Teruel Existe ha decidido que votará en contra de la próxima investidura de Jorge Azcón. Así lo ha anunciado su líder, Tomás Guitarte, quien marca como una línea roja en su ideario la inclusión de los postulados de Vox en cualquier acuerdo que propicie el nombramiento del nuevo presidente autonómico, lo cual resulta indispensable en el escenario establecido tras las elecciones del 8 de febrero.
De este modo, la formación provincialista votará en contra de la propuesta que presente el PP, "esté Vox dentro del Ejecutivo, fuera o de medio pensionista", tras haber propiciado con su voto en blanco el nombramiento de la 'popular' María Navarro como nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Además, Guitarte también ha rechazado formar parte de un Gobierno exclusivamente del PP, que sería aprobado con la abstención de los 14 diputados de la formación liderada por Santiago Abascal, ya que, a su juicio, abriría un proceso de "inestabilidad" similar al que desembocó en el reciente adelanto electoral.
Lo que no descarta Teruel Existe es dar su apoyo al próximo proyecto presupuestario de la comunidad, cuya aprobación fue marcada por Azcón como condición indispensable para la formación del nuevo Gobierno. Guitarte avisa de que venderá caro su apoyo, pero podría dar su visto bueno a algunas de las partidas recogidas en el proyecto presupuestario.
El líder de esta formación no esconde su "preocupación" por la "parálisis" en la que se ha instalado la región por culpa de la inestabilidad política de los últimos meses y señala que "es un error sustancial" que el desbloqueo de la misma se pacte entre las direcciones nacionales de PP y Vox en Madrid. "Si no se formaliza un gobierno rápido, el presupuesto de 2026 no se podrá aprobar en tiempo y forma, y llevaríamos ya dos años sin cuentas", ha criticado.
También se ha centrado Guitarte en denunciar la presunta trama de corrupción asociada a Forestalia y al Ministerio de Transición Ecológica, demandando la dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la creación de la Agencia Aragonesa de Anticorrupción, aprobada hace ocho años en el Parlamento autonómico.