Los magenta rectifican su voto en contra a última hora y votan a favor de la norma, pero no fue suficiente para sacar el decreto adelante
Regala esta noticia Añádenos en Google Óscar López. (EFE.) 16/09/2026 Actualizado a las 19:27h.La sangre no llegó al río entre PSOE y Sumar este miércoles, y las formaciones votaron a favor del decreto que recogía la ley de ' ... lobbies'. Los magenta cambiaron de voto a última hora de la tarde, tras anunciar que votarían en contra de la norma por considerar a los sindicatos como grupos de interés, y finalmente sumaron su apoyo al PSOE. Eso sí, el giro 'in extremis' no logró salvar el decreto, que fue tumbado por el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y el UPN. Fuentes de Sumar avanzaron su negativa durante la jornada parlamentaria después de que el PSOE se negara a excluir a los sindicatos del ámbito de grupos de interés. «Se ha cometido un gravísimo error», llegó a denunciar el diputado Carlos Martín desde la tribuna durante el debate, al tiempo que tachó de «dislate el no proteger la tarea constitucional de los sindicatos», por considerarlos como 'lobbies'.
No obstante, la ley de 'lobbies' no salió adelante por la oposición de PP, Vox y Junts, y supondrá un duro revés a Pedro Sánchez, ya que de esta norma dependen hasta 1.500 millones de euros del último pago de los fondos europeos, y se corresponde con uno de los hitos comprometidos con Bruselas dentro del Plan de Recuperación. De hecho, en el ala socialista del Ejecutivo se mostraban seguros de que el decreto saldría adelante. «No hay un solo argumento racional en contra del texto», aseguraron fuentes del Gobierno a finales de agosto, pero finalmente se ganó el rechazo de gran parte de la Cámara Baja.
La propuesta tenía la finalidad de recoger quiénes sería considerados como grupos de interés, dejaría fijado en qué consistiría la actividad de influencia de estas entidades y quiénes estarían en condiciones de recibir esa influencia. Para ello se llevaría a cabo un registro estatal de 'lobbies' donde se tendrían que inscribir con el fin de vigilar y controlar las relaciones de estos grupos con las instituciones públicas. Lo cierto es que se trata de una norma en la que se ha insistido desde Bruselas y que el Gobierno insertó en su Plan de Acción por la Democracia, hace dos años y que nació a partir de los cinco días que se tomó el jefe del Ejecutivo tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez.
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