagos hayan aumentado: un 79% de las empresas latinoamericanas ha denunciado ese tipo de retrasos este año; este porcentaje fue del 77% en 2025.
Coface prevé que el PIB (Producto Interior Bruto) latinoamericano crecerá apenas un 2% en 2026 y un 2,3% en 2027, tras haber avanzado un 2,5% en 2025. Este exiguo crecimiento refleja la incertidumbre económica global y la desaceleración de algunas exportaciones clave.
"Aunque América Latina se encuentre geográficamente lejos del conflicto y su exposición directa a los flujos comerciales es baja, no es inmune al impacto negativo de estos factores", señala el informe.
"Los importadores netos de energía, como Chile y Perú, se encuentran entre los países más vulnerables; no obstante, incluso los exportadores netos, como Argentina, Brasil, Colombia o Ecuador, afrontan presiones inflacionistas, principalmente, por el creciente precio de los combustibles", añade Coface.
Este contexto ejerce una creciente presión sobre la tesorería del entramado empresarial de la región, en un escenario de elevados costes de financiación y fuerte competencia.
Condiciones de pago
Este año, el 95% de las empresas de la región ha ofrecido facilidades de pago a sus clientes; se trata de un aumento significativo frente al 88 % en 2025. Brasil y Argentina tienen los plazos medios más largos (66 días), mientras que Perú registra los más cortos (43 días).
Desde una perspectiva sectorial, el sector de la madera es el más restrictivo, con un plazo medio de pago concedido de 40 días y todas las transacciones liquidadas en menos de 60 días. Los sectores automotriz y farmacéutico ofrecen, por su parte, los plazos más amplios, con un 25% y un 19% de sus transacciones, respectivamente, superando los 90 días.
Los retrasos están más extendidos y la proporción de empresas que se retrasan en sus obligaciones de pago es mayor en Brasil, Chile, Ecuador y Perú.
Sin embargo, la duración media de los retrasos ha caído a 33 días, desde 42 días en 2025, lo que sugiere prácticas de cobro más eficaces. A nivel país, Perú registra los retrasos más cortos (24 días), mientras que Ecuador presenta los más largos (44 días).
La principal razón citada por las empresas que han participado en el estudio para los retrasos en los pagos son los impagos experimentados por los clientes (63%). A esto se suman la debilidad de la demanda (29%) y la fuerte competencia (26%). Los altos costes de financiación (19%) también son una preocupación importante, especialmente en Brasil.
El informe destaca que las empresas utilizan principalmente seguros de crédito para protegerse de los retrasos en los pagos, seguidos de servicios para la recuperación de deudas. No obstante, un 21% asegura que no utiliza ningún tipo de cobertura.
Perspectivas
En cuanto a las perspectivas de futuro, un tercio de las empresas de América Latina confía en mejorar su desempeño en 2026.
Sin embargo, persisten riesgos significativos, entre ellos una desaceleración económica (mencionada por el 24%), la fuerte competencia (21%), las tensiones geopolíticas (13%) y la volatilidad del tipo de cambio (8%). Los elevados tipos de interés y costes de financiación también se identifican como un riesgo relevante (7%).
La política de aranceles impuesta por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo es citada como riesgo por el 3% de las compañías consultadas.
Los costes laborales tampoco preocupan a los empresarios de la región (solo los cita un 5%), salvo a los colombianos.
El Gobierno del presidente saliente, el izquierdista Gustavo Petro, ha elevado este año el salario mínimo en el país cerca de un 23%, lo que ha aumentado la presión sobre los costes laborales.
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