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Juan Bernardo Fuentes (a la derecha), en el exterior de la sede judicial de la capital tinerfeña. EFE 'Tito Berni' cobraba sus servicios con champán Dom Pérignon y prostitutasLa investigación judicial detalla la operativa de la trama e incluye los detalles de una cena en Madrid que costó 11.800 euros
Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 13 de febrero 2026, 10:55 | Actualizado 11:01h.
... que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni' por sus servicios en el marco de la presunta trama de corrupción del llamado caso Mediador. Esos detalles aparecen en el informe que ha llevado a la jueza María Ángeles Lorenzo Cáceres a dar por finalizada la instrucción, quedando ahora pendiente que las partes emitan sus respectivos informes. Canarias7 ha accedido a los más de 300 folios que acompañan el auto de procedimiento abreviado que fue notificado este miércoles. En el mismo, se detallan los indicios que llevan a la jueza a mantener como investigadas a 23 personas.Al frente de la trama se encontrarían, por un lado, el ya exdiputado, su sobrino y exdirector de Ganadería del Gobierno canario Taishet Fuentes, y el general de la Guardia Civil —ya jubilado— Francisco Espinosa. Alrededor de ellos, en labores de intermediario con empresarios, aparece Marco Antonio Navarro Tacoronte, que trababa contacto con empresas que aspiraban un trato de favor por parte del Ejecutivo canario o de la Guardia Civil.
En el caso de Juan Bernardo Fuentes, la investigación señala que su papel se centraba en reunirse con los empresarios, preferentemente en Madrid, en encuentros que habitualmente eran en forma de almuerzos o cenas. La factura de esas comidas las pagaban los empresarios y el importe variaba en función del nivel de ingresos del empresario a incluir en la trama.
Además, detalla la investigación, entre las preferencias del entonces diputado estaba el champán Dom Pérignon. Muchos de los encuentros terminaban con veladas con mujeres prostituidas. El intermediario Navarro Tacoronte, cuyo trabajo dio nombre al caso Mediador, contactaba con ellas y fijaba las tarifas, llegando a los 300 euros la hora.
«Toda gestión a realizar por Curbelo», se afirma en el escrito judicial, «representa un pago obligatorio por los empresarios a través del Mediador». Algunos de los pagos se hacían a cuentas de Navarro Tacoronte o personas de su entorno y otros a una entidad deportiva majorera al frente de la que estaba 'Tito Berni'.
Cena y fiesta en Madrid
El 13 de abril de 2021, el exparlamentario socialista se reunió con el empresario también investigado Maximiliano Poveda, que estaba interesado en ampliar a Canarias su catálogo de negocios. El Mediador gestionó para esa cita «una comida especial», que incluyó un reservado en el restaurante madrileño Carmela, «un grupo de chicas que exige el Mediador que sea de lo mejor y que simulen ser misses y las que se pagará 300 euros / hora».
El encargado del restaurante declaró durante la investigación que hubo descorche de «botellas de champán francés de alta gama como Dom Pérignon y caros destilados que pedía el diputado».
El empresario acabó pagando 11.800 euros. Además, Maximiliano Poveda declaró en sede judicial que se le pidió un ingreso «a modo de donación para el club de fútbol Vega de Tetir de 5.000 euros, al igual que ocurrió con los empresarios Bautista, Montesdeoca, Esteban Banús e Inmaculada Roca y José Suárez Estévez», todos ellos también investigados.
Aquella cena, prosigue el relato judicial, «acaba con siete chicas de compañía en el reservado, extremo habitual entre ellos». En ese encuentro, Juan Bernardo Fuentes invitó al empresario a acudir al día siguiente al Congreso, donde, «en agradecimiento a su regalo, le recibirá personalmente», todo ello recogido en fotos que Navarro Tacoronte guardó en sus móviles.
El empresario, prosigue el informe judicial, que pagó la cuenta del restaurante «sabía que debía de antemano 'pagar' por obtener el respaldo del diputado Curbelo y por la información privilegiada y gestiones en Canarias» que vendrían de su mano. En concreto se trataba de la contratación de conciertos musicales con la empresa Novum.
Los 23 investigados
El auto declara procesados por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública, estafa y falsedad a Marco Antonio Navarro Tacoronte, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez y Francisco Espinosa Navas.
También a los empresarios Antonio Bautista Prado, Raúl Gómez Rojo, Miguel Ángel Robayna García, María Inmaculada Roca Enrich, Esteban Banús Ricoma, José Santiago Suárez Esteve, Marta Isabel Suárez Cueva, Arantxa Suárez Cueva, Maximiliano Miguel Poveda Sierra y Alberto Montesdeoca García. Este último es sospechoso, además, de haber cometido un fraude a la Hacienda Pública. Asimismo, procesa por prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y malversación de caudales públicos Álvaro de la Bárcena Argany, José Domingo Fernández Herrera, Estefanía Margarita González Núñez (jefa de servicio en la Consejería de Agricultura), Bienvenida Reyes Ojeda (exsecretaria general de la Consejería de Agricultura), y María Loreto Fuertes Díaz (funcionaria que fue miembro del Comité de Valoración de Subvenciones de la Consejería de Agricultura).
Finalmente, aprecia indicios de blanqueo de capitales en la actuación de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el empresario Miguel Ángel Robayna García, Irene Megolla Pérez (pareja del Mediador), Rubén Fuentes Pérez, Celedonio Castro Marrero y Cristian Mauricio Lillo Meza.
Favores para empresas de drones, leche Sandra, quesos y placas solares
La pieza principal del caso Mediador incluye entre los 23 investigados tanto a quienes estaban en el ámbito político e institucional y que teóricamente iban a hacer favores, como los empresarios que se acercaban a ellos y accedían a pagos. En este último grupo hay empresas de muy variados servicios.
La dinámica de trabajo consistía preferentemente en buscar mercantiles del sector ganadero que tuviesen problemas con expedientes en tramitación en el Gobierno para ofrecerles ayuda, pero también aparecen una empresa de drones, otra que aspiraba a poner placas fotovoltaicas en instalaciones agrarias y MEC, que comercializa la marca Leche Sandra y que presentó, presuntamente, un amplio listado de favores a conseguir.
Con todas ellas la dinámica fue la misma: hacían pagos, iba pasando el tiempo y casi ninguna de sus peticiones se hicieron realidad. Quien sí lo consiguió fue el ganadero tinerfeño Alberto Montesdeoca. La tramitación de su expediente ha derivado en la inclusión como investigados del que fuera viceconsejero Álvaro Argany y varios cargos de la consejería autonómica del sector primario. Los hechos se produjeron en la pasada legislatura y en su día el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres anunció que había abierto una investigación interna, pero cuyas conclusiones nunca se conocieron.
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