Más allá de que se investigue judicialmente una dimensión delictiva en José Luis Rodríguez Zapatero, Sumar admite que existe una incompatibilidad "ética" en sus actividades privadas y que eso obliga a una revisión de arriba abajo del estatuto que afecta a los ex presidentes del Gobierno. Y es lo que ha hecho el socio minoritario del Gobierno, que ha impulsado en el Congreso un cambio legal que, entre otras cuestiones, en el caso de aplicarse dejaría sin oficina y ciertos medios a Zapatero, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la portavoz parlamentaria del grupo en el Congreso, Verónica Barbero; y el diputado Enrique Santiago han presentado este miércoles en rueda de prensa en el Congreso una proposición de ley para avanzar en la "regeneración democrática, la transparencia y la rendición de cuentas" de quienes han ostentado la más alta dirección política del Estado, con el objetivo "blindar la ética pública" y cerrar las "puertas giratorias".
La medida de Sumar se impulsa en solitario y sin haber contado con el PSOE, aunque ahora se hace un llamamiento expreso al Partido Socialista para que apoye este cambio en la regulación de los ex presidentes.
La propuesta modifica hasta tres leyes con cuatro puntos destacados. Por un lado, se propone ampliar de dos a diez años la prohibición para que los ex presidentes trabajen en empresas privadas de sectores estratégicos tras el cese. Asimismo, se exige dedicación exclusiva a los ex presidentes que se incorporen al Consejo de Estado, no pudiendo trabajar en otras actividades.
Uno de los puntos fuertes de la propuesta es que si un ex presidente se dedica a una actividad privada lucrativa, aunque sea la vuelta a su trabajo anterior al cargo, implicará que se suspenda de forma inmediata y definitiva tanto la oficina, a la que ahora tienen derecho, como otros medios materiales para el funcionamiento de ésta o para sus comodidades personales. Es decir, personal eventual para a oficina, automóvil o conductores.
El disfrute de esto quedará condicionado a que "no desempeñe actividad privada lucrativa alguna, excepto actividades académicas, creativas o divulgativas", dice el texto. El ex presidente sólo podría conservar los servicios de seguridad para su protección. Este cambio afectaría de lleno a todos los ex presidentes González, Aznar, Zapatero y Rajoy.
Y eso sería por un motivo, porque el cuarto punto destacado de la proposición de ley es aplicar todas estas limitaciones forma retroactiva a todos los ex presidentes que utilicen recursos públicos o estén en el Consejo de Estado.
El impacto real para todos ellos sería la oficina, el personal, el coche y los conductores, pues tanto el cobro de la indemnización, que también se limita en la propuesta, así como la limitación a diez años de sus actividades en sectores estratégicos ya no operaría para González, Aznar y Zapatero, porque ha pasado ya ese marco temporal. Sí se podría ver afectado Rajoy, pero el ex presidente del PP volvió a su plaza de registrador de la propiedad y no entró en consejos de administración de grandes empresas.
"Es una propuesta que nos tiene que permitir avanzar en una mayor ética en el ejercicio de la función pública en nuestro país", ha destacado Urtasun, que ha proclamado que Sumar quiere "extirpar" determinadas prácticas que afectan a los ex presidentes. El ministro de Cultura admite que en el auto contra Zapatero hay "indicios preocupantes" que ahora tiene que dirimir la Justicia pero que hay una dimensión ética en ellos que empuja a abordar una actuación de una manera "imprescindible".
Santiago ha alertado de la importancia de abordar este asunto para evitar el tráfico de influencias. Además, ha avisado en alusión a Aznar y González de que "ha habido actuaciones realizadas por ex presidentes que han llamado soberanamente la atención y que quizás sean más graves que lo que estamos ahora conociendo en estos momentos respecto a los rescates de Plus Ultra".
Barbero ha defendido que esta nueva regulación se necesita para tener "reglas claras" y para eliminar "zonas grises" de modo que el interés general prevalezca sobre otros. Ya que a su juicio no se puede "normalizar que haya presidentes en empresas energéticas.
Sumar insta al PSOE a apoyar este texto aunque no haya contado con su socio para traer la iniciativa. "No entenderíamos la razón por la que el PSOE no entendiese la medida como necesaria", ha dicho Barbero.